Un mes sin Roxana

Opinión, por Iván Arrazola

Un mes. Ese fue el tiempo que transcurrió entre la difusión del video del secuestro de la periodista Roxana Guzmán y el momento en que las autoridades de Veracruz confirmaron que los restos localizados correspondían a la periodista. El país observó cómo un grupo armado irrumpía violentamente en su domicilio, en Nanchital, derribaba la puerta frente a su familia y se la llevaba por la fuerza, en un ataque que la propia periodista alcanzó a registrar en un video que rápidamente se viralizó y conmocionó a la opinión pública.

El caso de Roxana Guzmán es el reflejo de una crisis estructural que desde hace años enfrenta México en materia de libertad de expresión y protección a periodistas. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados al menos 176 periodistas y otras 32 personas dedicadas al ejercicio periodístico permanecen desaparecidas. La impunidad sigue siendo la constante, y Veracruz ocupa el primer lugar en periodistas asesinados. Apenas este año fue privado de la vida Carlos Ramírez mientras comía en un restaurante familiar, un crimen que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en esa entidad.

La violencia que vive Veracruz tampoco puede entenderse como una sucesión de episodios inconexos. Hace apenas unos meses, una maestra jubilada fue secuestrada y obligada a grabar un video por un grupo criminal antes de ser asesinada, un caso que también generó indignación cuando la gobernadora del estado declaró que la maestra murió de un infarto. Sin embargo, la investigación de la fiscalía arrojó que falleció a causa de la agresión física. La repetición de estos hechos revela un patrón preocupante: la capacidad de los grupos criminales para operar con violencia extrema y con altos niveles de impunidad.

Cuando ocurrió el secuestro de Roxana Guzmán, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: «Lo más importante en este momento es encontrarla y, una vez que se encuentre, ya se hará la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas… Lo más importante es la búsqueda». La prioridad expresada por el Gobierno era correcta, pero los resultados evidenciaron las limitaciones del aparato institucional. La búsqueda no llegó a tiempo para salvar la vida de la periodista.

Quizá uno de los aspectos más alarmantes del caso sea el que revela la propia investigación. Tras confirmarse la identidad de los restos, fueron detenidas ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, acusados de brindar apoyo logístico al grupo criminal responsable del secuestro y asesinato. Más allá de la importancia de las detenciones, el dato resulta profundamente preocupante porque confirma una realidad que durante años se ha denunciado: la infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales municipales.

Este elemento vuelve inevitable el debate sobre la responsabilidad del Estado. El problema ya no es únicamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales, sino la posibilidad de que agentes encargados de proteger a la población terminen colaborando con quienes generan la violencia. La madre de Roxana Guzmán relató que, durante el secuestro, los agresores le dijeron que se llevarían a su hija «a la comandancia», una expresión que, a la luz de las investigaciones posteriores, adquiere una dimensión particularmente inquietante.

El caso también contrasta con el discurso gubernamental en materia de seguridad. El Gobierno federal ha destacado reiteradamente la reducción de los homicidios dolosos como uno de los principales indicadores del mejoramiento de la situación del país. Sin embargo, la disminución de un indicador estadístico no necesariamente refleja la realidad completa cuando persisten fenómenos como las desapariciones y la violencia contra periodistas.

A ello se suma otro debate de fondo: la postura del Estado mexicano frente a las observaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha advertido sobre la necesidad de reconocer la posible participación o aquiescencia de autoridades en ciertos casos de desaparición. El expediente de Roxana Guzmán vuelve especialmente relevante esa discusión, pues la presunta participación de policías municipales no constituye un hecho menor, sino un indicio de cómo la colusión entre instituciones y organizaciones criminales puede convertirse en un factor determinante para la comisión de estos delitos.

La actuación de las fiscalías tampoco queda exenta de cuestionamientos. Aunque finalmente se realizaron detenciones y se logró identificar a los presuntos responsables, el tiempo transcurrido entre el secuestro y el desenlace evidencia las limitaciones de un sistema que reaccionó con lentitud.

El asesinato de Roxana Guzmán trasciende la tragedia individual de una periodista y su familia. Es el retrato de un Estado que aún enfrenta enormes dificultades para garantizar la seguridad, investigar con eficacia y proteger a quienes ejercen el periodismo.

Mientras las instituciones no reconozcan plenamente la magnitud del problema —particularmente la infiltración del crimen organizado en los ámbitos estatal y municipal, y la persistencia de la impunidad—, cualquier avance será insuficiente.