OPINIÓN
Requiere INE una reforma electoral: Catastrofismo opositor con motivo del plan B
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Hace unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A. En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia: disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE), supresión de los Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales), eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc.
Algunas encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas; pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias, solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.
La reforma electoral en su formato de plan B, ha recibido embates de toda índole, mismos que mañosamente, se hacen constar en la defensa de la democracia, la intocabilidad del INE, la del voto, la libertad de expresión y otras ideas que se han esgrimido recientemente; el efecto es que a la sociedad en general se le ha convulsionado sin mayor razón, ya que ninguno de esos planteamientos ha disminuido ni puesto en riesgo la vida nacional.
Pero la obcecada actitud de los opositores a la administración federal, denominada como la Cuatro T, los ha hecho caer en posiciones de teatral catastrofismo, siendo los más destacados en tal postura, la politóloga Denise Dresser y los aún consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, (Eduardo Huchim, exconsejero electoral, en el Programa Largo Aliento con Sabina Bergman, Canal 14 TV 9-3-023). A esos comentócratas, se les agregan bastantes en los Estados y sobre todo, muchísimos opinólogos insertos en los diarios “nacionales”: para todos ellos, símbolos de la derecha, es un “puñal en el corazón de la democracia”.
Esa forma de actuar, mas que catastrofismo, tiene tintes apocalípticos, como si la aprobación de esas reformas, verificadas con estricto apego a las leyes, fuese a ser el fin del mundo, asegura el distinguido investigador de sociología de la religión, (exconsejero electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco) lo cual, desde luego, está lejos de la realidad.
Esos fatalistas, han tejido una red de “falacias sombrías” para pulverizar todo lo que modifique el aparato que regula al Instituto Nacional Electoral, en lo cual incluyen la defensa de su obesa cuanto onerosa burocracia. Impresionan al ciudadano sencillo con el cuento de que el padrón electoral va a estar en manos del gobierno, lo cual es falso, a pesar de que la Constitución establece que la administración federal debe emitir una especie de cédula de identidad: más la desconfianza que se le tuvo al gobierno cuando manejó los comicios, la cual se la ganó a pulso, provocó que ahora, a la credencial emitida por la autoridad electoral, se le dé un valor extraordinario. Los impugnadores le agregan que, por ello (pregonan falsamente que el INE ya no tendrá el manejo del padrón), no habrá certeza en el sufragio, ni en el conteo del voto, y por lo tanto volveremos al tiempo de las trampas electorales, cuando el PRI era amo y señor del quehacer político nacional, lo cual obviamente es una patraña.
Otra crítica es difundir que, con el Plan B, volverá el tiempo de la caída del sistema; pero no dicen lo cierto del proyecto, ahora ya ley, de que busca desde el mismo día, al tiempo de que se da el PREP, se den resultados definitivos, como se hace en muchísimos países democráticos. También falacias de los impugnadores, son que se perdería el voto libre, y que los funcionarios de casilla serán miembros del gobierno; eso no puede ser, pues el organismo electoral continúa vigente manejando este renglón.
Es esencial entender que las elecciones no las hace el INE: este es un aparato burocrático que las organiza, pero quien recibe y cuenta los votos, son los ciudadanos. El Plan B, reduce el presupuesto de la estructura, no tocando para nada el capítulo de los ciudadanos. El fin último -manifiesta Eduardo Huchim- del Plan B es el ahorro, evitar el costo enorme de las elecciones mexicanas, racionalizar aparato y personal del INE: este año, en el cual no hay elecciones federales y muy pocas locales, solo el organismo tiene en números redondos 14 mil millones de pesos y se compone de más de 17 mil empleados, lo cual es descomunal.
Pero todo se agrava porque hay porciones pequeñas -250 o 300 personas- que consumen exagerado presupuesto (recibe cada una, remuneraciones mayores a la del presidente de la república-, mientras que otras fracciones apenas ganan lo indispensable. Ahora bien, al dispendioso gasto del INE, hay que agregar el formidable desembolso del Tribunal Federal Electoral. Y si seguimos por este sendero, se debe tener en cuenta lo que requieren los OPLES (organismos públicos locales electorales) y sus correspondientes tribunales estatales, quedando aún por contemplar los subsidios que se otorga a los partidos políticos, con lo cual el dinero que en el renglón electoral se eroga en el país, es colosal.
Para tener idea de lo anterior, se da el ejemplo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que según Bernardo Barranco, exconsejero, en 2006 costó 150 millones de dólares: era como el quinto de América Latina, o sea, un estado mexicano costando más que repúblicas enteras, como Chile por ejemplo.
