Opinión, por Gerardo Rico //

“Solo el pueblo podrá salvar al pueblo”, afirmaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 durante la presentación de su paquete de reformas -a unos meses de dejar el poder- en donde anunciaba que buscaría que jueces, magistrados y ministros fueran electos por la ciudadanía y no propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.

Luego de que le fueron bloqueadas diferentes propuestas de reformas por la SCJN, como el Plan A, que buscaba transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México; el Plan B luego de descarrilar el A y en el que pretendía impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha; Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales, seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica, entre otras.

Propuso 20 puntos: eliminar organismos autónomos, convertir a la austeridad republicana en política de Estado, evitar la corrupción de la Guardia Nacional y elegir jueces y magistrados del Poder Judicial por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo. Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales.

No hay que perder de vista que para el domingo 1 de junio, Morena dio uno de los pasos más importantes en la consolidación de su poder, con la elección de más de 2 mil 680 magistrados, ministros y jueces a nivel nacional, de los cuales 74 cargos corresponden a Jalisco.

A partir del 2018 Morena ha logrado todo: dos presidencias consecutivas, supermayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados y más de 25 gubernaturas, sin contar la mayoría en 27 legislaturas locales y con un sin número de regidurías en todo el país.

Originó una maltrecha oposición que se aferra a la supervivencia política y que hasta el momento no tiene argumentos para frenar en seco el poder acumulado por Morena. Si bien se tenía un Poder Judicial plagado de corrupción y anomalías que servía a la élites del país muchos analistas jurídicos y políticos prevén que los candidatos afines a Morena dominen las elecciones, ocupando magistraturas desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte y otorgando al partido el control efectivo del tercer poder del Estado.

NUESTRA REALIDAD

Aquí vienen los peros: independientemente de quienes sean elegidos y de los números que se darán a conocer en los próximos días, lo que está en juego -como en cualquier democracia- es la legitimidad con la que llegarán quienes resulten elegidos. En cualquier sistema democrático se marca la diferencia entre ser el más votado o el menos votado y es de tomarse en cuenta el porcentaje de abstencionismo.

¿Cuál será la imagen de un Poder Judicial votado con un bajo porcentaje del padrón electoral? Cuando se ha calculado —salvo los números que nos den a conocer— que acudieron menos del 20% del padrón electoral, que es de 101 millones 539, mil 216 de acuerdo a cifras actualizadas del INE. ¿Cuál será la percepción de jueces electos con un mínimo de votos y relacionados con partidos políticos?

La reforma al Poder Judicial no incluye cambios en fiscalías, ministerios públicos, sistemas penitenciarios ni servicios forenses. La crisis judicial, según expertos, va más allá de jueces y magistrados, y la elección ciudadana no alterará las estructuras operativas.

Lo que sí veremos -coincidieron- es el empoderamiento de nuevos personajes que relegarán a quienes a lo largo de muchos años acumularon experiencia en la operatividad y funcionalidad de juzgados y en las estructuras judiciales. También esperan una lluvia de amparos, demandas laborales e indemnizaciones millonarias de quienes no sean ratificados en sus puestos.

Candidatos al Poder Judicial con antecedentes penales, nexos con narcotraficantes o violaciones a derechos humanos, defendidos por figuras de Morena, evidencian que la reforma permite acceder a cargos por relaciones políticas, no por méritos.

Las campañas de candidatos al Poder Judicial concluyeron entre acarreos clientelares, acordeones para inducir el voto, actos proselitistas y la clara intromisión de partidos políticos. La participación corporativa de sindicatos como el SNTE y la utilización de redes sociales, que se convirtieron en el medio de comunicación más solicitado por los aspirantes.

Morena echará toda la carne al asador para consolidar su poder. Aquí ya no se cumplieron las máximas del ex Presidente López Obrado: “evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales” y esa de “solo el pueblo podrá salvar al pueblo”.

¿Qué legitimidad tendrá un Poder Judicial elegido con menos del 20% del padrón electoral (101,539,216, según INE)? ¿Cómo se percibirá a jueces electos con pocos votos y vinculados a partidos políticos?

Opinión, por Iván Arrazola //

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma constitucional el 5 de febrero de 2024 —conocida como el “Plan C”—, pocos imaginaron la rapidez con la que avanzaría el proceso. Lo que parecía una propuesta lejana o inalcanzable se volvió realidad en cuestión de meses. No obstante, el camino ha estado marcado por controversias, particularmente en torno a la pregunta central: ¿debía o no participar la ciudadanía en la elección del Poder Judicial?

Aunque la elección popular de miembros del Poder Judicial la puso sobre la mesa el partido gobernante, hubo un cambio sustancial con respecto a otros procesos electorales impulsados por el oficialismo.

