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Diputada Itzul Barrera, impulsa la Ley Pedro y reforma al SIAPA

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Por Diego Morales Heredia //

Una mujer que representa al oriente de la ciudad, donde están las causas que más adolecen a la sociedad, de izquierda, feminista, defensora de los animales, creyente de que la única forma de combatir la desigualdad es atacando las causas y no las consecuencias, es la carta de presentación de Itzul Barrera, diputada local de Morena.

Creció en un hogar muy politizado, recuerda. Es hija del reconocido periodista Jaime Barrera; en su hogar, se desayunaba, comía y cenaba política, se hablaba de movimientos sociales, de lo que pasaba en la ciudad. Así le nació la inquietud natural por incidir en los asuntos de la vida pública.

“Para mí fue natural que cuando crecí era de una forma u otra con lo que tenía en la mente, pero quería ser de las personas de las que se hablaban porque hacían cosas, no por las que dejaban de hacerlo. No hubiera sido posible de otra forma”, expresó para Conciencia Pública.

El vehículo que eligió para irrumpir en la política fue Morena, esto lo señala porque, durante su adolescencia y sus veintes estuvo de cerca en los movimientos de las mujeres y encontró en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador a una inspiración para seguir luchando por estas causas.

“Sí, encontré en Andrés Manuel López Obrador en su momento a alguien que me inspiraba como la verdadera oposición y opción de un cambio a nivel nacional, en lo local, en específico, nosotros estábamos en una emboscada distinta. Quien prometía el cambio era MC, que a nivel nacional se vende como de izquierda, ha sido un partido neoliberal, de derecha, promotor de la desigualdad”.

Agregó: “Para mí era muy sencillo, militar en un espacio en donde podría tener la libertad de hablar de mis ideales y sobre mis luchas, o militar en un espacio donde tendría que atenerme a la agenda política de personas que toman decisiones a través de negocios. Veo en Andrés Manuel a un líder que cambió a nuestro país, veo la oportunidad de estar en un partido que, por su forma de operar, te da la libertad de un montón de pensamiento”.

Aunque es un activo importante para Morena en lo local, también es crítica a los asuntos que puedan pasar al interior del partido, como lo fue el caso del escándalo del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. “Si hubiera sido diputada federal votaba en contra. Más allá del discurso, entiendo que la comisión no decidía si tenía acceso o no a la justicia la posible víctima, pero hubiera sido un mensaje político importante, incluso para él mismo, si presume inocencia renunciar al fuero constitucional para enfrentar el proceso sin esta herramienta. Sé que el proceso sigue, creo que yo lo hubiera hecho diferente, así hubiera podido dormir tranquila por ella y por todas las víctimas”.

Después de un arduo trabajo en calle, llegó al Congreso de Jalisco, experiencia que en estos meses describe como emocionante, sin embargo, aún está pendiente el que pueda incidir de fondo con los temas que le aquejan a las personas en las calles, pasando ya el proceso de aprendizaje legislativo.

“Ha sido muy emocionante, con una gran responsabilidad. Cuando vienes de las luchas de las calles, te das un tope de realidad de que para construir y cumplir con muchas de las luchas que tienes, hay mucha gente que no tiene la disposición política de acompañarte. A veces es un poco decepcionante que no te alcancen los votos para tomar una decisión que sabes que la gente quiere. Más en esta legislatura tan particular, ha sido complejo. Estamos en el espacio de aprendizaje, ya estamos llegando al entendimiento de por dónde darle, quién nos va a apoyar con las causas del pueblo, con quién no podemos contar, estamos por iniciar una etapa más concreta de cumplimiento de metas”.

Pasando este proceso de aprendizaje, Itzul Barrera se dice lista para afrontar los retos que la mueven, lo que le pide la gente en las calles y plasmar los ideales que ha construido desde su niñez.

“Nosotros hacemos política porque nos duelen las cosas. Me duelen las madres buscadoras, me duelen las mujeres víctimas de violencia vicaria que hacen huelgas de hambre afuera de Casa Jalisco, me duelen las hijas y los hijos de víctimas de feminicidios, me duelen los animales que son maltratados y vendidos como cosas para que alguien tenga un animal de raza, me duelen las niñas y niños que padecen hambre, la falta de agua y servicios públicos, la falta de transporte público de calidad, que nos roben 50 centavos en las alcancías, el diseño de presupuestos que se direccionen a la publicidad de actores políticos, me duelen muchas cosas y eso me mueve a hacer política”.

LEY PEDRO Y SIAPA, SUS PRIORIDADES

En tres meses de trabajo, la legisladora ha podido avanzar en propuestas estando en el Congreso de Jalisco, en donde destaca la Ley Pedro, enfocada en erradicar el maltrato animal, y también en la cuestión del SIAPA y el abastecimiento de agua, en donde ya tuvo su primer gran triunfo en la legislatura.

