ENTREVISTAS
Sacuden a la transparencia en Jalisco: Asume Pablo Lemus el costo político de extinguir el ITEI
Por Mario Ávila //
La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por órdenes del Congreso local representa un severo retroceso en los avances que la entidad había conseguido en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.
El argumento oficial de una reestructuración para «optimizar recursos» no resiste el análisis frente a la clara intención política de los gobiernos federal y estatal, de debilitar a un órgano que podría resultar incómodo para el poder.
Durante más de dos décadas, el ITEI jugó un papel crucial como contrapeso institucional al exigir a gobiernos municipales, organismos autónomos y al propio Ejecutivo estatal cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Su eliminación deja a Jalisco expuesto a prácticas opacas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, justo cuando el escrutinio y la vigilancia social deberían fortalecerse, no desmantelarse.
Este movimiento no solo genera alarma entre organizaciones civiles y defensores del derecho a saber, sino que pone al gobernador Pablo Lemus en el centro de una tormenta política. Aunque el Congreso —dominado por su grupo— fue el ejecutor formal, es inevitable que el costo político recaiga sobre el mandatario. Su discurso de modernidad y apertura contrasta duramente con esta decisión regresiva, que ya ha sido calificada por diversos sectores como autoritaria y antidemocrática.
Pablo Lemus Navarro, quien apenas inicia su gestión como gobernador, arriesga su legitimidad al tolerar, e incluso alentar, acciones que minan la transparencia y la participación ciudadana. En lugar de fortalecer los mecanismos de vigilancia del poder, su administración opta por desmontarlos. El mensaje es claro: en Jalisco, la rendición de cuentas ya no es prioridad. El tiempo dirá si este golpe a la institucionalidad se convierte en una de las facturas más altas que tendrá que pagar el gobernador.
El análisis sobre el proceso de desaparición
Los integrantes de la LXIV Legislatura de Jalisco no tenían muchas opciones para homologar la ley estatal con la federal, en materia de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en opinión del maestro en transparencia y protección de datos por la UdeG, Julio A. Ríos Gutiérrez, optaron por la más fácil, “que fue copiar y pegar para llevar la fiesta en paz con el gobierno federal”.
Esto explica por qué no se vieron más atrevidos los legisladores y optaron por ceder la posición de vanguardia que la entidad tenía a nivel nacional, en materia de transparencia, ya que antes que a nivel federal, fue en Jalisco donde se creó la primera ley en la materia en los primeros años del presente siglo.
Fueron los votos de los diputados de MC, Morena y sus partidos aliados, los que lograron la reforma constitucional, en contra de las posturas de los diputados de PAN y PRI, quienes se opusieron al dictamen, pese a los cambios de última hora que se registraron, como fue el hecho de extender por 90 días la vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Para el también profesor investigador de la UdeG, Julio Ríos, era lógica la postura de los diputados del PAN y del PRI, ya que fue la misma que asumieron a nivel federal cuando se declaró la extinción del INAI.
Y dijo entenderla aún más, ya que se sabe que fue en gobiernos del PAN a nivel federal y estatal, cuando nació la Ley de Transparencia gracias a que ellos mismos la impulsaron, “aunque habrá que reconocer que estos órganos autónomos en el camino se fueron desdibujando”.
Sin embargo, de lo sí dijo extrañarse, fue de la declaración del senador del PAN por Jalisco, el ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, “quien manifestó su indignación por haber exterminado a estos organismos en el país, cuando todos recordamos que una de las primeras polémicas fue cuando él mismo se negó, siendo gobernador, a revelar su sueldo, tema por el que incluso fue multado y obligado a cumplir con la ley vigente”, recordó.
Sobre las opciones que la legislatura de Jalisco tenía para cumplir con la obligación de homologar la ley estatal con la federal en materia de transparencia, el investigador y académico Julio Ríos, planteó: “Los diputados nada más tenían de tres sopas: 1.- La comodidad de copiar y pegar, 2.- La prudencia, que nos hace pensar que no buscaban rebasar el límite jurídico, pensando en hilar fino en las leyes secundarias y 3.- Llevar la fiesta en paz y en armonía con el gobierno federal”.
Urge crear también una Agencia Protección de Datos Personales
El maestro Julio A. Ríos Gutiérrez, admitió que esta enmienda legal realizada en su opinión, ‘contra reloj y sobre las rodillas’, deja a Jalisco rezagado en materia de transparencia y “se perdió esa oportunidad en el estado, de realizar una reforma constitucional de vanguardia”.