A diferencia de la consulta popular y la revocación de mandato —cuyos resultados no fueron vinculantes por no alcanzar el umbral mínimo de participación—, en esta elección judicial, las consecuencias serán efectivas sin importar el porcentaje de participación. Esto implica una transformación profunda en el diseño del equilibrio entre los poderes de la Unión.

En este contexto, surgieron argumentos diversos sobre si acudir a votar o abstenerse. Uno de los aspectos más debatidos fue el uso de los llamados acordeones, materiales distribuidos para guiar el voto ciudadano.

Mientras algunos los defendieron como herramientas útiles en una elección compleja, otros los consideraron mecanismos de inducción del voto, en un proceso en el que era prácticamente imposible conocer en profundidad a los cientos de candidatos registrados.

El debate se intensificó cuando se acusó al oficialismo de haber distribuido los «acordeones» para favorecer a perfiles afines, sin que el INE pudiera frenar su circulación a pesar de las exigencias de todas las fuerzas políticas, incluida la presidenta. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el origen de los materiales y es poco probable que se impongan sanciones.

A lo anterior se suma el diseño de las boletas, que rompió con la tradición electoral mexicana. Acostumbrados a identificar fácilmente a los candidatos mediante los logotipos de los partidos, los votantes se enfrentaron a listas extensas de nombres desconocidos, sin referentes claros ni partidos políticos como guía.

Otro punto que generó preocupación fueron los perfiles de los aspirantes. Diversas organizaciones civiles, así como figuras políticas como la presidenta y el senador Gerardo Fernández Noroña, exigieron al INE retirar candidaturas vinculadas con la defensa legal de criminales o con cultos religiosos.

Estas demandas evidenciaron deficiencias en el proceso de selección por parte de los comités evaluadores, quienes, ante el abrumador número de aspirantes, no pudieron analizar a fondo todos los perfiles.

Este cúmulo de señalamientos generó más dudas que certezas sobre la legitimidad del proceso. El INE, además, organizó esta elección en condiciones adversas, con menos recursos y sin los medios adecuados para garantizar una elección informada y equitativa.

Desde el oficialismo, se defendió la participación ciudadana con el argumento de que ahora “el pueblo” elige a los ministros, en lugar del Senado con la presidenta. Por su parte, otras voces afirmaron que, a pesar de las irregularidades, era fundamental ejercer el derecho al voto. La analista Viridiana Ríos, con base en una revisión de 117 perfiles, señaló que el 55 % de los candidatos no presentaban vínculos directos con Morena.

Las voces más críticas denunciaron la elección como una simulación. Argumentaron que el resultado era previsible desde el inicio y que los nuevos miembros, una vez electos, estarían sujetos al control político de quienes promovieron su postulación.

Lo cierto es que este proceso privó a la ciudadanía de un verdadero ejercicio democrático. La mayoría de las personas que acudieron a las urnas el pasado domingo lo hicieron con escasa información, a pesar de la existencia de plataformas que ofrecían datos sobre los candidatos.

Dicha información, no obstante, resultó superficial. No hubo debates públicos ni condiciones para que las y los aspirantes realizaran campañas efectivas. La discusión pública se redujo a una dicotomía: votar o no votar. Mientras tanto, el oficialismo se concentró más en movilizar estructuras que en promover un proceso participativo y transparente.

La oposición, por su parte, dejó mucho que desear. No solo se desentendió del proceso, sino que también abandonó a la ciudadanía sin estrategias claras. Ante un modelo tan cuestionado, lo mínimo que se esperaba era un respaldo a los perfiles más independientes.

El 2 de junio marcará un antes y un después para México. El equilibrio de poderes se ha modificado, y con ello, aumentan las incertidumbres sobre el ejercicio del poder político. Esta elección debe servir como un llamado de atención: la democracia no se puede debilitar.

Es imprescindible garantizar procesos legítimos, transparentes e informados. Esto implica dotar de los recursos suficientes a las autoridades electorales, fomentar el debate público, y asegurar que las y los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su voto de manera consciente y libre.

Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Será el El 17 de julio de 2025, cuando el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, levantará la suspensión impuesta al lanzador sinaloense Julio Urías por violar la política de violencia doméstica de la MLB. Esta decisión abre la puerta para que “El Culichi” pueda ser firmado por cualquier equipo de la Gran Carpa, pero su camino de regreso al estrellato está lejos de ser claro.

Hace apenas unos años, hablábamos de un talento generacional, un pitcher mexicano que lideró la Liga Nacional en victorias (2021) y efectividad (2022), y que se perfilaba para firmar un contrato histórico cercano a los 200 millones de dólares, un hito para un pelotero latinoamericano. Sin embargo, su comportamiento fuera del diamante ha opacado su brillo en el montículo.