También aducen los catastrofistas, que, con el multicitado Plan B, se perdería el tener boletas en papel impreso con papel seguridad, infalsificable, más la tinta indeleble para que no haya duplicidad de votantes; en consecuencia, aseguran, regresaría la votación múltiple y cómputos inducidos para favorecer al partido en el gobierno (que lógicamente sería MORENA). Esto es burda mentira, porque ni se eliminan para votar los impresos seguros, ni las tintas indelebles luego de emitir el sufragio. Difundir esta falsía, genera miedo en mucha parte de la sociedad, y lo que pretende la oposición -que es igual a decir “la derecha”-, es ganarse a esos sufragantes potenciales atemorizándolos.
Los miembros del aparato burocrático electoral, están ajenos a la situación socioeconómica del pueblo; sus altos directivos tienen salarios y prestaciones privilegiadas, de tal suerte que su mayor preocupación es no perder esa posición opulenta. Ese fenómeno es propio de todas las burocracias doradas, llámese judicial, partidaria, universitaria, filo gubernamental, etc. Tomemos como ejemplo el caso del señor Edmundo Jacobo Molina, licenciado en filosofía quien increíblemente, con ese currículum, llegó a Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. (¿?¡! sic).
Para gran sorpresa, en los tiempos del reparto de cargos para cuates y por cuotas de partidos, se le nombró secretario ejecutivo del IFE, antes de ser INE, en 2008, por un periodo de seis años. Como sobrevino la transformación del instituto, de federal a nacional, en 2014 tramposamente (sosteniendo sórdido borrón y cuenta nueva) se le volvió a nombrar por otro período, ahora de siete años, todo con su amigo Lencho Córdova.
Cuando se iba a concluir ese ciclo, en otro maniobrero madruguete, porque estaban por ingresar en abril de 2020 cuatro nuevos consejeros al INE, Córdova fraguó y consumó entre enero-febrero otro nombramiento -avalado por sus alcahuetes consejeros- y así se le alargó, facciosa e impúdicamente, otro período a Jacobo, el cual lo dejaría en tan importante puesto hasta 2026.
Se puede preguntar uno, ¿porqué tanto apego a ese empleo? Pues nada más ni nada menos, que como en el caso de los consejeros del INE y la cauda de asesores que tiene cada uno, disfrutan salarios y prestaciones que ni el presidente de la república percibe, contradiciendo la Constitución que en su artículo 127 precisa que nadie debe ganar en la administración pública más que el primer mandatario.
Edmundo Jacobo nos cuesta a las y los mexicanos 4 millones 105 mil pesos anuales, seguro de vida por 9 millones 840 mil pesos, gastos médicos mayores por un millón 831 mil pesos y otras prestaciones de lujo, como dote matrimonial, marcha individualizada, etc. Todo lo investigó el doctor Ángel Balderas, maestro matemático de la Universidad de Querétaro, y el resumen es el siguiente: las prestaciones del señor Jacobo, envidiables para cualesquier trabajador mexicano, incluyen, además del sueldo mensual ($246,292.00): medidas de protección al salario, $513, mil pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, $447,000.00; seguro de vida con 40 meses de percepción bruta mensual, 9 millones 840 mil pesos; gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales, 1 millón 831 mil pesos al año; seguros a las personas, por 103 mil pesos; también se le da prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento; dos períodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y de separación individualizado”.
Con razón señala el antedicho autor, “este tipo de abusos es lo que se defiende cuando se dice “el INE no se toca”. (El Universal de Querétaro, 3-III-2023).
Ahora bien, el caso de Jacobo es doblemente interesante, porque “La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto”, comentó la diputada Julieta Ramírez.(Sin Embargo, 14-03-2023) la cual, mientras hablaba en la sesión extraordinaria del INE, la semana pasada, era objeto de burlonas muecas tanto de Córdova como de su contlapache Jacobo, reinstalado con bombo y platillo.
Para lograr una genuina reforma electoral, se necesita no estar tan crispado el panorama nacional, pues eso impide se logren acuerdos idóneos. En el momento que transcurre, se ha querido identificar al INE con la democracia, lo cual es falso: jamás una sola institución puede significar todo un sistema democrático. Nunca unos cuantos árboles serán un bosque.
Todo organismo ciudadano, por naturaleza debe integrarse por cuadros -hombres o mujeres- de grandes valores, que siendo reflejo sano de nuestra realidad social, permitan su marcha correcta con perspectivas de superación. Esto debe ser lo que, por ahora, en el proceso de nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, debe imperar. Con un Consejo General en que todos sus integrantes, no solo dos como ahora, participen y sumen esfuerzos, se podrá alcanzar una mejoría en la organización de los comicios, la cual por naturaleza, no puede ya ser tan despilfarrada ni tan protagónicamente sesgada, como lo ha sido hasta hoy.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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