“En estos meses de trabajo destacamos como primer triunfo el presupuesto, pudimos lograr que los familiares de los desaparecidos no pagaran muchos trámites, igual para las hijas e hijos de víctimas del feminicidio. Pedimos que la Fiscalía General de la República atrajera el caso del activista contra la verificación vehicular para que se obtuviera un esclarecimiento del crimen. Presentamos una iniciativa junto con fuerzas parlamentarias para la reforma al Poder Judicial local, estamos en la construcción de una reforma a la ley de Protección Animal, que apodamos la Ley Pedro”.

Subrayó: “Estamos por presentar una iniciativa de agua, por la falta de agua en el oriente, por la suciedad, por los precios que no concuerdan con la calidad del servicio. Desde que entramos, algo que noté en campaña es que, en el oriente de Guadalajara, la escasez es impresionante, hay colonias que tienen meses sin agua, eso no es posible, les siguen cobrando el servicio”.

“Había una práctica legislativa en que para evitarles la presión social a los ayuntamientos lo mandan directamente al congreso, lo que hicimos fue parar que esto pasara, lo logramos con Zapopan, que lo voten primero en su cabildo y le den la cara a la gente por los aumentos, así dimos la batalla”.

En enero, Itzul Barrera presentó una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del aumento a las tarifas del SIAPA, logrando que bajen de la Comisión de Hacienda el aumento.

“Empezamos a recibir las notificaciones que los ayuntamientos querían hacer los aumentos a través del congreso, la subieron a la Comisión de Hacienda, convocamos a la sociedad para que supieran qué estaba pasando, porque hay una costumbre de votar en lo oscurito, nosotros hicimos un llamado a manifestarse con sus diputados, fue una sorpresa grande la cantidad de vecinos que se sumaron. No les dieron los votos para aumentar el aumento, decidieron bajarlo de la comisión, supongo que hasta que puedan negociar los votos, lo celebré como un triunfo, ganamos tiempo para que no se suba el servicio del agua y logramos hacer un bloque de oposición”.

En compañía de algunas legisladoras de oposición, ya plantean una reforma integral al SIAPA, consideran que es un organismo opaco, de mala calidad, y esperan que en lo que queda de año puedan tener noticias al respecto.

“Tenemos que presentar una reforma completa e integral al SIAPA, porque la manera en que se manejan los recursos es opaca, la manera en que hay una parte de las ciudades que no hay servicios, es una política que alguien decide que permanezca en desigualdad la mitad de la ciudad. Vamos a meter una propuesta de reforma la diputada Valeria Ávila, Tonátzin Cárdenas y su servidora, creo que contaremos con todo el apoyo de la oposición”, puntualizó.

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Mery Gómez Pozos: «Vamos a ganar Jalisco en el 2027»

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-Por Francisco Junco

Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.

En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.

Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.

Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.

Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.

VAMOS A GANAR EN EL 27”

En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.

Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.

SU CANDIDATURA PARA EL 2027

Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.

Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.

Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.

LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.

Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.

Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.

Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.

Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.

El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.

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La ley de amparo bajo fuego: El clamor de los empresarios de grúas

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-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.

Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.

Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.

Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.

En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.

GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?

Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.

GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?

JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.

GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?

JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.

GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?

JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.

GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?

JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.

GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?

JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.

Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?

GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?

JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.

GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?

JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.

GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.

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Sindicato amenaza con huelga en el Colegio de Bachilleres: Denuncian irregularidades y pagos incompletos

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-Por Francisco Junco

Más de mil maestros en Jalisco, sus familias y cerca de 18 mil estudiantes están en la antesala de una huelga. Y es que los docentes del Colegio de Bachilleres en Jalisco, representados por el Sindicato Único de Académicos (SUACOBAEJ), denuncian una serie de irregularidades en el pago de sus prestaciones y en la asignación de horas, así como una grave falta de diálogo con el director general, José Guadalupe Madera Godoy.

La molestia central, explicó a Conciencia Pública, José Manuel Navarro Yáñez, líder sindical del SUACOBAEJ, es que no se están respetando los derechos ya adquiridos por los trabajadores.

“No pedimos nada extra de lo que está ganado y plasmado en nuestras condiciones generales. Que se respete lo que son nuestras condiciones generales. Que se respete precisamente el derecho de los trabajadores. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo ni queremos decir que pedimos cosas de más. Solamente lo que ya se logró, lo que es”, afirmó.

Una de las principales inconformidades tiene que ver con el pago incompleto del bono del Día del Maestro. Aunque el contrato establece que deben recibir 15 días de sueldo tabular, sólo se pagó a algunos de forma parcial y variable.