Urías, quien fue clave en el título de los Dodgers en 2020, ha demostrado ser un diamante en bruto desde los 16 años, cuando Los Ángeles lo firmó. Su talento es innegable: una recta que roza las 97 millas, un cambio y curva devastadores, y una habilidad para el pickoff que lo hizo destacar desde su debut en 2016. Pero las decisiones personales han sido su talón de Aquiles.

Dos incidentes de violencia doméstica, el primero en 2019 y el segundo en 2023, lo llevaron a ser el primer jugador suspendido dos veces bajo la política de la MLB. El video de 2023, donde se le ve agrediendo a su pareja, fue un golpe duro para su imagen y su carrera. La sanción hasta el Juego de Estrellas de 2025 refleja la gravedad de sus acciones, pero también le da una nueva oportunidad.

¿Qué sigue para Julio Urías?

La pregunta no es solo si un equipo apostará por su brazo, sino si él ha aprendido de sus errores. En 2022, escribí que un contrato de 200 millones estaba al alcance de su mano, pero advertí que su futuro dependía de mantener el enfoque dentro y fuera del campo.

Hoy, esa proyección parece lejana. Equipos como los Yankees o los Mets podrían considerar su talento, pero el riesgo reputacional es alto, como lo demuestra el caso de Trevor Bauer, quien tras una suspensión similar no ha regresado a MLB y ha optado por ligas en Japón y México. Urías, a sus 28 años, aún tiene tiempo para redimirse, pero deberá cumplir con el programa de tratamiento ordenado por la MLB y demostrar un cambio genuino.

En México, especialmente en Culiacán, esperan que “El Culichi” retome el camino. Los Tomateros de Culiacán podrían ser una opción para mantenerse activo si la MLB no le abre las puertas de inmediato. Pero más allá del béisbol, Urías debe sanar como persona. Su historia es un recordatorio de que el talento no basta si no va acompañado de responsabilidad. Ojalá, por el bien del béisbol mexicano y de él mismo, que esta segunda oportunidad no sea la última.

Son dos grandes talentos mexicanos que pareciera haber tropezado con la misma piedra para truncar sus carreras en el mejor beisbol del mundo. Los dos son sinaloenses. En su momento fueron considerados entre los mejores cinco lanzadores de Grandes Ligas, uno como inicialista y el otro como relevista.

Roberto Osuna, con su recta de fuego, ostentaba 39 salvamentos con Toronto en 2017 y parecía destinado a ser el mexicano con más juegos salvados en la historia. Sin embargo, sus errores fuera del campo los llevaron al ostracismo, dejando lecciones cruciales para los jóvenes peloteros que sueñan con brillar en la MLB.

¿Qué salió mal?

Ambos sucumbieron a la presión de un sistema ferozmente competitivo, como señaló el periodista Mario Villagrán: la MLB es una maquinaria que exprime no solo el físico, sino también la mente y el carácter.

Osuna, acusado de agresión a su pareja en 2018, fue suspendido 75 juegos y, tras una lesión en 2020, no volvió a la MLB, encontrando refugio en Japón. Sus actos no solo mancharon su reputación, sino que cerraron puertas que su talento había abierto de par en par.

La lección para las nuevas generaciones es clara: el éxito en la MLB no se mide solo en ponches o salvamentos, sino en la capacidad de administrar la fama, el dinero y las tentaciones. Urías y Osuna, con contratos millonarios en el horizonte, dejaron que decisiones personales los traicionaran.

Como escribí en 2021, cuando Urías alcanzó 20 victorias, el talento debe ir acompañado de madurez. La presión de ser figura pública, como señaló Esteban Loaiza, es inmensa, y los errores se magnifican bajo la lupa de los medios y los aficionados. Los jóvenes como Alejandro Osuna, quien debutó con Texas en 2025, o Isaac Paredes, estrella en ascenso, deben aprender a navegar este entorno.

Primero, la disciplina personal es innegociable. La MLB tiene una política estricta contra la violencia doméstica desde 2015, y casos como los de Urías, el primero en ser suspendido dos veces, muestran que no hay excepciones. Segundo, rodearse de un círculo de apoyo sólido es vital. Urías contó con su padre, Carlos, como guía en sus inicios, pero las malas decisiones lo alejaron de ese respaldo.

Osuna, por su parte, habló de ansiedad en 2017, un tema que los prospectos deben abordar con profesionales para no derrumbarse bajo presión. Tercero, entender que el béisbol mexicano depende de sus embajadores.

Cada error de un pelotero azteca no solo afecta su carrera, sino la percepción de los prospectos mexicanos en la Gran Carpa.

Para los jóvenes que hoy entrenan en Culiacán, Hermosillo o Tijuana, el mensaje es contundente: el talento los llevará a la puerta de la MLB, pero solo la integridad los mantendrá dentro (…) Urías y Osuna son un espejo donde los prospectos deben mirarse: no para imitar sus errores, sino para aprender de ellos.