OPINIÓN
El muro de Donald Trump
Columna Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Pues sí, Donald Trump tendrá su muro –humano- y lo costeará México, aunque no estará en la frontera entre México y Estados Unidos de Norteamérica sino en nuestra frontera sur con Guatemala. Trump le cumplirá a sus electores y López Obrador le agradecerá ufano si acaso le complace los resultados al propio Trump, resultado de un acuerdo que es más una imposición imperial.
Debo, sin embargo, señalar que la protección de nuestra frontera sur de invasiones “tipo hormiga” o en caravanas es un asunto de soberanía del Estado mexicano que jamás se había atendido y que ahora se cumplirá por presiones meta nacionales. A Trump deberemos el ideal orden migratorio mexicano.
La porosidad de nuestra frontera sur obedecía a la subordinación del Estado mexicano a diferentes tipos de mafias dentro de nuestro territorio que representaba millones de pesos a partir de la violación de derechos humanos, violaciones de mujeres, trata de personas y coyotaje sobre migrantes, y en ello estaba involucrado el propio gobierno en sus tres órdenes.
Hoy, el posible orden fronterizo obliga al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás en su pretendida política de puertas abiertas a miles de migrantes centroamericanos por razones de humanidad.
Vivimos en una era en que hasta los dichos populares pierden vigencia. Hoy “a las palabras no se las lleva el viento” pues aquellas quedan video grabadas o se guardan en la nube, o díganme cómo hoy nos es posible revivir el momento en que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunciaba ufana que habían ingresado a territorio nacional 8,727 personas provenientes de Angola, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, o díganme cómo es que ahora –está video grabado- la propia secretaria Sánchez Cordero nos asegura no saber por dónde llegaron y prosiguieron los miles de migrantes, que enojan a Donald Trump, desde la frontera sur a la frontera norte de México. Y díganme, cómo es que la señora aun es secretaria de Gobernación.
Al gobierno de la Cuarta Transformación le ganan las declaraciones pletóricas de fantasías. Sin entender que el avión presidencial en venta aún se debe y que debe cubrirse el costo de su resguardo en EEUU, el presidente López Obrador asume que podrá disponer del total de la venta, y nos dice que Naciones Unidas ya evaluó al avión.
Al revisar los objetivos de la Organización de Naciones Unidas no encuentro ninguno que hable de evaluar bienes que alguno de sus miembros decida vender. Parece pues, que en México se vive en dos realidades… no necesariamente paralelas: La que México comparte con el resto del mundo y la de del presidente López Obrador, así como hay números que todos manejamos y otros números que solo tiene el presidente.
La palabra, al comunicar, adquiere identidad y asume símbolos, tonalidades y variaciones según la fuerza y el momento en que es pronunciada. La palabra nos ayuda a conferir dirección, impartir conocimiento, revelar aquello oculto y aclarar lo que mal se interpreta. Por ello, el hablar con la verdad y el sabernos expresar es un arte que requiere inteligencia y dominio del lenguaje y es, además, fuente de poder.
Dicen que “por su boca muere el pez” y podría ser que por boca de sus voceros la 4T muera antes de transformar.
Del “acuerdo impuesto por Trump al gobierno mexicano” nos quedan serias dudas: Cuál será la medida que satisfaga al gobierno norteamericano sobre la reducción de migrantes que crucen México en pos del sueño americano; por cuánto tiempo México dará asilo, educación, salud y empleo a los centroamericanos que EEUU nos envíe; con qué se cubrirán esos gastos cuando del avión presidencial –ya se aclaró- solo quedarán bicocas; qué pasará con los hijos de los centroamericanos y demás migrantes que pudieran nacer en territorio mexicano; cómo evitaremos legitimar los muros fronterizos y las guardias fronterizas en EEUU si nosotros las desplegamos en nuestra frontera sur…
La palabra moldea al pensamiento y la realidad de la persona hasta llegar a su subconsciente, y hoy, en el subconsciente colectivo se siembra la duda sobre las capacidades transformadoras de López Obrador quien enfrenta a entuertos no previstos como el amparo de diversos colectivos ciudadanos en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción del de Santa Lucía. Hoy, por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las obras del primero de los aeropuertos no se tocan y se preservan, y las obras del segundo no se suspenden.
En Santa Lucía el asunto es de la mayor importancia e interés mundial: Existen vestigios de animales prehistóricos que exigen su protección gubernamental por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se carece de un estudio de impacto ambiental.
Desde la 4T no se entiende que, si bien en el discurso pueden “transformar a México a su imagen, medida y semejanza”, y acusar sin pruebas de mil delitos, en la realidad eso no es posible. Un juez del Estado de México concedió a 44 estancias infantiles la suspensión definitiva contra el recorte presupuestal ordenado por AMLO que le afectaba y ordenó a la Secretaría del Bienestar entregar a dichas guarderías 950 pesos mensuales por cada menor inscrito en dicho programa. Esto podría darse en otros casos que ya promovieron amparos.
Este divorcio entre la realidad de todos y el imaginario de la 4T se evidencia en la declaración de Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien afirma que a Texcoco “no se le mueve ni un pelo” y que Santa Lucía “sí va”.
En fin, a querer o no, la realidad aun no despierta a la 4T quien aún se mantiene en su lecho presidencial triunfal. La realidad es que, el muro de Trump lo financiaremos y, además, construiremos en nuestro territorio. Se dice que la invitación de Peña Nieto a Trump, siendo candidato, le dio el triunfo. Hoy se podrá decir que el acuerdo de Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Mike Pompeo le dará la posible reelección a Trump. Tan malo uno como otro. En el primero fue un error, en el segundo, una grave sumisión.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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