OPINIÓN
Morena: Aprender a vivir en democracia e institucionalidad
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Finalmente, el pasado sábado Morena Jalisco a través de su Consejo Político se constituyó en asamblea y eligió a su primera presidenta y a su Comité Directivo, producto de acuerdos y negociaciones, operado desde la presidencia nacional que encarna Mario Delgado.
El camino para llegar a un consejo de 200 miembros (100 mujeres y 100 masculinos) tuvo que pasar por un proceso de elección abierta en cada uno de los 20 distritos en que se divide el Estado, anulándose en dos de ellos por irregularidades graves, como sucedió en el 10 de Zapopan y el 16 de Tlaquepaque, donde se repitieron las elecciones.
Ya constituido el consejo de 200 miembros con derecho a voz y voto se procedió a la elección de presidenta (tenía en forma obligada que ser mujer de acuerdo al sorteo que se hizo en 32 entidades para dar cumplimiento a la equidad de género y a Jalisco le tocó mujer).
La elección no se dejó suelta, se cuidó desde la Ciudad de México en el entendido que ninguno de los grupos tenían mayoría en este consejo (Carlos Lomelí, Alejandro Peña, Chema Martínez, el Grupo Vallarta y otros liderazgos individuales). Y así fue como por indicaciones de Mario Delgado se buscó consenso para que la candidata fuera la ex diputada federal Katia Alejandra Castillo Lozano, oriunda de El Salto y quien fuera compañera en la pasada legislatura federal del propio dirigente nacional de Morena.
¿Por qué Katia Castillo si tenía poca relación con la base de Morena y alejada de los grupos locales? Creo que esto último fue determinante, por un lado, no estar marcada con algún grupo de interés de aquí y por otro lado haber coordinado en Jalisco el proceso de la Consulta de Revocación de Mandato del Presidente López Obrador.
Hay que recordar que para la organización de la consulta referida se conformó una asociación a nivel nacional que se denominó “Que siga la democracia A.C.”, en la que Katia formaba parte de la mesa directiva y era una de las seis grandes responsables a nivel nacional, como nos lo recuerda nuestro amigo y colega periodista Mario Ávila, trabajo al que se integraron 454 militantes e integrantes de la asociación civil.
LOS ACUERDOS
Lo que provocó Mario Delgado en Jalisco es de llamar la atención, generar que los principales liderazgos de grupos se unieran en un Estado donde los morenos han estado muy divididos, tanto que desde que le cortaron la vida al primer presidente de Morena, Humberto Ortiz, hace más de una década, no habían podido elegir a un presidente, por lo que se tenía que estar enviando delegados desde la capital del país.
Mario Delgado construyó los acuerdos y logró que se unieran para apoyar a la nueva presidenta Carlos Lomelí, Alejandro Peña, Favio Castellanos, el profesor Michel, Salvador Llamas y Bruno Blancas, y así se hizo la mayoría.
Los diputados Chema Martínez y el profesor Tomás Vázquez Vigil junto con Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, la jugaron en contra, estaban en todo su derecho y así fue como se lograron los votos para Katia. La perdedora fue Marcela Michel, regidora de Morena en Tlajomulco a quien embarcaron Chema Martínez y compañía, distanciándose ésta del doctor Carlos Lomelí, quien había sido uno de sus promotores.
De las figuras preponderantes de Morena en Jalisco el que logra tener muy buen resultado es el Carlos Lomelí, al ser designado presidente del Consejo Político de Morena y lo pone en primer lugar para jugar la carrera a la gubernatura de Jalisco 2024.
VIVIR LA INSTITUCIONALIDAD
Lomelí jugó muy bien, al entender el valor de construcción de acuerdos que es un elemento fundamental en la política, porque finalmente se trata de sumar, no de restar. Entendió el juego de Mario Delgado y facilitó la elección a favor de Katia Castillo, quien llega ligera de equipaje, sin compromisos con los grupos locales, lo que le permitirá la construcción de un partido en el que todos tengan juego.
Está claro que hay dos grupos locales definidos: Por un lado el de Carlos Lomelí y por el otro el de Chema Martínez.
¿Qué pasó con Chema Martínez que le entiende muy bien a la política? ¿Busca crear la disidencia en Morena Jalisco? ¿Contó mal sus canicas?
No lo sabemos, pero el mensaje que deja este proceso interno de Morena es que por fin podrán entrar a la ruta de convertir al partido en un ente institucional, que aprendan a vivir los procesos democráticos, que acepten los resultados. El Consejo Político funcionó, independientemente de los alegatos que tengan Marcela Michel y Carlos Palacios -que le disputó a Lomelí la presidencia del consejo-. Que hubo línea del Centro para impulsar a Katia Castillo, así fue, sin embargo, en una reflexión serena, creo que no había mejor alternativa pensando en el futuro de Morena y en el 2024 en el que deben estar unidos.
La tarea de Katia Castillo ahora será el construir esa unidad, jalar a Marcela Michel y a Carlos Palacios, que son gente valiosa y que ahora deben integrarse para configurar lo que vendrá en el 2024. Morena empieza a transitar en lo que es un partido institucional; tiene en Jalisco decenas de miles de seguidores.
Que Movimiento Ciudadano no crea que las elecciones del 2024 las tiene ganadas de antemano. Dependerá de Katia Castillo y los liderazgos, ya que este desafío requerirá trabajar en unidad.
¿Serán capaces de unirse o se repetirá la historia que un moreno es el lobo de otro moreno?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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