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NACIONALES

Las pifias del Poder Judicial y la necesidad de su reforma

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Nadie discute en nuestro país, que el poder judicial (tanto federal como estatal) es poco confiable. Que su personal está dañado profundamente por el nepotismo, el influyentismo y la corrupción. Por ello es necesaria una reforma a dicho poder constitucional.

Eso sí, se difiere de como ha de llevarse a cabo la innovación de la justicia. Por ahora, los sectores involucrados por su interés personal y de grupo, están sumamente molestos y en tanto que parte de los trabajadores, en contra de la ley, se declararon en “paro” (lo que es ilícito pues su derecho a huelga lo regula el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución), se les sumaron la mayoría de los magistrados y jueces (que no son simples trabajadores, es decir no tienen propiamente un patrón, como los empleados comunes) y como que deshojan la margarita los ministros, quienes por lo pronto se han dedicado a suspender sesiones.

Al margen de lo anterior, se adicionan varios equívocos de los miembros superiores del poder judicial. Y ello va a favor de lo indispensable de reestructurarlo a fondo, a partir de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), seguida por los ministros, continuando con los magistrados y jueces, hasta aterrizar en sus subalternos, desde los más elevados a los más simples: todos han incurrido recientemente en despropósitos, para no hablar de tiempos pasados, donde abundan esos extravíos.

Para ejemplificar con pruebas lo anterior, revisemos brevemente los hechos registrados públicamente, porque de los más comunes que no son del dominio público, solo lo saben los litigantes y las partes poderosas comprometidas en los procedimientos que se tramitan en juzgados y tribunales.

Tampoco aludiremos su flagrante violación a la ley suprema, en relación con sus ingresos, área en donde más de 2300 ministros, magistrados, jueces y funcionarios, ganan más que el presidente de la república. Y esto lo defienden a capa y espada.

Veamos entonces, los despropósitos de este poder, comenzando de arriba, es decir con el sonado caso de la presidenta de la SCJ, ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esta abogada se desempeñó previamente a su actual investidura, como Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito; al cargo de ministra llegó en diciembre de 2015, con la ayuda entre otros del magistrado Arturo Zaldívar. Cuando este dejó de presidir la Corte, el 2 de enero de 2023, fue electa como la primera mujer que preside la SCJ.

Y en uno de sus primeros eventos, al cual asistió con lugar preferente, en Querétaro, con motivo del 106 aniversario de la Constitución el 5 de febrero de 2023, faltó al protocolo ordinario, pues cuando se recibió al primer mandatario de la república, ella no se levantó de su asiento, siendo la única personalidad que así se hizo notar.

Al respecto, en tanto muchos ciudadanos, funcionarios y políticos, la criticaron por su falta de atención, el mismo jefe del gobierno federal, la exculpó diciendo que quizás estaba cansada. Sin embargo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la criticó señalando:»¿Por qué la presidenta de la SCJ, en la primera reunión con el presidente, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial», anotando que además quien la invitó a esa ceremonia fue el mismo mandatario.

Pero dejemos ese tema, que en todo caso no es tan sustancial; ahora comentemos lo sucedido en diciembre 12 del año pasado, cuando estaba en desarrollo la lucha electoral por la presidencia de México. El suceso lo descubrió el periodista de Milenio, Salvador Frausto. En entrevista con Aristegui, se aclaró que fue una cena realizada en casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo presente; la invitación a la reunión fue de la ministra presidenta Norma Piña. Un día antes se había demandado la dimisión del presidente del Tribunal Electoral de la Federación -TRIFE- magistrado Reyes Rodríguez, que se asegura es proclive al prianismo, por sus antecedentes cercanos al calderonismo.

Al encuentro acudió el inefable “Alito” (Alejandro Moreno), controvertible dirigente del PRI. También acudieron los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes habían propiamente depuesto al magistrado Reyes. Estuvo invitado, pero no asistió, el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. Lo tratado allí se entiende: reclamar a los consejeros electorales por qué exigieron renunciar a Reyes, además de acordar actos en pro de la campaña de la oposición.

