La puerta de atrás: Paula Ramírez Höhne y la renuncia que no parece renuncia

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

En política, como en la vida, hay una diferencia enorme entre irse y huir. Paula Ramírez Höhne quiere que todos crean que se fue. El diputado independiente Alejandro Puerto, entre otros, sostiene que huyó. Y los hechos, que son tercos por naturaleza, parecen darle la razón al legislador.

Porque hay algo que no encaja en el relato oficial de la renuncia voluntaria, personal e irrevocable de quien, hasta esta semana, fue presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Si la salida fue tan serena, tan meditada, tan libre de presiones externas, ¿por qué ocurrió precisamente cuando sobre su cabeza pendían procedimientos formales de remoción? ¿Por qué justo ahora, a seis meses del arranque del proceso electoral de 2027? ¿Por qué en este momento y no en cualquier otro de los cuatro años y medio que estuvo al frente del IEPC?

Otra versión que se dice en voz baja —y que nadie en Morena niega con convicción— es que el mensaje para Paula Ramírez Höhne fue claro: o renuncias o te removemos. Renunció para que no la echaran. Prefirió la salida digna a la destitución humillante.

Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Jalisco, lo descartó todo con una frase que merece revisarse: “Yo no reconozco, no hicimos, no propusimos, no exigimos, no presionamos absolutamente a nadie para que se fuera o para que la quitaran”. Cinco negaciones en una sola oración. Cuando un político niega cinco veces la misma cosa en la misma frase, generalmente es porque esa misma cosa ocurrió.

La realidad más evidente es esta: se fue para que no la echaran. Renunció para controlar el relato. Salió por la puerta de atrás antes de que alguien más la empujara por ella. Y en esa maniobra de control de daños —porque de eso se trata, de un ejercicio de manejo de imagen en tiempo de derrumbe— está implícita la admisión de lo que nadie quiere decir con todas sus letras: que su gestión al frente del árbitro electoral de Jalisco fue, en palabras del diputado Puerto, “una de las páginas más opacas en la historia democrática del estado”.

No es exageración. Es un catálogo de señalamientos.

Empecemos por el PREP. El Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso 2024 fue, para decirlo con una elegancia que la ocasión no merece, un desastre. Fallido. Intermitente. Una herramienta diseñada para dar certeza a la ciudadanía en tiempo real cumplió exactamente la función contraria: sembró dudas desde la primera hora de la noche electoral. En un estado que presume de modernidad institucional, el PREP del IEPC Jalisco 2024 funcionó como el alumbrado público de un municipio en quiebra: a ratos, a medias y cuando menos se necesitaba.

Pero el PREP fue solo la punta del iceberg. Lo que vino después es más grave porque involucra la integridad misma de los votos. Los paquetes electorales fueron trasladados en condiciones que no resisten el más elemental análisis de cadena de custodia. Hay señalamientos documentados sobre rupturas en ese eslabón fundamental del proceso. Las inconsistencias estadísticas entre los resultados de elecciones federales y locales nunca fueron explicadas con suficiencia por la autoridad. Y, para rematar el cuadro, se cuestionó la designación de funcionarios electorales en órganos distritales y municipales: en más de un caso, ciudadanos con vínculos familiares o políticos con el partido en el poder ocuparon posiciones que debían ser técnicas, neutras y profesionales.

Esto no es oposición hablando. Son hechos que constan en expedientes, impugnaciones y en los 131 juicios de inconformidad que recibió el IEPC. El Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo de Pablo Lemus, sí. Pero la ratificación de un resultado no borra las fallas del proceso que lo produjo. No restaura la confianza. No limpia la institución. Simplemente dice que, pese a todo, el ganador ganó. Es un estándar muy bajo para una democracia que se precia de serlo.

Y luego está lo que ocurrió adentro, que es donde las instituciones revelan su verdadero carácter.

Ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE se sustancian actualmente procedimientos de remoción contra varias consejerías del IEPC Jalisco. No son procedimientos menores. Los hechos que los motivaron incluyen presuntas violaciones al Servicio Profesional Electoral, acoso laboral y violencia política en razón de género al interior de la propia institución.

Pero hay un episodio que merece capítulo aparte, porque revela con claridad de qué está hecha la cultura institucional del IEPC bajo la gestión de Ramírez Höhne. Varias personas que cuestionaron públicamente el desempeño del instituto durante el proceso electoral de 2024 fueron denunciadas por violencia política en razón de género. La VPG es una figura jurídica creada para proteger a las mujeres en la vida pública; su existencia es necesaria e irrenunciable. Precisamente por eso, su uso como instrumento para silenciar la crítica política es una perversión del derecho que merece el mayor reproche. La Sala Superior exoneró a los denunciados. Pero el mensaje ya había sido enviado: quien cuestiona al árbitro enfrenta al árbitro. Cuando una autoridad electoral utiliza herramientas legales para inhibir la crítica, deja de ser árbitro y se convierte en parte. Ese cruce de línea tiene nombre y tiene consecuencias democráticas.

A todo esto se suman los episodios que, “extrañamente” —el adverbio es irónico y deliberado—, no han salido a la luz con la intensidad que merecen: denuncias laborales internas, acusaciones de tratos diferenciados y, el más pintoresco de todos, incidentes con vehículos institucionales fuera de horario laboral y en circunstancias irregulares, bien documentados en redes sociales, que involucran a altos funcionarios del IEPC. Cualquier ciudadano común habría enfrentado consecuencias legales. En el IEPC, según todo indica, el asunto se administró en silencio. Porque en las instituciones que funcionan con opacidad hacia adentro, la discrecionalidad no es un accidente: es una política.

Jalisco no puede iniciar un proceso electoral de esta magnitud —el de 2027 será de alcance estatal completo— con una institución cuya credibilidad está en cuidados intensivos. El INE tiene hoy la responsabilidad de designar al sucesor o sucesora, y aquí está la segunda trampa del asunto: desde 2014, el INE es la única autoridad facultada para designar a quien presida el IEPC Jalisco. El Congreso estatal no tiene voz. El gobierno de Lemus no tiene voto. Y al frente del INE está Guadalupe Taddei Zavala, de quien ya se dice —y los hechos no desmienten el dicho— que tiene más que puesta la playera guinda. El Consejo General del INE designará al sucesor o sucesora de entre una terna que, todo indica, estará curada con el mismo criterio con que se curan las ternas en la 4T: que el candidato sea confiable para quien manda.

Jalisco se queda sin árbitro en vísperas del proceso electoral de 2027. Y las elecciones intermedias, como bien apunta quien las observa con atención, ya huelen a quemado.

Paula Ramírez Höhne quiso escribir el final de su historia. Pero los finales no los escriben quienes se van. Los escriben los hechos que dejan atrás.

Y los hechos de Jalisco, al día de hoy, huelen a un proceso electoral en riesgo.

Quedan seis meses. El reloj ya corre.

En X: @DEPACHECOS.