¿Qué representa Rocha?

Opinión, por Miguel Anaya

Hay decisiones políticas que cuestan votos. Otras cuestan dinero. Y hay algunas que pueden terminar costando algo mucho más delicado: la confianza entre países. Por eso, el regreso de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa no debería analizarse solamente como un asunto local. La cuestión es mucho más trascendente: ¿cuánto está dispuesto a arriesgar el gobierno de Claudia Sheinbaum para que Rocha Moya vuelva a gobernar?

Rocha estuvo más de tres meses separado del cargo mientras en Estados Unidos avanzaban investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el narcotráfico. El gobernador ha negado las acusaciones y el gobierno mexicano sostiene que no existen elementos suficientes para actuar contra él.

Jurídicamente, eso puede ser suficiente para que regrese. Políticamente, no. El problema existe.

Estados Unidos no acusó a un funcionario cualquiera. Habló de un gobernador de Sinaloa, un estado que desde hace décadas representa uno de los principales símbolos del poder del narcotráfico en México.

El gobierno mexicano tiene todo el derecho de exigir pruebas y defender la soberanía nacional. Estados Unidos no puede decidir quién gobierna nuestros estados. Faltaba más. Pero defender la soberanía no significa convertirla en una especie de impermeable para que los políticos no se mojen.

Si Rocha es inocente, perfecto. Que las instituciones mexicanas lo investiguen y presenten los resultados con absoluta claridad. El problema es que la sociedad parece quedar nuevamente como espectadora de una obra conocida: hay acusaciones, investigaciones, declaraciones, indignación, silencio y, después de un tiempo, todo se olvida, todo vuelve a la normalidad.

Y aquí la normalidad resulta especialmente preocupante.

México mantiene una relación extraordinariamente compleja con Estados Unidos. Hay tensiones por seguridad, migración, aranceles y comercio. El T-MEC está entrando en una etapa de revisión. Y, al mismo tiempo, ambos gobiernos intentan mantener abierta la cooperación contra el narcotráfico.

En ese contexto, México devuelve al gobierno de Sinaloa a un gobernador señalado públicamente por autoridades estadounidenses. No es precisamente la mejor manera de reducir la temperatura.

Y aquí aparecen las preguntas que, hasta ahora, parecen mucho más interesantes que cualquier declaración oficial:

¿Por qué vale la pena correr ese riesgo? ¿Qué tan importante es Rocha Moya para el gobierno de Morena? ¿Qué se pierde si no regresa? ¿Qué información posee? ¿Qué grupos necesitan su permanencia?

Porque si mañana la relación con Washington se deteriora todavía más, si aumentan las presiones sobre México por narcotráfico, si la cooperación en seguridad se complica o si la revisión del T-MEC se convierte en una batalla más áspera, alguien tendrá que explicar por qué era indispensable que Rocha regresara exactamente ahora.

No basta con decir que legalmente puede hacerlo. La política no funciona solamente con lo que es legal; necesita de aquello que es moral. También funciona con decisiones, costos y consecuencias.

Y hay otra cuestión: Morena llegó al poder prometiendo terminar con la vieja política de pactos, complicidades y funcionarios protegidos por sus relaciones políticas. Ahora tiene que demostrar que esa promesa también aplica cuando el funcionario incómodo pertenece a su propia casa.

Porque si la respuesta ante un gobernador señalado por narcotráfico es simplemente: “No hay pruebas”, la sociedad recibe un mensaje bastante pobre. El ciudadano percibe que el influyentismo y algunos grupos están por encima del gobierno mismo.

Porque quizá el verdadero problema no sea que Rocha haya regresado. El problema sería que, para que regresara, el gobierno hubiera considerado aceptable pagar cualquier precio político.

Y si ese precio termina siendo una relación todavía más complicada con Estados Unidos, entonces la pregunta deja de ser cuánto vale Rocha Moya. La pregunta sería mucho peor:

¿Quién necesita tanto que Rocha siga en el poder como para que México esté dispuesto a asumir el riesgo? ¿Quién convenció a la Federación de que esto era una buena decisión? Ahora, a esperar la reacción de la sociedad mexicana y la que más temen en Palacio: la de los vecinos del norte.