OPINIÓN
La 4T busca una democracia más barata; reforma electoral podría permitir ahorro de 24 mmdp al año: Cecilia Márquez
Por Mario Ávila //
Con el ánimo de cumplir un doble objetivo, avanzar en la democracia y lograr ahorros significativos en el gasto público que podrían llegar a los 24 mil millones de pesos anuales, el Poder Legislativo Federal se ha echado a cuestas la tarea de sacar adelante, prácticamente de la mano, la Reforma Electoral y el Presupuesto de Egresos para el 2023.
De ello habló la diputada federal jalisciense por Morena, Cecilia Márquez Alkadef, quien aseguró que todas las voces han sido escuchadas ya en más de 60 foros y ya se definen en comisiones los términos del dictamen en el que se presentará al pleno de la Cámara de Diputados, admitiendo que se tiene un plan A con reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y un plan B para reformar solo leyes secundarias.
Particularmente la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El nuevo órgano electoral tendría siete consejeros en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además, propone que sean electos por voto popular, al igual que los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Con la creación del INEC desaparecerían también los institutos estatales electorales y el nuevo órgano se encargaría de la organización de comicios, federales, estatales y municipales.
Según refiere la integrante de la LXV Legislatura Federal, Cecilia Márquez, “en general se hicieron más de 60 reuniones con diferentes actores interesados en el tema, asociaciones civiles, abogados electorales, magistrados, órganos descentralizados y también hablaron los Organismos Públicos Locales (OPL), que también para nosotros es importante escuchar su postura”.
Ahí aparentemente -dijo-, quedaría saldado el compromiso de escuchar a las partes interesadas, pero no, también se le ha dado voz a todas las fuerzas políticas y una de las intencionalidades era que aquellas propuestas que durante muchos años se impulsaban por algunos partidos políticos y nunca avanzaron, hoy fueron incluidas en la propuesta y se les escuchó a todos.
Sé que para algunos -abundó-, no basta el tiempo de la discusión, pero nosotros hemos dicho que siempre estarán abiertas las puertas del Congreso para escuchar todas las posturas, esta es una primera intención a una gran modificación a la Ley Electoral, que le de certeza a los mexicanos que su voto va a ser respetado, pero que también No sea una democracia tan cara.
Incluso admitió Márquez Alkadef, que hay muchas voces que dicen que bueno, sí es cara pero es democracia al fin, “pues puede ser más económica y seguir siendo democracia, pero sobre todo, que no se siga desperdigando el recurso con decisiones como el hecho de que desaparezcan algunas diputaciones plurinominales, algunos senadores, que desparezcan también los órganos electorales de los estados, nos va a permitir fortalecer a las entidades y también las democracias de cada entidad”.
TRANSFORMACIÓN DEL INE, AL INEC
“Nosotros, sí queremos al INE, pero queremos un INE más justo y que se respete en todos los sentidos el voto de los mexicanos”, expuso la legisladora Cecilia Márquez Alkadef, integrante de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Juventud y Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, tras recordar que la transformación que se pretende es que el Instituto Nacional Electoral (INE), pase a convertirse en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Detalló que ya están en las comisiones votándose, la iniciativa en los términos en los que se habrá de presentar, “hay algunas reservas de los otros partidos y estamos en la mejor disposición de que se escuchen a todas las fuerzas políticas de este país”.
Sobre los tiempos perentorios que tienen marcados para la aprobación de la nueva Ley Electoral, la diputada de Morena expuso: “Sí hay tiempos fatales desde luego, pero ahorita acuérdate que estamos justo en el trabajo más intenso que tenemos en la Cámara, no solo la Reforma Electoral sino también la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2023 y ese también es un factor importante para la reforma, es decir dependerá del factor de egresos para que las modificaciones tengan aplicación de inmediato en el tema electoral, es decir, los resultados de la Ley Electoral, impactarán drásticamente en el Presupuesto de Egresos para el año 2023”.
Sobre las partes de la reforma que a ella le han llamado más la atención por la trascendencia que tendrán, dejó en claro que la más necesaria “es que el pueblo elija a sus representantes, que no sea parte de una idea cupular, sino que cada uno de los mexicanos pueda opinar sobre quién quiere que lo represente en los diferentes puestos políticos.
“La forma que se sugiere para la elección de candidatos al interior de los partidos políticos, porque de esta forma los mexicanos tendrán a un representante que realmente conozcan y que realmente quieran que los represente.
“Es decir, los candidatos de los partidos, que sean elegidos por la vía del conocimiento de la población, no solo por la ocurrencia de algún líder de algún partido político, que tenga la gente conocimiento de quién lo va a representar. Una especie de filtro previo a las designaciones de las candidaturas ya que de esa forma se habrá de tener representación real de los ciudadanos”.
Otra propuesta relevante -sentenció-, me parece que es el recorte presupuestal que tiene que ver con que no existan órganos electorales estatales, que todo se concentre en el INEC que sería el encargado de organizar también las elecciones estatales, ya que hoy día hay duplicidad de actividades y se repiten funciones.
Sobre las propuestas que anteriormente los partidos políticos planteaban, dependiendo de quién estuviera en el poder y quién fuera la primera minoría y que hoy se han retomado, destaca Cecilia Márquez, la reducción de los legisladores plurinominales federales, tanto diputados como senadores.
Y abundó: “Otra de las propuestas que también nosotros estamos considerando, tiene que ver con la redistritación en el país, no en base al número de población, sino al número de votantes”.
Finalizó diciendo que “una de las cosas más importantes es que se realizaron más de 60 foros, lo que habla de la realización de un trabajo intenso para escuchar todas las voces de los interesados en el tema, fueron foros que iniciaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche, en donde estuvieron presentes la academia, los colegios de abogados, los magistrados, los mismos interesados de los órganos electorales estatales, los consejeros y los diputados de todas las fuerzas políticas”.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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