OPINIÓN
¿Democracia sin sociedad?
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Hace unos días pude ver un video en que un hombre de más de 90 años debió comparecer ante un juez en Estados Unidos, acusado de exceder la velocidad permitida al conducir su auto. Explicó que él no maneja a altas velocidades y que usa su auto sólo cuando es necesario, y que el día de los hechos había llevado a su hijo, con discapacidad y con más de 60 años de edad, a que le practicaran un examen de sangre.
El juez, conmovido le reconoció seguir siendo un padre al cuidado hijo ya grande y sobreseyó el caso por ser un hombre ejemplar. Ésta ha sido la más bella experiencia que he conocido de justicia con sentido humano. En la vida necesitamos más casos así.
He tenido la oportunidad de vivir de muy cerca la entrega con que miles de mujeres y hombres transforman –verdaderamente transforman- las vidas de niños con algún síndrome o con parálisis cerebral, de mujeres violentadas por quien ellas esperaban ser amadas, de mujeres extraordinarias en sus trabajos pero que reciben salarios muy menores por ser mujeres, de migrantes comprometidos consigo mismos y sus familias para darles un mejor futuro, de voluntarios que donan horas de vida en causas que nos humanizan, de jóvenes limpiando playas y bosques, de hombres y mujeres que levantan la voz por quienes nadie escucha, de hombres y mujeres que nos han dado certeza en las elecciones y limpieza en el ejercicio de gobierno… y así hasta donde, hace tiempo y aun hoy, se veía y ve como normal el ser injusto, indolente, abusivo, delictivo. Sin embargo, me duele reconocer que toda esa gran labor queda reducida a un “fifí” o a un descrédito infundado y arrebatado desde la inconciencia y las ocurrencias nacidas del miedo.
Hoy nos enoja que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado no apoyar a las organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno y que el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) esté sin ejercerse; sin embargo, no es el primer presidente ni su gobierno el primero en actuar de manera tan soez y temerosa; pero sí es el primero en declarar enemigas de su gobierno y de él mismo a las organizaciones de la sociedad.
Si bien, con Enrique Peña Nieto, los presupuestos del Indesol se redujeron año con año desde el propio Congreso de la Unión; hoy, simplemente no se ejercerá lo autorizado.
Allan Kardec decía que, para comprender ciertas cosas es menester poseer facultades que, lamentable y obviamente, no tienen la mayoría de nuestros políticos, entre ellas la de la humildad y la seguridad personal. Muchos de nuestros políticos poco saben y entienden menos.
Andrés Manuel López Obrador debería reinventar su manera de concluir sus formas de pensar. Juega a dirimir sus conflictos de gobierno en los medios, aunque solo en ellos se quede y pierda.
Hoy, en que el presidente López Obrador se atreve a pedir al gobierno norteamericano cambiar su constitución en materia de acceso a armas, bien le valdría comprender y aceptar que ello nunca sucederá por petición suya, como tampoco logrará que extraditen a Patrick Crusius, el asesino de El Paso, Texas, pues también mató a ciudadanos norteamericanos y es deseable que ellos primero lo juzguen además de que sus leyes son más severas, sus cárceles más seguras y sus jueces más firmes. Sería suicida para el gobierno de Trump caer en tan pueriles peticiones.
En cambio, el presidente de México sí podría acercarse a organizaciones ciudadanas norteamericanas pro migrantes, que luchan en contra de la Segunda Enmienda y defensoras de los derechos humanos, para conocer sus causas, estrategias y logros, y sumarse a ellas. Si algo podrá cambiar en Estados Unidos será desde la sociedad de los Estados Unidos, y quizá, desde el Partido Demócrata, y jamás de los jamases, desde AMLO y sus noches de fiebre y delirio.
No he escuchado a nadie del gobierno federal explicar los hechos de El Paso desde su trasfondo psicosocial, es decir, desde las causas y consecuencias de las acciones y percepciones que tienen los individuos sobre sí mismos y los otros en tanto miembros de diferentes grupos sociales, y se han quedado en la superficialidad del análisis del discurso de odio que identifica a Donald Trump. No, desde ahí nada cambiará porque ni siquiera imaginan la posibilidad de llegar a comprender y alterar la representación cognitiva de cada persona y grupo, así como de los otros en tanto miembros de una misma sociedad.
Los análisis del discurso de Trump se limitan a creer que todo es igual sin deshojarlo de los estereotipos sobre los grupos exógenos y las minorías, la estereotipia como proceso cognoscitivo de atribuir ciertas características a las personas sobre la base de su pertenencia a tales categorías, los prejuicios como las actitudes derogatorias hacia una persona debido a su pertenencia a determinada categoría social y la discriminación o exclusión, en términos macro sociales, como aquel complejo sistema de relaciones entre los grupos sociales que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos como salud, ingreso económico, educación, propiedad, etc.
Si todo esto no se entiende ni imagina entonces jamás se podrán cambiar las condiciones de nuestros hermanos migrados ni el discurso de odio podrá terminar.
Vendría bien al presidente, al canciller Ebrard y a la secretaria Sánchez Cordero, hacerse responsables del fondo de sus palabras y superar las formas, que son, obvio es, muy superficiales e ignorantes de lo real. Solo entonces sabrán darle cause a su política persecutoria de los migrantes centroamericanos que, en la sumisión del gobierno mexicano a los antojos de Trump, subyace a la personalidad autoritaria del presidente norteamericano, quien impone patrones migratorios punitivos, controladores y opresivos alimentando impulsos socialmente inaceptables en nuestra tradición internacionalista.
Pero para que todo ello cambie para bien, antes Andrés Manuel tendría que dejar de ser Andrés Manuel, el presidente terco del que él se enorgullece y abrirse a las otredades lejanas de su 4T, sobre todo a la sociedad civil organizada, sin la cual, la democracia se antoja imposible.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Guillermo del Toro cumple su sueño: “Frankenstein” debuta en Venecia
Desaparecen objetos de valor en la SCJN; la oficina de Norma Piña, la más impactada
Premier League: goles, drama y polémica en jornada vibrante
¡Charros ‘arrebata’ juego a Laguna y va a la Serie de Campeonato!
