La justicia no viaja sola: Acusaciones, poder y cálculo político

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

En 1989, cuando Estados Unidos decidió capturar a Manuel Noriega, no lo hizo únicamente por los delitos que le imputaba. Lo hizo cuando le resultó políticamente conveniente hacerlo. Noriega había sido durante años un aliado incómodo, tolerado mientras era útil y perseguido cuando dejó de serlo. La justicia llegó, sí, pero no llegó sola.

Esa es una lección que, en política internacional, rara vez pierde vigencia.

La reciente acusación de autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa ha reactivado un viejo dilema: ¿estamos ante un acto de justicia o ante un movimiento de poder? La respuesta, aunque incómoda, probablemente sea ambas cosas al mismo tiempo.

Porque, en el mundo real, las fiscalías no operan en el vacío, y menos aún cuando sus decisiones cruzan fronteras y afectan estructuras de poder en otro país. Estados Unidos enfrenta hoy una crisis interna severa por el fentanilo, una crisis que ha dejado cientos de miles de muertes y que se ha convertido en prioridad política nacional. No es un tema marginal: es un eje de disputa electoral, un argumento central en campañas y una bandera discursiva compartida por demócratas y republicanos.

En ese contexto, el combate al narcotráfico y la gestión de la migración han dejado de ser únicamente una política pública para convertirse en un activo político interno. Gobernadores, legisladores y aspirantes presidenciales compiten por demostrar quién es más duro frente a la crisis o, en su defecto, quién es el más humanitario.

El margen para la inacción prácticamente ha desaparecido. Actuar contra actores extranjeros presuntamente vinculados al narcotráfico no solo responde a una lógica de justicia, sino también a la necesidad de enviar señales claras al electorado.

De esta manera, la narrativa también ha cambiado. Ya no basta con señalar a los cárteles como organizaciones criminales. El discurso ha evolucionado hacia algo más amplio: la idea de que el narcotráfico puede encontrar espacios de protección dentro de estructuras de poder.

Esa narrativa permite ampliar responsabilidades, elevar el tono del debate y justificar medidas más agresivas, pero toleradas e incluso aplaudidas por un electorado que comulga con un discurso político-electoral.

Desde esa lógica, los casos judiciales dejan de ser únicamente mecanismos de sanción individual y se convierten en instrumentos de presión estructural y posicionamiento político. Ya no se trata solo de castigar a una persona, sino de demostrar acción, construir narrativa y responder a una demanda social que exige resultados visibles de cara al proceso electoral de noviembre en Estados Unidos.

Pero, por otro lado, esto no implica que los expedientes carezcan de sustento. Sería ingenuo asumir que una acusación de este calibre se construye sin elementos mínimos. Pero tampoco sería correcto ignorar que el momento en que se hace pública responde a una lógica que trasciende lo jurídico. En el derecho internacional contemporáneo, no solo importa qué tan sólido es un caso, sino cuándo se decide utilizarlo y con qué objetivo.

Ahí aparece una segunda capa del problema: los intereses.

Estados Unidos no actúa únicamente movido por un ideal abstracto de justicia. Actúa también desde una lógica de seguridad nacional, pero, sobre todo, desde una dinámica política interna que exige resultados visibles. La crisis del fentanilo ha generado un entorno donde la inacción se castiga electoralmente y donde cada acción contundente puede traducirse en capital político, de forma tal que perseguir actores extranjeros también permite trasladar parte del problema hacia fuera, construyendo una narrativa donde la amenaza se origina más allá de sus fronteras.

En ese sentido, las acusaciones cumplen una doble función. Hacia afuera, presionan y condicionan; hacia adentro, comunican eficacia y determinación. Operan simultáneamente como acciones jurídicas y como mensajes políticos dirigidos a su propia opinión pública.

Pero, al mismo tiempo, estas decisiones permiten algo más: redefinir los términos de la cooperación bilateral. Colocar sobre la mesa la idea de que la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a operativos o decomisos, sino que debe implicar una revisión más profunda de las estructuras institucionales del país vecino.

En otras palabras, no es solo justicia. Es también una forma de incidir en cómo México enfrenta su propio problema de seguridad.

Ahí es donde nuestro país entra en una zona particularmente compleja.

La postura del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha sido clara: no hay acción sin pruebas suficientes conforme al marco jurídico nacional. Es una posición que, en términos formales, es difícil de cuestionar. El debido proceso no es una concesión, es un principio básico.

Sin embargo, en el tablero internacional, esa misma postura se traduce en un dilema distinto. No se trata solo de determinar si existen elementos jurídicos suficientes, sino de valorar los costos políticos y estratégicos de cada decisión. Actuar sin pruebas debilita la legalidad; no actuar bajo presión externa puede tensionar la relación bilateral.

Ese es el verdadero punto de tensión: no entre legalidad e ilegalidad, sino entre principios jurídicos y costos políticos.

La experiencia reciente ofrece pistas. El caso de Genaro García Luna mostró que las investigaciones pueden construirse durante años y activarse en momentos estratégicos.

Eso obliga a abandonar las lecturas simples. No se trata de elegir entre creer que todo es una fabricación política o asumir que todo es justicia pura. Ambas dimensiones pueden coexistir.

Estados Unidos no actúa únicamente como un sistema de procuración de justicia. Actúa también como un actor político que busca responder a su electorado y fortalecer su posición interna. México, por su parte, enfrenta decisiones jurídicas con consecuencias políticas inmediatas, tanto en lo interno como en lo externo.

Porque, al final, lo que está en juego no es solo el destino de un funcionario, sino algo más profundo: la capacidad de un Estado para decidir bajo presión, incluso en condiciones de alta incertidumbre.

En política internacional, la justicia no es ciega. Tiene memoria, tiene timing… y, en momentos como este, también tiene electores.