No obstante al mismo tiempo planteó que aún hay opción de pensar en positivo y contemplar la posibilidad de que “sí se puede enmendar el camino, ojalá se puedan dar las condiciones para la creación de un consejo consultivo fuerte; y la otra también, es que la Contraloría está sobrecargada de chamba, por lo que si queremos realmente ser vanguardistas, hay que crear no solo un órgano desconcentrado de transparencia, como se hizo a nivel nacional con la creación del órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo.
“Aquí también, la contraloría debería hacer lo mismo, y no solo eso, sino que también se debería contemplar la posibilidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, porque ese tema es bien delicado y requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo al 100 por ciento, porque una vulneración de datos personales puede afectar la vida cotidiana de una persona, su patrimonio o su seguridad”.
Insistió Ríos Gutiérrez, en que la Contraloría ya tiene muchas otras tareas, como revisar declaraciones patrimoniales, cuentas públicas, gastos, para también resolver solicitudes de transparencia, y todavía encargarse de los datos personales, “me parece excesivo, demasiado, un trabajo sobrecargado y yo creo que sí tendría que si se podría aprovechar el profesionalismo de los empleados del ITEI, ya que muchos de ellos tienen posgrados y una preparación que se hizo durante más de 20 años.
“Por ello, bien se los pudieran llevar a la Contraloría y a estas instituciones que también van a ejercer las funciones que antes hacía el ITEI, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, si se trata de información relacionada con organismos sindicales o autoridades laborales; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, si se trata de solicitudes de información que tengan que ver con los gastos de los partidos políticos o de los órganos electorales o las propias Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que las Unidades de Transparencia de los gobiernos municipales”, expuso el también analista político, Julio Ríos.
Desatendieron diputados la voz del grupo “Compromiso Jalisco”
Sin embargo, una de los grandes errores al momento de legislar esta nueva ley, en opinión del maestro en Transparencia, Julio Ríos, fue el hecho de desatender las sugerencias y las opiniones de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, en donde pedían legislar para hoy, pero con visión de futuro, a partir de los sujetos obligados de estos derechos.
También plantearon los expertos en la materia, entre los que destacan periodistas y académicos, que el modelo de nueva ley que se planteó como reforma constitucional para Jalisco, vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Particularmente demandaban: 1.- Participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, como parte del subsistema nacional; 2.- Fortalecimiento de los órganos de control y 3.- Nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero del 2026 alno contar con las respectivas leyes secundarias.
Sobre los oídos sordos del Congreso a la voz de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, Julio Ríos recordó que ya se veía venir desde el pasado 11 de abril, cuando fueron invitados para escuchar el resultado de las 15 mesas de gobernanza que se compilaron en un documento de 186 páginas, pero al iniciar el acto, los diputados solo inauguraron el encuentro y abandonaron la sesión dejando en su representación a sus asesores.
Se les hizo ver que sí habían algunas alternativas se realizaron 15 mesas de gobernanza se aglutinó todo en una memoria histórica documental de 186 páginas donde la ciudadanía puede consultar todas las propuestas que hicimos y todo eso fue ninguneado.
No hay que olvidar el dominioso título del 11 de abril cuando se le invitó a los especialistas a que en el congreso del estado supuestamente nos iban a escuchar los diputados para que vieran las ideas y lo que ellos tenían como inquietud y resulta que se les invita comienza la reunión lo inauguran y de inmediato los diputados lo que hacen es irse y dejan votados a los invitados hablando solos.
Eso ya era la antesala de lo que venía nada de esto fue incorporado se le hizo creer a la sociedad que no había de otra cuando bien se podían incorporar algunos otros temas al menos no es triunfalismo pero se logró de cuatro cosas que se estaban pidiendo para la reforma constitucional se logró meter dos a medias una que fue el plazo de que litei todavía sobreviva en su agonía tres meses más.
lo que se pretendía era que en cuanto entrara el decreto del té y dejara de existir y que hubiera una pausa de 180 días en los cuales los diputados iban a darse el tiempo para avalar las leyes secundarias que no nada más es la ley de transparencia y protección de datos son 19 leyes que tienen que ver y mucho se cree que solo es la ley de transparencia que regula la transparencia cuando no hay muchas que se ven impactadas.
Serían 180 días cuando los ciudadanos si se querían quejar no iban a poder porque la contraloría si bien ya tiene las atribuciones por mandato lo que no era justificable es el limbo de 180 días y en ese espacio la contraloría no iba a tener ni capital humano ni estructura ni mucho menos mecanismos ni plazos marcados en ninguna ley porque no hay ley secundaria lo que se logró es que al menos en estos 90 días los diputados metan el acelerador trabaja en las leyes secundarias y ahora sí al terminar los 90 días a Dios citay Y ya la contraloría tendría mecanismos claros y certidumbre para los la respuesta a los ciudadanos que quieran quejarse.
y lo segundo que se logró fue lo del personal que al menos en lugar de echarlos a la calle se consiguió que se hicieran responsables.
