Transformación sin consensos

Opinión, por Iván Arrazola

Sin una discusión amplia de cara a la ciudadanía ni un consenso mínimo, se aprobaron una serie de ajustes en materia electoral con los que el país tendrá que convivir en los próximos años. Todo ello ocurre en un contexto en el que el grupo gobernante enfrenta crecientes cuestionamientos y donde las acciones del oficialismo parecen orientarse más a controlar la narrativa pública que a resolver las contradicciones que surgen de sus propias decisiones.

Una de las iniciativas presentadas en el último momento fue la posibilidad de que los cuatro magistrados del Tribunal Electoral que concluirían su encargo en 2028 puedan contender nuevamente por el cargo. Con la reforma, podrían permanecer en funciones hasta 2034. El oficialismo justificó esta decisión argumentando que se busca otorgar un trato equitativo a quienes ya se encontraban en funciones antes de la reforma judicial.

Sin embargo, resulta curioso este razonamiento si se considera que la presidenta ha convertido la no reelección en una de las principales banderas de su proyecto político. De hecho, impulsó reformas para impedir que legisladores y alcaldes puedan reelegirse, una decisión que probablemente dificultará la profesionalización tanto de la actividad legislativa como de la gestión pública municipal. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los magistrados vuelvan a competir por el cargo, la presidenta respondió que la intención no es que permanezcan diecisiete años en funciones, sino que tengan la oportunidad de participar nuevamente en una elección.

Pero la historia no termina ahí. En un aparente intento por corregir algunos de los errores observados en la elección judicial, se decidió posponer la elección prevista para 2027 y trasladarla a 2028. Según Morena, esta medida permitirá que los ciudadanos cuenten con más tiempo para analizar a los candidatos y emitir un voto más razonado.

Lo que los legisladores oficialistas olvidaron corregir fue el procedimiento de selección de aspirantes. El mecanismo sigue siendo lo suficientemente flexible como para permitir la llegada de personas sin la experiencia necesaria a cargos de enorme responsabilidad. Aunque se plantea la creación de un comité encargado de evaluar el trabajo de los comités de selección de cada poder, la reforma no resuelve el problema de fondo: la posibilidad real de que perfiles sin la preparación adecuada lleguen a integrar el Poder Judicial.

Las demás propuestas parecen ocurrencias o, al menos, iniciativas insuficientemente analizadas y poco consensuadas con actores clave. Tal es el caso de la propuesta para crear una Comisión de Integridad integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral. Inicialmente se planteó que estuviera conformada por cinco integrantes, aunque posteriormente se redujo a tres. La idea consiste en que los partidos políticos envíen los nombres de sus candidatos para que sean revisados por instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Con base en la información proporcionada por estas instancias, la comisión determinaría si existe un riesgo razonable asociado a una candidatura.

La reacción de la presidenta del INE fue inmediata: el instituto no puede convertirse en juez y parte, pues su función consiste en organizar elecciones y no en evaluar o juzgar candidatos. En realidad, la iniciativa parece un intento desesperado por enviar la señal de que se está haciendo algo para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Sin embargo, el mecanismo es poco claro y presenta importantes deficiencias jurídicas. Además, al ser voluntario para los partidos políticos, es previsible que las fuerzas de oposición se nieguen a participar en un procedimiento que consideran ambiguo y carente de certeza legal.

Por último, se encuentra la propuesta para anular elecciones por casos de intervención extranjera. Los ejemplos utilizados para justificar la medida, como la compra de bots para influir en una elección o las declaraciones de actores políticos extranjeros, resultan demasiado ambiguos para medir con precisión el impacto real de dicha intervención. Precisamente por ello, Ricardo Monreal decidió posponer la discusión de la legislación secundaria ante los problemas e incertidumbres que genera esta iniciativa.

Lo más preocupante de todo lo aprobado es que, fiel a su costumbre, el oficialismo volvió a utilizar su mayoría calificada. No mostró interés en incorporar a ningún partido de oposición al proceso de discusión y construcción de acuerdos.

El problema de legislar de esta manera es que desaparecen los consensos mínimos que toda democracia necesita para funcionar. Cuando las reformas se aprueban sin diálogo, sin negociación y sin acuerdos amplios, su legitimidad se debilita. Por ello, cuando llegue el momento de corregir o modificar una legislación que no fue suficientemente discutida ni consensuada, existe el riesgo de que las tensiones políticas sean mayores.

Después de todo, las reglas que no nacen del acuerdo difícilmente pueden convertirse en la base de una convivencia democrática duradera.