ENTREVISTAS
Falso que en Jalisco se oculten desaparecidos para no dañar la imagen del Mundial
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
Como desafortunada calificó el titular de la Comisión de Búsqueda de personas en Jalisco (COBUPEJ), Víctor Hugo Ávila Barrientos la afirmación del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero de que Jalisco podría estar ocultando desaparecidos para no dañar la imagen del Mundial de Futbol.
Al rechazar en forma categórica este señalamiento, expresó que “cuando una persona reporta una desaparición, recibe una constancia de registro. Con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) ocurre lo mismo. Es un documento oficial que no se puede deshacer. Todo está en nuestra página, accesible y público”, argumenta Víctor Hugo Ávila Barrientos.
“La transparencia de los registros, disponibles para consulta, desmiente cualquier intento de ocultar datos”, remarcó Víctor Hugo Ávila al solicitar derecho de réplica a Conciencia Pública para hacer precisiones en torno a lo señalado por el académico Víctor Manuel González Romero en la edición anterior (Número 800 de Conciencia Públicas).
Firmada por el reportero Mario Ávila la nota publicada el pasado 27 de julio en Conciencia, se esaltó: “Ahora, la mayor preocupación del ex rector de la UdeG, González Romero, es que con la cercanía de la Copa del Mundo 2026, en la que Jalisco será anfitrión, “van a desaparecer más aún a los desaparecidos, me preocupa que con este evento internacional las autoridades consideran que la cédula se ven feas y cuando peguen los colectivos cédulas las van a desaparecer cuando lo que deberían hacer es otra cosa”.
En la entrevista Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, responde a las afirmaciones del investigador Víctor Manuel González Romero, quien señaló a Jalisco como líder nacional en desaparecidos e impunidad.
Víctor Hugo Ávila aborda estas críticas con datos, transparencia y un enfoque humanitario, destacando los esfuerzos de la Comisión para localizar personas, prevenir violencias y garantizar información pública.
En un contexto de dolor y complejidad, la Comisión se posiciona como un pilar de confianza para las familias, dijo.
JALISCO Y EL LIDERAZGO EN DESAPARECIDOS
Víctor Manuel González Romero afirmó que Jalisco lidera en número de desaparecidos e impunidad, con un promedio de 3,000 casos anuales. Ávila no refuta la cifra, confirmando que, con ligeras variaciones, el estado registra alrededor de 3,000 desapariciones por año.
Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, al 30 de junio de 2025, se reportan 19,063 personas localizadas y 15,728 aún desaparecidas desde diciembre de 2018. Sin embargo, Ávila enfatiza que la Comisión trabaja intensamente para reducir estas cifras, con estrategias que combinan tecnología, análisis contextual y colaboración con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD).
“Los números son claros y están disponibles en nuestra página. No negamos la magnitud del problema, pero estamos actuando con transparencia y compromiso”, asegura.
El Registro Estatal, a diferencia del nacional, cruza datos con la (FEPD) y usa algoritmos para evitar duplicaciones, ofreciendo una imagen más precisa de la realidad en Jalisco.
Ávila reconoce que el Registro Nacional presenta fallas técnicas, como duplicaciones (ejemplo el caso de un italiano registrado ocho veces), y la Comisión trabaja con la Comisión Nacional para corregirlas antes de cargar datos previos a marzo de 2025.
DIFUSIÓN DE CÉDULAS DE BÚSQUEDA
El investigador criticó la falta de difusión de las cédulas de búsqueda, sugiriendo que solo se publican en la página de Facebook de la Comisión. Ávila Barrientos desmiente esto, detallando que las cédulas se exhiben en pantallas de estaciones de Mi Tren, Mi Macro y paradas de camiones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en recaudadoras de varios ayuntamientos.
Además, la página web de la Comisión (abierta y pública) permite buscar personas por nombre, municipio, sexo o edad, con un código QR en cada cédula que dirige a un formulario para reportar información, incluso de forma anónima. “Esto protege a las familias de extorsiones, ya que antes modificaban cédulas con números personales, lo que generaba riesgos”, explica.
La plataforma también ofrece un archivo Excel descargable con el registro completo de 34,000 casos (localizados y no localizados), actualizado mensualmente. “Ni la Comisión Nacional hace esto. Cualquier periodista, académico o familia puede dar seguimiento a los folios, que son irrepetibles. Solo borramos un caso si la desaparición ocurrió en otro estado y se remite el expediente”, subraya Ávila, destacando la transparencia total de Jalisco.
