-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.

Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.

Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.

Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.

En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.

GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?

Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.

GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?

JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.

GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?

JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.

GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?

JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.

GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?

JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.

GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?

JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.

Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?

GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?

JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.

GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?

JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.

GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.

-Por Francisco Junco

Más de mil maestros en Jalisco, sus familias y cerca de 18 mil estudiantes están en la antesala de una huelga. Y es que los docentes del Colegio de Bachilleres en Jalisco, representados por el Sindicato Único de Académicos (SUACOBAEJ), denuncian una serie de irregularidades en el pago de sus prestaciones y en la asignación de horas, así como una grave falta de diálogo con el director general, José Guadalupe Madera Godoy.

La molestia central, explicó a Conciencia Pública, José Manuel Navarro Yáñez, líder sindical del SUACOBAEJ, es que no se están respetando los derechos ya adquiridos por los trabajadores.

“No pedimos nada extra de lo que está ganado y plasmado en nuestras condiciones generales. Que se respete lo que son nuestras condiciones generales. Que se respete precisamente el derecho de los trabajadores. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo ni queremos decir que pedimos cosas de más. Solamente lo que ya se logró, lo que es”, afirmó.

Una de las principales inconformidades tiene que ver con el pago incompleto del bono del Día del Maestro. Aunque el contrato establece que deben recibir 15 días de sueldo tabular, sólo se pagó a algunos de forma parcial y variable.

El líder sindical explicó que, además del incumplimiento con el bono, tampoco se han realizado los pagos correspondientes a la prima de antigüedad que por ley corresponde a los maestros con más de cinco años de servicio, del 2 por ciento cada año.

“No se los está pagando tampoco. Y lo último que tuvimos en pláticas con el director general, Guadalupe Madera Godoy, es que simple y sencillamente no había dinero en el Colegio de Bachilleres. Que no hay dinero y que por eso no podían hacer esos pagos a los maestros que están trabajando en activo, que acabaron de terminar ese ciclo escolar y que sacaron a los alumnos adelante”, lamentó Navarro Yáñez.

Sin embargo, el líder sindical denunció que los gastos administrativos y de licitación continúan en el Colegio, lo que, en su opinión, demuestra que los recursos existen pero están siendo dirigidos a otras prioridades. Señaló que se han realizado inversiones menores pero constantes en remodelaciones y adquisiciones, mientras los pagos a docentes siguen pendientes.

Además, hay adeudos en el pago de despensas, que deberían ser de 750 pesos quincenales, pero en algunos casos apenas llegan a 300. A esto se suma la negativa de las autoridades para asignar más horas a los docentes y mejorar sus ingresos.

El sindicato acusa una intención clara de debilitar su representación y favorecer a un sindicato minoritario afín al director. “Ha tratado de hacer crecer a otro sindicato con menos de 100 afiliados, dándoles facilidades, incluso condicionando la recontratación de maestros temporales a que se afilien con ellos”, denunció Navarro Yáñez, quien agregó que esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales vigentes.

Este es uno de los señalamientos más delicados por parte del SUACOBAEJ, la presunta injerencia del director general, Guadalupe Madera Godoy, para favorecer al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SIDTCOBAEJ), encabezado por José Antonio Cabello Gil, a quien identifican como su amigo cercano.

Según el testimonio del secretario general, José Manuel Navarro Yáñez, esta relación ha derivado en acciones que perjudican a los docentes afiliados al sindicato mayoritario, como la asignación de horas y plazas a simpatizantes del SIDTCOBAEJ y el condicionamiento de recontrataciones para que los maestros temporales se afilien al sindicato afín al director.

El dirigente aseguró que ya se están documentando las pruebas para presentar nuevas denuncias ante las autoridades correspondientes.

El conflicto también incluye la sospecha de un uso indebido de recursos. Mientras se argumenta que no hay dinero para cumplir con los derechos laborales, el sindicato se enteró de que se pretenden destinar más de 250 millones de pesos para reinstalar a 95 docentes despedidos, cuyas demandas laborales ya prescribieron.

“Maestros que no se les está pagando en activo su sueldo como debe de ser correctamente, porque no hay dinero, pero sí quieren erogar para otra situación. No sabemos el interés que ahí haya en este sentido”, advierte Navarro.

La relación entre el sindicato y el director general prácticamente está rota. Desde mayo no han tenido diálogo directo. Las mesas de trabajo que se instalaron por instrucción de la Contraloría del Estado han sido inútiles.