Como dijo el periodista Frausto: lo menos del hecho, es considerar imprudente que Piña acercara a la cúpula judicial con Moreno, además de presionar a los magistrados electorales. En su momento, la nueva presidenta del TRIFE, Mónica Soto, señaló tales apremios, y la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum manifestó: “la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”. (Contra línea, 16-V-2024).

Otro tema que denota la conducta de la presidenta de la SCJ es referente al trato que dio al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar: en abril de este año, por acuerdo de dicha ministra Piña quien también dirige el Consejo de la Judicatura Federal, se tramitó una denuncia anónima contra Zaldívar, a todas luces precipitada e irregular. Por ello, Zaldívar dijo tajante: “Norma Piña me tiene animadversión, un odio patológico”. Lo cual desde luego no habla bien de tan alta funcionaria judicial.

Hace muy pocos días, en un calificado intento por socavar las funciones del INE y el TRIFE, se suscitaron dos casos desatinados: primero, a fines de junio el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar provisionalmente a las dos vacantes de la Sala Superior, para que de inmediato sesione con el pleno completo. Esto, que es facultad del Senado, fue rechazado por el TRIFE, el cual anunció denunciaría penalmente a dicho juez, (que por cierto fue secretario de la ministra Piña, antes de ser enjuiciador) por abusar en sus funciones. El asunto lo terminó un tribunal colegiado, el cual revocó la resolución del incoherente juez.

El otro asunto, fue cuando la señora Piña aceptó un trámite del presidente del PAN, Marco Cortés, para impedir la asignación de mayoría calificada en la Cámara de diputados, a Morena y sus aliados. Ella lo encargó a su cofrade, el ministro González Alcántara, el cual ahora le falló y en sesión de la Corte, declaró que lo que propusiera sobre ese asunto, no tendría ni consecuencia retroactiva, ni incidiría en la asignación de diputados, cuya función suprema y última, es del Tribunal Federal Electoral. De esa forma se disipó la estratagema opositora y la complacencia de la SCJ.

En cuanto a los ministros, varios de ellos se han declarado adversarios de la Reforma judicial, pero el colmo es lo que declaró el multicitado González Alcántara: que la reforma judicial es un capricho del Ejecutivo, porque está molesto por no aprobársele que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Obvio que AMLO, el 2 de agosto en la mañanera, lo desmintió; en general la ciudadanía no creyó aquel señalamiento. Y así como el susodicho González Alcántara, están de acérrimos contrarios de la reforma, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Ahora veamos el absurdo que aconteció este sábado 31: Jueces de distrito de Morelos y Chiapas otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión y aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y está previsto que comience su proceso legislativo mañana -1 de septiembre- luego de la instalación de la Cámara de Diputados. Asimismo, ocho jueces promovieron amparos en contra del proceso legislativo para evitar que sea enviada a los congresos locales. ¡Y eso que están en paro!

Lo anterior no lo aprobaron ni siquiera los más aguerridos críticos de la reforma judicial, como Diego Valadez: “esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”. De igual manera, el afamado Francisco Burgoa, otro de los enemigos férreos a la reforma, dijo: “No comparto el criterio del Juez y sólo aumentará la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación”. (Latin Us, y Sin Embargo, 31 agosto 2024).

Con justa razón, el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirmó: “Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente, determina que no se somete, ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”.

Así se las gastan los señores integrantes, en todos los niveles, del Poder Judicial Federal. Con lo anteriormente narrado, se confirma que “los guardianes de la ley se niegan a acatarla, para darse a sí mismos un régimen de excepciones y privilegios. Y no hay autoridad a la que se pueda recurrir para evitarlo”. De allí que no quede otra salida, que reformar a fondo ese poder, en un serio esfuerzo por lograr lo que dice el articulo 17 de la Carta Magna: que la justicia debe otorgarse pronta, expedita, imparcial y gratuitamente, para todos los mexicanos.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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