Símbolos y confianza

Opinión, por Miguel Anaya

Hay momentos en que un Estado comienza a transmitir una sensación peligrosa: la de un gobierno que ya no controla la narrativa… porque tal vez tampoco controla completamente la realidad.

Eso es lo que empieza a ocurrir en México alrededor de las crecientes presiones y acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado. El problema ya no es solamente judicial o diplomático; ahora es político, militar, económico y hasta psicológico.

Cuando el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth insiste públicamente en que el Ejército y la Marina mexicanas deben “dar un paso adelante” frente al narcotráfico, el mensaje no solo es militar. Washington está insinuando algo mucho más delicado: que considera insuficiente —o poco confiable— la actuación de ciertas instituciones mexicanas.

Al mismo tiempo, comienzan a circular versiones sobre nuevas listas de políticos y exfuncionarios presuntamente bajo investigación en Estados Unidos. Independientemente de si todas las acusaciones son ciertas, la percepción pública empieza a deteriorarse. Y la política no solo se mueve por pruebas; también por símbolos, rumores y sensaciones.

Los símbolos recientes son devastadores.

La ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez en momentos clave de la Comisión Permanente alimentó especulaciones políticas. La protección institucional y militar alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, provocó otra percepción igual de delicada: la idea de que ciertas figuras parecen blindadas no por inocencia demostrada, sino por conveniencia del sistema.

Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas: ¿el Estado no quiere actuar… o no puede hacerlo?

La diferencia entre ambas posibilidades es enorme, pero las dos son alarmantes. Si no quiere actuar, hablamos de cálculo político, pactos o tolerancia estratégica. Si no puede hacerlo, hablamos de algo todavía peor: pérdida de control institucional frente a organizaciones criminales con poder económico, territorial y político.

Lo más inquietante es que el gobierno federal parece atrapado entre dos discursos incompatibles. Por un lado, insiste en defender la soberanía nacional y rechaza cualquier insinuación de subordinación frente a Washington. Pero, por otro lado, la realidad golpea todos los días: el fentanilo sigue cruzando la frontera, la violencia continúa expandiéndose y las investigaciones estadounidenses avanzan mientras millones de mexicanos perciben que el crimen organizado dejó hace tiempo de ser solo un problema policiaco para convertirse en un poder paralelo.

Y aunque muchas acusaciones puedan tener intereses electorales detrás —porque en Estados Unidos el tema mexicano también da votos— sería un error monumental reducir todo a propaganda extranjera. El peligro existe. Las redes criminales existen. La infiltración institucional existe.

Durante años, México trató el problema desde dos extremos igualmente inútiles: la guerra espectacular llena de discursos heroicos o el optimismo ingenuo que creyó que bastaba con programas sociales mientras el crimen construía imperios financieros completos.

Hoy la realidad obliga a algo mucho más difícil de aceptar: cooperación profunda, seria y pragmática con Estados Unidos. No sumisión ni entrega de soberanía, sino colaboración inteligente entre dos países condenados a entenderse porque comparten comercio, migración, seguridad y un gigantesco mercado criminal binacional.

México necesita colaboración tecnológica, financiera y de inteligencia. Necesita perseguir el lavado de dinero, romper redes de protección política y reducir drásticamente la impunidad. Porque el verdadero combustible del crimen no son solamente las drogas; es la certeza de que en este país casi nunca alguien poderoso termina pagando.

Y si algo queda claro en este momento histórico es esto: el tiempo de fingir normalidad terminó.

Porque cuando funcionarios estadounidenses comienzan a presionar directamente a las Fuerzas Armadas mexicanas, cuando aparecen rumores constantes de nuevas investigaciones políticas y cuando la población empieza a creer que el gobierno no quiere o no puede actuar, el problema deja de ser únicamente de seguridad pública.

Se convierte en una crisis de confianza nacional.

Y ningún sistema sobrevive mucho tiempo cuando sus ciudadanos comienzan a dudar de quién manda realmente, de si vale la pena respetar la ley o, incluso, dudan si seguir creyendo en las instituciones todavía tiene sentido. Ahí es donde los países empiezan a fracturarse de verdad.

¡Aguas!