Faltó lo del presupuesto irreductible para las autoridades garantes antes se llamaba órgano garante hoy serán autoridades garantes porque será juez y parte de aquí en adelante los gobiernos en este caso la contraloría si tú presentas una solicitud ante la secretaría de educación de Jalisco y no te contesta ya no te vas a quejar ante el Ita y te vas a quejar ante la contraloría o si el ayuntamiento no te da una información te vas a quejar ante la contraloría esa será la instancia.
Lo que sí se necesitaba era el presupuesto reductible para la contraloría no quedó en la constitución en una ley secundaria esos temas del presupuesto no se plasman.
«Y lo otro que no entró y que trataré de no extenderme es el consejo consultivo sería muy adecuado y así lo estaba trabajando los expertos que estuviera plasmado en la reforma constitucional prometen dicen los diputados que van a hilar fino que van a ponerlo a las leyes secundarias y que ahí lo harán».
«Lo que se propone es que ese consejo consultivo que por cierto era honorífico y ojalá sigue siendo honorífico porque tampoco se trata de meter más carga burocrática, de por sí que esto fue lo que marcó el epitafio de estos órganos institucionales. Hay que ser autocríticos, a nivel federal en transparencia estuvieron muy alejados de la ciudadanía y al final convirtieron en un palacio de cristal al INAI. Hubo excesos de presupuestalesm eso no lo vamos a negar y eso fue lo que motivó esta reforma».
«Lo que el consejo consultivo debería hacer es fortalecerse, ya existen Jalisco, pero lo que muchos estamos diciendo es que se amplíe a otros usuarios de la información pública. Hay gente, no solo los periodistas y académicos, interesados en que haya una transparencia efectiva, también las madres desaparecidos los colectivos de víctimas de violencia los ambientalistas los líderes sociales y comunitarios y rurales y también por supuesto requieren de una transparencia afectiva».
«Yo soy de los que cree que también deben de estar representados en un consejo consultivo en la reforma constitucional. Al menos debió venir alguna frase que dijera que el consejo consultivo deberá tener una representación plural amplia y que quedar en la Constitución, porque si no a las leyes secundarias va a ser muy fácil que luego las vayan a manosear, pero ojalá y la ley secundaria, me refiero en futuras legislaturas, que lo pudieran anunciar, pero ojalá y que en esta legislatura al menos quede en la ley secundaria esto que te digo del consejo consultivo fuerte, que al final fue ninguneado porque ellos se encargaban de hacerlo».
«Las evaluaciones para los candidatos a comisionados y en el último proceso los ningunearon, se pasaron por el arco del triunfo sus evaluaciones, se sacaron de la manga los diputados y por eso se judicializó, se ampararon varios participantes y por eso duró casi dos años con dos integrantes y sin presidenta hasta que luego ya se destrabó».
«Pero también tiene que ser respetado, lo ideal es que este consejo consultivo si bien su recomendaciones no fueran vinculantes al menos la contraloría sí estuviera obligada a responderles, como una recomendación de derechos humanos. Que responda porque sí o por qué no las va a atender o hacer suyas pero que al menos las responda es algo de lo que se está buscando y eso no quedó en la constitución», agregó Ríos.
«Y mucho cuidado y también lo que se tiene que hacer en estos próximos tres meses con un ojo al gato y otro al garabato es decir mientras los legisladores legislan que ya también no le llegue el agua al cuello a las instituciones como la Contraloría del Estado, el Tribunal de Arbitraje, el IEPC, el Poder Judicial con su contraloría y la del Poder Legislativo. Que no les llegue el agua al cuello y que no pase como con el sisema de justicia penal adversarial, que tuvieron años para prepararse y ahora resulta que cuando llegó el momento ni preparados estaban», explicó.
«Ahorita son tres meses. pero ya se tienen que ir capacitando para que puedan hacer esta función y atiendan a la ciudadanía con otro enfoque más cercano, más humano, y los municipios también preocupan, porque hay municipios que tienen una o dos personas en su unidad de transparencia».
Hace 34 años se hizo un estudio y se encontraron que en algunas unidades de transparencia tienen a nutriólogos o veterinarios al frente. «Mis respetos para esas profesiones pero yo creo que hay otras oficinas más acordes a esos perfiles y profesiones, no tiene suficiente gente y no tienen capacitación y a quien se lo cargaban era al ITEI, quienes tenían un Centro de estudios de la información y hasta pososgrados y diplomados, tenían incluso un doctorado, ya al final y eso ya desapareció».