RETRASOS EN REPORTES
González Romero señaló que los reportes de desaparición tardan siete meses en registrarse, lo que implica que los casos de 2025 se conocerían hasta 2026. Ávila aclara que este retraso no es institucional, sino que depende de las familias, quienes a veces reportan desapariciones semanas, meses o incluso años después.
Por ejemplo, en junio de 2025 se registraron 274 casos, pero solo 242 ocurrieron en 2025; el resto data de 2010 a 2024, incluyendo un caso de 1975. Esto se debe a que las familias buscan acceder al juicio de declaración especial de ausencia para resolver temas legales, como créditos o custodias, lo que requiere un reporte oficial. “De 1,857 registros en esta administración hasta junio, 1,394 son de 2025. Solo un 15% son de temporalidades previas”, precisa.
TENDENCIAS Y PREVENCIÓN
González Romero afirmó que las desapariciones no muestran cambios, mientras los homicidios han disminuido un 30% en Jalisco, superando la baja nacional del 17%. Ávila presenta datos que contradicen esta percepción: entre diciembre de 2018 y junio de 2025, se reportaron 1,874 desapariciones, frente a 2,819 en el mismo periodo de 2019, lo que indica una baja significativa.
La tasa diaria de desapariciones es de 9 (no 12, como afirmó el investigador), con un 55% de localizaciones (5 de cada 9). “Nuestros datos, disponibles públicamente, muestran una disminución. Trabajamos con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) en campañas de prevención, especialmente para jóvenes de 15 a 29 años, el grupo más afectado, donde uno de cada cuatro es mujer”, detalla.
La comisión y la FEPD han identificado que el 74% de las desapariciones no involucran un “levantón” típico, sino violencias previas como abuso doméstico o sexual. Solo el 24% está ligado a un delito inicial, y de este, solo el 11% corresponde a desaparición forzada o por particulares; el 13% restante incluye feminicidios o secuestros.
“Prevenir desapariciones significa prevenir violencias. Es un camino largo y complejo”, explica Ávila. Para abordar los enganches de jóvenes, la FEPD lanzó campañas enfocadas en redes sociales y ofertas de trabajo falsas, socializadas con la Secretaría de Educación.
Los puntos de encuentro han cambiado de centrales camioneras a tiendas de conveniencia (como OXXO y Seven Eleven), lo que ha llevado a ajustar estrategias. Además, la comisión evita publicar ciertos detalles (como el uso de huellas para identificar cuerpos) para no alertar a los perpetradores, quienes han comenzado a mutilar cuerpos para dificultar identificaciones.
UN LLAMADO A LA SOCIEDAD
Ávila concluye con un mensaje claro: la solución requiere la participación de todos. “La sociedad debe estar atenta a nuestras publicaciones y reportar cualquier error o duda. La transparencia es nuestro pilar. Este problema no lo resolverá un solo gobierno o estado; es un proyecto nacional de largo plazo”, insiste.
Reconoce que el crimen organizado, más allá de las drogas, incluye trata, extorsión y otros delitos, lo que complica las estrategias. Sin embargo, destaca el compromiso de Jalisco, con un registro robusto, tecnologías innovadoras y un enfoque humanitario que da esperanza a las familias.
UN ENFOQUE HUMANITARIO Y TECNOLÓGICO ANTE LA CRISIS DE DESAPARECIDOS EN JALISCO
La desaparición de personas es una de las crisis más dolorosas de México, y Jalisco enfrenta este desafío con humanidad y tecnología.
En entrevista, Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ) desde julio de 2022, detalla los avances para localizar a las personas desaparecidas, prevenir las violencias que las generan y acompañar a las familias.
Con un enfoque innovador y el respaldo del Gobierno del Estado, la comisión se posiciona como un referente en estos menesteres de búsqueda de personas desaparecidas.
CRECIMIENTO DE LA COMISIÓN
Creada en 2018 bajo el modelo de la comisión nacional, la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco ha crecido notablemente. En el inicio de la administración de Enrique Alfaro, tenía tres empleados; en 2022, cuando Ávila asumió, eran 57, y hoy son 180, con 50 más en contratación y 12 para una nueva oficina en Puerto Vallarta, que se suma a la de Lagos de Moreno.