El líder sindical explicó que, además del incumplimiento con el bono, tampoco se han realizado los pagos correspondientes a la prima de antigüedad que por ley corresponde a los maestros con más de cinco años de servicio, del 2 por ciento cada año.

“No se los está pagando tampoco. Y lo último que tuvimos en pláticas con el director general, Guadalupe Madera Godoy, es que simple y sencillamente no había dinero en el Colegio de Bachilleres. Que no hay dinero y que por eso no podían hacer esos pagos a los maestros que están trabajando en activo, que acabaron de terminar ese ciclo escolar y que sacaron a los alumnos adelante”, lamentó Navarro Yáñez.

Sin embargo, el líder sindical denunció que los gastos administrativos y de licitación continúan en el Colegio, lo que, en su opinión, demuestra que los recursos existen pero están siendo dirigidos a otras prioridades. Señaló que se han realizado inversiones menores pero constantes en remodelaciones y adquisiciones, mientras los pagos a docentes siguen pendientes.

Además, hay adeudos en el pago de despensas, que deberían ser de 750 pesos quincenales, pero en algunos casos apenas llegan a 300. A esto se suma la negativa de las autoridades para asignar más horas a los docentes y mejorar sus ingresos.

El sindicato acusa una intención clara de debilitar su representación y favorecer a un sindicato minoritario afín al director. “Ha tratado de hacer crecer a otro sindicato con menos de 100 afiliados, dándoles facilidades, incluso condicionando la recontratación de maestros temporales a que se afilien con ellos”, denunció Navarro Yáñez, quien agregó que esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales vigentes.

Este es uno de los señalamientos más delicados por parte del SUACOBAEJ, la presunta injerencia del director general, Guadalupe Madera Godoy, para favorecer al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SIDTCOBAEJ), encabezado por José Antonio Cabello Gil, a quien identifican como su amigo cercano.

Según el testimonio del secretario general, José Manuel Navarro Yáñez, esta relación ha derivado en acciones que perjudican a los docentes afiliados al sindicato mayoritario, como la asignación de horas y plazas a simpatizantes del SIDTCOBAEJ y el condicionamiento de recontrataciones para que los maestros temporales se afilien al sindicato afín al director.

El dirigente aseguró que ya se están documentando las pruebas para presentar nuevas denuncias ante las autoridades correspondientes.

El conflicto también incluye la sospecha de un uso indebido de recursos. Mientras se argumenta que no hay dinero para cumplir con los derechos laborales, el sindicato se enteró de que se pretenden destinar más de 250 millones de pesos para reinstalar a 95 docentes despedidos, cuyas demandas laborales ya prescribieron.

“Maestros que no se les está pagando en activo su sueldo como debe de ser correctamente, porque no hay dinero, pero sí quieren erogar para otra situación. No sabemos el interés que ahí haya en este sentido”, advierte Navarro.

La relación entre el sindicato y el director general prácticamente está rota. Desde mayo no han tenido diálogo directo. Las mesas de trabajo que se instalaron por instrucción de la Contraloría del Estado han sido inútiles.

“Desde mayo que no platicamos con él, fue en la instalación de esas mesas donde dejó a su gente. Obviamente se veía molesto precisamente porque estamos haciendo estas denuncias, pero de ahí en más no hemos vuelto a platicar con él. Fueron 10 minutos, 15 minutos los que estuvo ahí, nada más en la instalación, dejó a su gente”.

“Se fue, no hemos podido platicar ni siquiera de estos temas del presupuesto, de lo que falta que les paguen a los maestros. Y en las mesas de trabajo, pues son mesas de trabajo que no se han roto, porque tenemos la voluntad de trabajar, pero no nos dan resultados”, resaltó.

De continuar esta situación, el SUACOBAEJ planea seguir con las denuncias formales ante Contraloría, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si es necesario, llegar hasta el estallamiento de huelga. “Vamos a ir incrementando esta lucha poco a poco. Lo que buscamos es que se respete lo que está en nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo el líder sindical.

El llamado se dirige a las autoridades estatales, al propio gobernador Pablo Lemus y al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quienes ya fueron informados.

“Estamos hablando de mil docentes afectados en 166 planteles del estado. Si no se resuelve, también serán miles de estudiantes los que sufrirán las consecuencias”, concluyó Navarro Yáñez.

El conflicto se da en un contexto donde el COBAEJ enfrenta una caída significativa en la matrícula escolar. De tener entre 25,000 y 27,000 alumnos, actualmente el sistema atiende a alrededor de 18,000, distribuidos en 166 centros educativos, entre planteles, satélites y telebachilleratos. Navarro atribuye parte de esta baja a la gestión actual.

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