«Precisamente ahora en 2025 se cumplían los 20 años de cuando estaba a gusto Valencia que por cierto me sorprendió ver que Ramírez Acuña estaba rasgándose las vestiduras por la desaparición de Lite cuando fue él quien se resistió y hasta se amparo porque no quería dar a conocer su salario por una resolución del ITEI».
Primero se oye triste pero no debería de sorprendernos la forma en la que se conducen los diputados, siempre los temas importantes los dejan al cuarto para las 12 y al final en extraordinarias con dictámenes hechos en las rodillas.
Es notorio que han esgrimido una narrativa en la que hicieron creer que no había de otra, que Jalisco estaba contra la pared, que se tenía que acatar a pie juntillas la reforma al estilo de la federal, cuando claramente un grupo de expertos y otros que no estaban en ese grupo, les hicieron ver que había margen de maniobra para que la entidad honrara esa histórica misión como un estado vanguardista en materia de transparencia, y después protector de datos personales, como muchos se llenaron la boca en presumirlo.
«Lo malo es que se va a atomizar el tema de la transparencia, porque habrá otros entes públicos que tienen que hacer labores que antes hacía el ITEI. Te pongo tres ejemplos muy claros: el Tribunal de Arbitrahe y Escalafón, donde yo dudo que ahorita tengan esa capacitación para atender al ciudadano con un proceso expedito, con un proceso de lenguaje sencillo, cuando sabemos que son tribunales en los cuales se hacen sentencias que parecen escritas en latín o en sánscrito».
«Si tú tienes una queja contra un sindicato que recibe recursos públicos es ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ellos tienen que hacer esa labor que hacía lista y con los sindicatos o en el caso de los partidos políticos el IEPC ahora tiene funciones que tenía el ITEI. En una queja en contra de un partido se sabe que los órganos electorales también tienen su corazoncito, entonces algunos dependiendo el partido o dependiendo de quién les echó la mano para llegar al consejo electoral, ya ves cómo se han conducido ahí habrá algunos bemoles».
«Jalisco fue vanguardia a nivel nacional tuvo su ley antes de que naciera a nivel nacional con esto cambiamos el papel y nos vemos rezagados, ya no somos la punta de la locomotora sino el cabús de la misma».
No solo tuvo la primera ley, hay un dato que a muchos se les va que hubo antes de la ley estatal .mucho antes del 2002, fue en el 2001 anterior a la ley estatal. Hubo un reglamento municipal, el primer ordenamiento a nivel nacional, en Guadalajara, para crear un Consejo de Transparencia que era encabezado por el sacerdote Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre «Chuchín».
-Por Francisco Junco
Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.
“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.
Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.
Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.
“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.
Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.
“VAMOS A GANAR EN EL 27”
En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.
Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.
SU CANDIDATURA PARA EL 2027
Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.
Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.
“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.
Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.
Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.
LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA
Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.
“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.
Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.
Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.
“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.
El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.
Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.
Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.
Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.
En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.
GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?
Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.
GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?
JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.
GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?
JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.
GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?
JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.
GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?
JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.
GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?
JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.
Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?
GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?
JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.
GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?
JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.
GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.
ENTREVISTAS
Sindicato amenaza con huelga en el Colegio de Bachilleres: Denuncian irregularidades y pagos incompletos
-Por Francisco Junco
Más de mil maestros en Jalisco, sus familias y cerca de 18 mil estudiantes están en la antesala de una huelga. Y es que los docentes del Colegio de Bachilleres en Jalisco, representados por el Sindicato Único de Académicos (SUACOBAEJ), denuncian una serie de irregularidades en el pago de sus prestaciones y en la asignación de horas, así como una grave falta de diálogo con el director general, José Guadalupe Madera Godoy.
La molestia central, explicó a Conciencia Pública, José Manuel Navarro Yáñez, líder sindical del SUACOBAEJ, es que no se están respetando los derechos ya adquiridos por los trabajadores.
“No pedimos nada extra de lo que está ganado y plasmado en nuestras condiciones generales. Que se respete lo que son nuestras condiciones generales. Que se respete precisamente el derecho de los trabajadores. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo ni queremos decir que pedimos cosas de más. Solamente lo que ya se logró, lo que es”, afirmó.
Una de las principales inconformidades tiene que ver con el pago incompleto del bono del Día del Maestro. Aunque el contrato establece que deben recibir 15 días de sueldo tabular, sólo se pagó a algunos de forma parcial y variable.
