ENTREVISTAS
Miguel Alejandro Híjar, investigador de la UdeG: Trump combatiría al terrorismo en México, como lo hizo en Irán

Por Mario Ávila //
La estrategia que utilizaría el gobierno del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga en México, una vez que han sido declarados como organizaciones terroristas, no sería como Estados Unidos lo hizo en el caso de Irak, ni como lo hizo en Colombia; lo más probable es que lo haga como el mismo Trump lo hizo en Irán, el 3 de enero del 2020 al asesinar al militar iraní más poderoso, Qasem Soleimani.
Ello en opinión del doctor Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH de la UdeG, quien recordó que en la recta final de la anterior etapa de su gobierno, el presidente Donald Trump aseguró con esa acción su gobierno no buscaba un cambio de régimen en Irán, ni tampoco iniciar una guerra, solo ejecutar con éxito un ataque de precisión que mató, en ese entonces, al considerado terrorista número uno del mundo y que las acciones se tomaron para detener una guerra, no para comenzar una guerra.
Y de acuerdo con las declaraciones que ha realizado el propio presidente Trump, el investigador de la UdeG considera que en el caso de los cárteles de la droga en México, no se combatirían con una incursión militar en nuestro territorio, sino que se actuaria con el uso de la tecnología bélica.
Recordar que aquella noche del 3 de enero, medios de Estados Unidos aseguran que, en realidad, la operación se realizó con un avión no tripulado: un MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km/h. y que de acuerdo con fuentes del gobierno de EE.UU. citadas por The New York Times, lanzó dos misiles de alta precisión contra los dos carros del convoy poco después de que saliera del aeropuerto de Bagdad, en Irak.
El tema del combate a los cárteles de la droga en México, es en opinión del doctor Miguel Híjar, una de las tres graves consecuencias que podría impactar a Jalisco con la llegada al poder de Donald Trump, junto con el tema de las deportaciones de indocumentados y la posible imposición de aranceles a los productos de exportación mexicanos.
Esta cuestión -dijo-, puede preocupar también al gobierno de Jalisco porque está ya la orden ejecutiva que ha declarado a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas y por tanto esto le da los poderes al presidente Trump, de combatir a los cárteles de la droga también por la vía militar; obviamente esto tiene implicaciones mucho más grandes para todo el país, porque él ha insistido en la necesidad de utilizar por ejemplo drones para bombardear posiciones estratégicas de los carteles de las drogas.
LA COOPERACIÓN Y EL RESPETO A LA SOBERANÍA, SERÍA LO IDEAL
Al hablar de una de las situaciones que mayor impacto tendrían para Jalisco con el fenómeno Trump, el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, se refirió a la materia de política exterior, que es donde según dijo, Trump tiene mayor manga ancha, ya que normalmente por este sistema de pesos y contrapesos, justamente no aplica en este terreno, sino que es donde han tenido mayor flexibilidad y margen de maniobra los presidentes de los Estados Unidos.
Y con estas órdenes ejecutivas -abundó-, que no necesitan que se pase una ley a través del Congreso, todavía con mayor razón en esa capacidad de actuar, ya que solamente las Cortes de los Estados Unidos, es decir las Cortes federales o la Suprema Corte, podrían detener las órdenes ejecutivas, como por ejemplo lo que ya está pasando en estos días que se firmó una orden ejecutiva para terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, y ya un juez Federal declaró que es inconstitucional porque va en contra de la enmienda número 14 de la Constitución y no puede hacerlo además de que 22 estados también ya están interponiendo recursos jurídicos.
Explicó también que con este margen de maniobra en política exterior, “sí puede hacer uso de la opción militar para casos que están considerados como terrorismo, y esto es la herencia obviamente del 11 de septiembre del 2001 y todo lo que pasó después; entonces cuando se trata de terrorismo sí hay esta posibilidad de actuar sin tantos frenos y sin tantos candados”.
Sobre el modus operandi que podría utilizar Donald Trump en este caso, planteó que más que una opción como lo fue en su momento el caso de Irak o de Afganistán, de realmente enviar tropas e invadir un país, esa es una opción prácticamente imposible en el caso de México, porque el gobierno no lo permitiría, sería un atentado contra la soberanía nacional “y yo creo que en general la comunidad internacional no apoyaría a Estados Unido”.
Dijo que lo que podría suceder es lo que más bien pienso es bombardear con drones, es una posibilidad más factible y es algo que vimos por ejemplo en el caso de Irán cuando a través de drones con un misil acabaron con la vida del general Solaimani y esto fue sin necesidad de entrar directamente en el territorio iraní.
“Es un escenario que podría ser mucho más factible, pero al mismo tiempo se ve un escenario en el que México reclamaría ese atentado contra la soberanía mexicana y la falta de coordinación y cooperación en materia de seguridad entre ambos países que históricamente ha sido importante y que es quizá uno de los puntos, o el más importante puntos en la agenda bilateral”.
En síntesis -dijo-, lo ideal sería que hubiera una cooperación entre los gobiernos federales de Estados Unidos en México y por supuesto una coordinación con las agencias estatales y municipales de policía y de seguridad en general, pero esto sí implica importantes retos porque no sabemos si ese diálogo y esa cooperación efectivamente se van a llevar a cabo.
“La presidenta Sheinbaum ha insistido en que ella va a buscar un diálogo en términos de respeto, en términos de soberanía, de independencia, no de subordinación, pero el presidente Trump rara vez trata a otros líderes con el respeto que es debido y por supuesto muchas veces quiere hacer cosas que transgreden el derecho internacional, que transgreden la soberanía de los países y no sabemos si realmente va a haber esa cooperación o si simplemente habrá de actuar de manera unilateral buscando atacar las posiciones estratégicas de los cárteles de la droga en distintas partes de México”.
Además del tema de la seguridad, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH de la UdeG, dijo que hay otras dos grandes preocupaciones para Jalisco, con el efecto Trump: 1.- La que tiene que ver justamente con la situación de la migración porque Jalisco es uno de los principales expulsores de migrantes a los Estados Unidos y 2.- La cuestión comercial, sabemos que si bien no se han firmado órdenes ejecutivas con respecto al comercio, sí se han anunciado ya que a partir del primero de febrero buscará la administración Trump implementar aranceles del 25% a Canadá y a México sus dos socios en el tratado.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»

La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
CARTÓN POLÍTICO
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/


Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia

– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.