“Desde mayo que no platicamos con él, fue en la instalación de esas mesas donde dejó a su gente. Obviamente se veía molesto precisamente porque estamos haciendo estas denuncias, pero de ahí en más no hemos vuelto a platicar con él. Fueron 10 minutos, 15 minutos los que estuvo ahí, nada más en la instalación, dejó a su gente”.

“Se fue, no hemos podido platicar ni siquiera de estos temas del presupuesto, de lo que falta que les paguen a los maestros. Y en las mesas de trabajo, pues son mesas de trabajo que no se han roto, porque tenemos la voluntad de trabajar, pero no nos dan resultados”, resaltó.

De continuar esta situación, el SUACOBAEJ planea seguir con las denuncias formales ante Contraloría, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si es necesario, llegar hasta el estallamiento de huelga. “Vamos a ir incrementando esta lucha poco a poco. Lo que buscamos es que se respete lo que está en nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo el líder sindical.

El llamado se dirige a las autoridades estatales, al propio gobernador Pablo Lemus y al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quienes ya fueron informados.

“Estamos hablando de mil docentes afectados en 166 planteles del estado. Si no se resuelve, también serán miles de estudiantes los que sufrirán las consecuencias”, concluyó Navarro Yáñez.

El conflicto se da en un contexto donde el COBAEJ enfrenta una caída significativa en la matrícula escolar. De tener entre 25,000 y 27,000 alumnos, actualmente el sistema atiende a alrededor de 18,000, distribuidos en 166 centros educativos, entre planteles, satélites y telebachilleratos. Navarro atribuye parte de esta baja a la gestión actual.

-Por Gabriel Ibarra Bourjac

¿Debe desaparecer el SIAPA? – le preguntó a José Plascencia Casillas, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. “Es rescatable, pero requiere un cambio total”, responde.

“Se requiere una reingeniería de fondo con un plan integral, porque de lo contrario, solo prolongamos la agonía del SIAPA. Es hora de actuar con responsabilidad para proteger a los seis millones de habitantes de la Zona Metropolitana”, asienta.

“Se debe revisar el número de empleados, sus funciones y sueldos, y contratar personal técnico y financiero capacitado”, añade.

¿Rescatar o desaparecer el SIAPA?

Ante las voces que piden la desaparición del SIAPA, Plascencia apuesta por una reingeniería integral, pero reconoce que falta voluntad política y apunta que los presidentes municipales de la Zona Metropolitana tienen una gran responsabilidad que han abandonado y han dejado al organismo en manos del Ejecutivo del Estado. Es hora de actuar con sentido de responsabilidad

Criticó que el SIAPA se haya convertido en una “agencia de colocación” para favores políticos, con directivos sin experiencia técnica, como ocurrió en administraciones pasadas.

La transparencia es otro desafío. “No sabemos cuánto debe el SIAPA, cuánto se destina a nómina o a químicos para el tratamiento del agua”, señaló Plascencia. La información disponible en la página del SIAPA es insuficiente y poco clara, lo que alimenta la desconfianza ciudadana.

Además, propuestas populistas como bajar tarifas no resuelven el problema, ya que el organismo depende principalmente de los pagos de los usuarios, no de impuestos.

El Ing. José Plascencia, experto en infraestructura hidráulica con años de experiencia trabajando con el SIAPA como contratista, ofreció un diagnóstico crudo sobre la situación, señalando la obsolescencia de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la politización como las principales causas de un colapso que se refleja en agua contaminada, fugas constantes y tragedias por inundaciones.

Un llamado a la acción

Plascencia estima que rescatar el SIAPA tomaría tres años con voluntad política y un enfoque técnico. “No se trata de buenas intenciones, sino de un plan con metas claras”, insistió. La crisis no solo afecta la calidad del agua, sino la seguridad de la ciudad, como lo demuestran las inundaciones.

La solución requiere un organismo ciudadano, libre de politización, con expertos en ingeniería, finanzas y administración.

Soluciones a corto y largo plazo

Para abordar la crisis, Plascencia Casillas propone acciones a corto y largo plazo. A corto plazo, se deben atender emergencias como las inundaciones en zonas como Plaza del Sol, implementando sistemas de retención de agua similares a los de Parque San Rafael.

A largo plazo, urge un plan maestro, como el PROMIAR, que priorice colectores profundos y drenajes para desalojar el agua hacia barrancas. “No basta con obras aisladas; necesitamos un plan integral”, insistió.

El ingeniero también llamó a los alcaldes a asumir su responsabilidad conforme al artículo 115 constitucional, en lugar de delegar todo al Ejecutivo estatal. “El SIAPA no debe ser un tema político, sino técnico”, subrayó, abogando por foros con expertos que conozcan el sistema hidráulico de Jalisco para tomar decisiones informadas.