El líder sindical explicó que, además del incumplimiento con el bono, tampoco se han realizado los pagos correspondientes a la prima de antigüedad que por ley corresponde a los maestros con más de cinco años de servicio, del 2 por ciento cada año.
“No se los está pagando tampoco. Y lo último que tuvimos en pláticas con el director general, Guadalupe Madera Godoy, es que simple y sencillamente no había dinero en el Colegio de Bachilleres. Que no hay dinero y que por eso no podían hacer esos pagos a los maestros que están trabajando en activo, que acabaron de terminar ese ciclo escolar y que sacaron a los alumnos adelante”, lamentó Navarro Yáñez.
Sin embargo, el líder sindical denunció que los gastos administrativos y de licitación continúan en el Colegio, lo que, en su opinión, demuestra que los recursos existen pero están siendo dirigidos a otras prioridades. Señaló que se han realizado inversiones menores pero constantes en remodelaciones y adquisiciones, mientras los pagos a docentes siguen pendientes.
Además, hay adeudos en el pago de despensas, que deberían ser de 750 pesos quincenales, pero en algunos casos apenas llegan a 300. A esto se suma la negativa de las autoridades para asignar más horas a los docentes y mejorar sus ingresos.
El sindicato acusa una intención clara de debilitar su representación y favorecer a un sindicato minoritario afín al director. “Ha tratado de hacer crecer a otro sindicato con menos de 100 afiliados, dándoles facilidades, incluso condicionando la recontratación de maestros temporales a que se afilien con ellos”, denunció Navarro Yáñez, quien agregó que esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales vigentes.
Este es uno de los señalamientos más delicados por parte del SUACOBAEJ, la presunta injerencia del director general, Guadalupe Madera Godoy, para favorecer al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SIDTCOBAEJ), encabezado por José Antonio Cabello Gil, a quien identifican como su amigo cercano.
Según el testimonio del secretario general, José Manuel Navarro Yáñez, esta relación ha derivado en acciones que perjudican a los docentes afiliados al sindicato mayoritario, como la asignación de horas y plazas a simpatizantes del SIDTCOBAEJ y el condicionamiento de recontrataciones para que los maestros temporales se afilien al sindicato afín al director.
El dirigente aseguró que ya se están documentando las pruebas para presentar nuevas denuncias ante las autoridades correspondientes.
El conflicto también incluye la sospecha de un uso indebido de recursos. Mientras se argumenta que no hay dinero para cumplir con los derechos laborales, el sindicato se enteró de que se pretenden destinar más de 250 millones de pesos para reinstalar a 95 docentes despedidos, cuyas demandas laborales ya prescribieron.
“Maestros que no se les está pagando en activo su sueldo como debe de ser correctamente, porque no hay dinero, pero sí quieren erogar para otra situación. No sabemos el interés que ahí haya en este sentido”, advierte Navarro.
La relación entre el sindicato y el director general prácticamente está rota. Desde mayo no han tenido diálogo directo. Las mesas de trabajo que se instalaron por instrucción de la Contraloría del Estado han sido inútiles.
“Desde mayo que no platicamos con él, fue en la instalación de esas mesas donde dejó a su gente. Obviamente se veía molesto precisamente porque estamos haciendo estas denuncias, pero de ahí en más no hemos vuelto a platicar con él. Fueron 10 minutos, 15 minutos los que estuvo ahí, nada más en la instalación, dejó a su gente”.
“Se fue, no hemos podido platicar ni siquiera de estos temas del presupuesto, de lo que falta que les paguen a los maestros. Y en las mesas de trabajo, pues son mesas de trabajo que no se han roto, porque tenemos la voluntad de trabajar, pero no nos dan resultados”, resaltó.
De continuar esta situación, el SUACOBAEJ planea seguir con las denuncias formales ante Contraloría, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si es necesario, llegar hasta el estallamiento de huelga. “Vamos a ir incrementando esta lucha poco a poco. Lo que buscamos es que se respete lo que está en nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo el líder sindical.
El llamado se dirige a las autoridades estatales, al propio gobernador Pablo Lemus y al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quienes ya fueron informados.
“Estamos hablando de mil docentes afectados en 166 planteles del estado. Si no se resuelve, también serán miles de estudiantes los que sufrirán las consecuencias”, concluyó Navarro Yáñez.
El conflicto se da en un contexto donde el COBAEJ enfrenta una caída significativa en la matrícula escolar. De tener entre 25,000 y 27,000 alumnos, actualmente el sistema atiende a alrededor de 18,000, distribuidos en 166 centros educativos, entre planteles, satélites y telebachilleratos. Navarro atribuye parte de esta baja a la gestión actual.
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