Sheinbaum activa Plan B: cambios electorales por leyes secundarias tras revés en Cámara de Diputados

Por Redacción Conciencia Pública

Transcripción de texto a voz

El “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo constitucional en la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026, consiste principalmente en impulsar cambios al sistema electoral mediante reformas a leyes secundarias —como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos y otras normas reglamentarias—, en lugar de modificar directamente la Constitución.

Esta vía evita la necesidad de una mayoría calificada —dos terceras partes del Congreso, es decir, 334 votos en la Cámara de Diputados y 86 en el Senado—, ya que Morena y sus aliados cuentan con una mayoría simple suficiente para aprobar reformas legales en ambas cámaras.

Entre los principales aspectos que se busca impulsar en este Plan B —según anuncios de Morena, del coordinador parlamentario Ricardo Monreal y de diversos analistas tras el rechazo de la reforma constitucional— destaca la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de disminuir el costo de las elecciones. Este punto forma parte del llamado “Decálogo por la democracia” impulsado por Sheinbaum.

Otro de los cambios planteados es modificar la forma en que se asignan las diputaciones plurinominales. La intención sería que los legisladores de representación proporcional tengan mayor vínculo con el voto popular directo, mediante ajustes en las fórmulas de asignación, listas o mecanismos de fiscalización. Sin embargo, no podrían eliminarse por completo, ya que su existencia está protegida por la Constitución.

El Plan B también contempla posibles ajustes operativos en el INE y en el Tribunal Electoral, como recortes presupuestales, cambios en la estructura administrativa, modificaciones en los mecanismos de fiscalización de campañas y nuevas regulaciones para temas emergentes, como el uso de inteligencia artificial en propaganda política. Estas medidas se plantean sin alterar la autonomía constitucional de los órganos electorales.

Asimismo, se analizan reformas reglamentarias para fortalecer mecanismos de democracia directa, como la revocación de mandato o las consultas populares, aunque sin modificar los plazos o disposiciones constitucionales que regulan estos instrumentos.

No obstante, el alcance del Plan B tiene limitaciones claras. No sería posible eliminar las diputaciones plurinominales nacionales ni reducir de manera significativa el número de legisladores —como proponía la reforma original—, ya que ello requeriría modificar artículos constitucionales como el 41, 53 y 56.

Especialistas en derecho electoral y algunos aliados del oficialismo han advertido que intentar introducir cambios de carácter constitucional a través de leyes secundarias podría ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el pasado, el máximo tribunal ya invalidó intentos similares, como ocurrió con el “Plan B” electoral impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023.

Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han señalado que no respaldarían reformas que consideren retrocesos democráticos o que vulneren la Constitución, aunque ambos partidos han reiterado que mantienen su alianza política con Morena.

En el contexto actual, al 12 de marzo de 2026, coordinadores parlamentarios como Ricardo Monreal e Ignacio Mier sostuvieron reuniones con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para delinear esta ruta alternativa. Monreal describió el Plan B como una forma de “no claudicar” y de construir una vía inmediata para avanzar en cambios electorales.

Aalgunas de estas reuniones concluyeron sin acuerdos definitivos, y dentro del oficialismo se reconoce que no será posible impulsar modificaciones constitucionales profundas durante el actual periodo legislativo en los temas que ya fueron rechazados.

En síntesis, el Plan B representa una estrategia pragmática para impulsar avances parciales —principalmente en materia de reducción de costos y regulación electoral— sin depender de aliados renuentes o de la oposición. No obstante, sus alcances serían considerablemente más limitados que los contemplados en la reforma constitucional original.

A pesar del revés legislativo, el gobierno federal ha insistido en que el resultado no representa una derrota política y que la propuesta de reforma electoral quedará planteada para retomarse en el futuro bajo nuevas condiciones políticas.