José Plascencia coincide con otros técnicos y especialistas en que hoy en el SIAPA se enfrenta la peor crisis de su historia, marcada por problemas financieros, técnicos y administrativos que comprometen el suministro de agua y la seguridad de los seis millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Un organismo obeso y disfuncional

El SIAPA, creado en 1978 como un organismo técnico, se ha transformado en una entidad obesa y politizada. Según Plascencia, el problema administrativo radica en el exceso de personal no especializado, con cuadrillas ineficientes que tardan meses en realizar mantenimientos que antes se delegaban a empresas especializadas.

“El SIAPA pensó que internalizar el mantenimiento sería más barato, pero el sistema es obsoleto, con cuadrillas que no dan abasto”, explicó. Esta ineficiencia se traduce en socavones, redes colapsadas y un servicio deficiente que afecta a los usuarios.

El sindicato, con prestaciones “desorbitadas”, ejerce una presión adicional, comparable a lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro, donde el crecimiento desmedido llevó a su disolución. “El SIAPA tiene mucha gente, pero está desaprovechada, y el gasto corriente consume los recursos destinados al mantenimiento”, afirmó Plascencia.

Financieramente, el organismo arrastra deudas acumuladas durante años, agravadas por la falta de gestión para obtener recursos federales y la incapacidad de operar plantas de tratamiento, como la del Ahogado.

La mala calidad del agua

La calidad del agua es otro punto crítico. El lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento, llega contaminado por desechos industriales, agrícolas y mineros provenientes del río Lerma y el canal de Atequiza. Aunque existen plantas de tratamiento, los municipios carecen de capacidad para operarlas, y el SIAPA no ha invertido en modernizarlas.

“El agua de Chapala está más contaminada, y las plantas no funcionan adecuadamente”, señaló Plascencia, destacando la falta de interés de los últimos gobiernos en abordar el problema.

Proyectos clave que pudieron haber transformado el sistema hidráulico de Jalisco, como la presa de Arcediano o el sistema de Zapotillo, se perdieron por conflictos políticos y errores estratégicos. “Con Arcediano, hubiéramos tenido un sistema de agua limpio y eficiente”, lamentó el ingeniero. La falta de visión a largo plazo y la politización de decisiones han dejado a Guadalajara con un acueducto disfuncional y pozos que se agotan, especialmente en el norte de la ciudad.

Infraestructura rebasada y tragedias evitables

La infraestructura hidráulica de Guadalajara está colapsada. El último colector importante, construido en 1974, no ha sido renovado, a pesar de que la población se ha duplicado. Esto ha resultado en inundaciones recurrentes, como las de este temporal, que han dejado siete muertos y un desaparecido.

“El SIAPA apaga fuegos diariamente, sin un plan de mantenimiento preventivo”, explicó Plascencia. Un ejemplo es el socavón en el Malecón, causado por tuberías de mala calidad, un problema recurrente que pone en riesgo vidas.

Las fugas, aunque no alcanzan el 30% como se dice, son un problema constante debido al envejecimiento de las redes y la falta de revisiones periódicas. El SIAPA cuenta con herramientas como cámaras y sistemas métricos para detectar fugas, pero no las utiliza eficientemente.

“Es necesario cambiar redes obsoletas y priorizar el mantenimiento, pero no hay una estrategia clara”, afirmó.

El papel del director actual

Sobre el actual director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba y del secretario de Gestión Integral del Agua del Estado, Ernesto Marroquín, Plascencia Casillas reconoció que son funcionarios con experiencia en el sector hidráulico, pero pidió resultados concretos. “Necesitan gestionar recursos sin temor y comprometerse con metas medibles: mejorar la calidad del agua, reducir fugas y agilizar la atención ciudadana”, afirmó.

Sin un plan claro, los recursos, como los 9,000 millones de pesos mencionados por el gobernador Lemus, se pueden diluir sin impacto real, como ha sucedido con otras inversiones del pasado reciente.

En conclusión, señala José Plascencia Casillas, “la crisis del SIAPA es un reflejo de décadas de abandono, politización y falta de visión. Guadalajara merece un sistema hidráulico eficiente que garantice agua de calidad y prevenga tragedias. Urge una reingeniería que priorice la transparencia, la inversión en infraestructura y la contratación de personal calificado”.

Como advirtió Plascencia, “sin un plan integral, solo prolongamos la agonía del SIAPA”. Es hora de actuar con responsabilidad para proteger a los seis millones de habitantes de la zona metropolitana.