OPINIÓN
Matagalpa, infamia sandinista: Daniel Ortega, vulgar criminal con poder
Serendipity, por Benjamín Mora Gómez //
Ante un mal gobernante, el silencio es de cobardes. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es ruin y criminal, ejemplo de la mayor bajeza a la que se puede llegar desde el poder político. Daniel Ortega es vulgar y pendenciero. Su esposa y vicepresidente de Nicaragua, Rosario María Murillo Zambrana es de igual o peor ralea.
Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, fue detenido, junto con cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, por orden del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. El pueblo y la Iglesia Católica nicaragüense son, desde hace tiempo, perseguidos y violentados buscando callar sus posturas humanitarias, de justicia y caridad; hoy, millones de voces en el mundo se elevan exigiendo la libertad de monseñor Álvarez Lagos y los demás detenidos, el cese de esta persecución religiosa y la reconsideración de los gobiernos nacionales de sus relaciones con el dictador Ortega. En México, sabemos que el presidente López Obrador, su gobierno y muchos de su Cuarta Transformación son sandinistas de corazón y que voltearán sus ojos hacia otro lado de forma cobarde o un tanto criminal. Marcelo Ebrard nos dirá de qué está hecho y si merece contener por la presidencia.
Este lunes, 22 de agosto, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, y es el mejor momento para asumir una postura ante la infamia de Daniel Ortega.
El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta ha calificado de aberrantes los hechos en contra de monseñor Álvarez Lagos; por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos hizo un «llamado firme a parar la represión» en Nicaragua, en contra de los representantes de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación.
Lo mismo ha sucedido en Estados Unidos, Perú, España y la propia Organización de las Naciones Unidas. Llama la atención el silencio del Papa Francisco, quien es severamente criticado en medios masivos del todo el mundo. Espero que pronto entendamos sus razones.
Existen, sí, diferencias de tiempo atrás entre la Iglesia Católica y el presidente Ortega. Recordamos que, en 2018, una reforma de Ortega al sistema de salud y de pensiones nicaragüenses, desató protestas sociales que fueron ferozmente reprimidas al punto de provocar numerosos muertos. La Iglesia Católica no solo denunció la represión, sino que dio refugio en sus templos a manifestantes. Más tarde, en 2019, en medio de ataques a templos, el obispo auxiliar de Managua, José Báez -un severo crítico del régimen sandinista- debió refugiarse en Roma. En marzo, el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Waldemar Somertag, fue virtualmente expulsado por el gobierno. Daniel Ortega ha acusado de lavado de dinero a organizaciones de la sociedad civil humanitarias y grupos caritativos; y a las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa les la impedido la celebración de misas dentro de sus templos.
La distancia entre la Ciudad de México y Managua es de 2,162 kilómetros, pero la distancia entre los estilos de López Obrador y Ortega es tan cercana como el espacio que hay en un abrazo fraterno casi concupiscente. Sus gustos dictatoriales y represivos los hermanan y comprometen.
Ortega acusa a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de lavar dinero; López Obrador las acusa de mal uso del dinero público que recibían desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) vía subsidios, concursables y etiquetados para fines tan claros como: 1) Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud; 2) Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria; 3) Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género y 4) Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de OSC y otros Actores de la Sociedad. Esto no gustó a López Obrador y por ello ordenó, desde su primer día de gobierno, segregar a las OSC de todo plan de gobierno.
Fui responsable del Indesol en Jalisco y sé de qué hablo y por qué denuncio. Uno de los temas más controversiales que apoyé fue el de “promover la participación ciudadana hacia la mejora en la calidad de las políticas y acciones públicas y de gobierno al incorporar nuevos sujetos en las redes de políticas públicas y aumentar el nivel de información disponible para su identificación, formulación, ejecución y evaluación, a partir de consensos sociales y la legitimidad de las decisiones de gobierno”.
Esto asustó a muchos en aquel momento y causó temor en López Obrador. La vertebración de la sociedad civil no le va bien a las dictaduras; tampoco el respeto a la diversidad ideológica y menos aun el subsidiar cursos de sensibilización y/o campañas sobre la importancia de la cultura de la denuncia, desnaturalizando actitudes pasivas ante actos abusivos de cualquier origen, incluido al gobernante.
A López Obrador le enferma la construcción de ciudadanía sustentada así como su participación en lo público y de gobierno sobre el destino de su comunidad y de su entorno ambiental; le enerva que intervenga en la dación de leyes que orienten y acoten el actuar del gobernante a partir de la voluntad del pueblo que cobra forma en las obligaciones mejor acotadas del servidor público, y que garantiza el dominio anónimo de las leyes al consolidar y profundizar la democracia participativa, la cohesión y el capital social, la equidad y la igualdad sustantiva de género, y la participación y el encuentro de ideas e iniciativas.
López Obrador y Ortega son tan iguales que se recrean en la violencia en contra de la Iglesia Católica. Sabemos que en varios estados, Jalisco es uno de ellos, se exige pago por el derecho de piso de las fiestas patronales, de las limosnas y muchas otras formas de agresión. Sabemos que los asesinatos de los jesuitas en Chihuahua sigue impune. No hay interés ni voluntad.
A López Obrador le va mal toda experiencia pasada en contra del hambre, aun cuando hoy la inflación ponga a millones de mexicanos al borde de la malnutrición y desnutrición, empobrecidos por sus políticas económicas erroneas. Valdría replantear la Cruzada Nacional contra el Hambre que incluía los principios de Hambre Cero del expresidente Lula Da Silva, de Brasil y que toma como bandera el Partido del Trabajo sin una idea clara de lo que habla. Es solo grilla barata y perversa.
Hoy, que la violencia desde los grupos delincuenciales tienen a México en la Antesala del Terrorismo, recuerdo que desde Indesol apoyamos proyectos sociales en los polígonos con mayor violencia y presencia de la delincuencia, en coordinación con otras dependencias y entidades, así como con otros órdenes de gobierno. Hoy eso ya no existe por orden del presidente López Obrador.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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