Este fortalecimiento, respaldado por reuniones mensuales del gobernador con colectivos de familias, refleja el compromiso para abordar una “pesadilla diaria” para quienes buscan a sus seres queridos.
ENFOQUE HUMANITARIO
La Comisión se define como humanitaria, enfocada en buscar y localizar personas, dejando la persecución de delitos a la Fiscalía. “Nuestro propósito es acompañar a las familias”, asegura Ávila.
Este enfoque genera confianza mediante una atención integral que incluye transporte, apoyo médico y psicológico durante las búsquedas. La colaboración diaria con la con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD), permite reportar localizaciones en tiempo real.
“Nos distingue que llevamos a las familias en nuestros vehículos y les brindamos apoyo completo”, destaca Ávila, marcando una diferencia con otros estados.
TECNOLOGÍA PARA FOSAS CLANDESTINAS
Desde 2023, la Comisión impulsa un proyecto pionero para detectar fosas clandestinas, con espacios experimentales en El Salto y Cajititlán, cada uno con 16 fosas simuladas. Usa drones con cámaras multiespectrales, adaptadas de la agricultura, y cámaras térmicas que detectan suelos removidos por su enfriamiento en la madrugada.
En un predio, la resistividad eléctrica halló 24 bolsas con restos y tres cuerpos en tres horas, frente a semanas que tomaba antes. Otro caso identificó tres cuerpos adicionales con cámaras térmicas. Hasta ahora, se han recuperado más de 40 cuerpos, optimizando búsquedas al priorizar áreas clave.
El proyecto, con la Universidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la UNAM, Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, A.C., de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, universidades de Oxford y Leicester, produjo un libro con 21 artículos científicos en 2024.
Una tercera etapa opera en el CU-Valles en Zapopan. “Adaptamos tecnologías para localizar fosas con precisión, y ya las aplicamos”, afirma Ávila.
IDENTIFICACIÓN DE CASOS ANTIGUOS
La Comisión desarrolló una metodología de análisis contextual para identificar restos en fosas, especialmente casos de larga data. En colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses, han restituido 12 cuerpos y tienen 150 en espera de pruebas genéticas. “Extraemos datos del contexto para dar posibles identidades, atendiendo una demanda clave de las familias”, explica Ávila, cuya metodología será publicada en el Periódico Oficial.
REGISTRO DE DESAPARECIDOS
El Registro Estatal, con 19,063 personas localizadas y 15,728 desaparecidas al 31 de julio de 2025, es la base más precisa de Jalisco. A diferencia del Registro Nacional, con solo 9,000 localizados y duplicaciones, Jalisco usa algoritmos para corregir inconsistencias.
Desde marzo de 2025, Jalisco alimenta el Registro Nacional, pero enfrenta retos para cargar datos previos al 2022 por fallas técnicas. “Queremos un registro útil para la búsqueda, no un archivo con errores”, subraya Ávila.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
Aunque no es su atribución directa, la Comisión genera datos para prevenir violencias. Mapas de calor vinculan desapariciones con violencia intrafamiliar, abuso doméstico y precariedad laboral. “La desaparición es un subproducto de cadenas de violencias. Proveemos datos a Educación, Salud y ayuntamientos”, dice Ávila.
Reconoce al crimen organizado como un factor clave, pero su enfoque es la búsqueda, no la persecución del delito.
UN DESAFÍO GENERACIONAL
Ávila compara el problema con la estabilización de la sobrepoblación, que tomó décadas. “Es un esfuerzo transexenal. Ningún estado lo resolverá solo; requiere un proyecto nacional de una década”, sentencia. Elogia el programa de fortalecimiento del carácter de la Secretaría de Educación, pero insiste en que los padres y la sociedad deben asumir su rol frente a un crimen organizado que permea todo. La adicción a redes sociales, similar a un síndrome de abstinencia, agrava el panorama. “La educación ayuda, pero no sustituye a los padres”, agrega.
COMPROMISO Y ESPERANZA
El respaldo del gobierno, con recursos para personal y oficinas, muestra una voluntad política que Ávila valora. Las reuniones con colectivos fortalecen la confianza. La Comisión no solo busca cuerpos, sino que da esperanza, capacitando a la Fiscalía de Zacatecas y colaborando con universidades extranjeras. “Nuestros resultados trascienden Jalisco”, asegura Ávila.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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