Dos gafetes, un solo bolsillo: El banquero que cuida la alcancía

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco.

Hay una regla vieja en el oficio: cuando una institución responde con una ficha informativa en lugar de hacerlo mediante un funcionario, es porque el funcionario ya sabe que la respuesta no se sostiene de pie.

El 5 de agosto de 2026, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco entregó a la prensa una hoja membretada de tres párrafos. En ella informa que su director general “es participante del Consejo de Administración de una institución financiera” y que ello “no representa un conflicto de interés como servidor público”.

Adviértase el detalle. La ficha no escribe el nombre del banco. Lo llama, con un pudor casi conmovedor, “una institución financiera”. Como si el Ipejal hubiera descubierto de pronto el arte del eufemismo, que en política es siempre el arte de nombrar lo que estorba sin pronunciarlo.

El banco se llama Santander. Y el nombre del funcionario aparece impreso, con todas sus letras, en la página 20 del Reporte de Resultados del segundo trimestre de 2026, que Banco Santander México envió a la Bolsa Mexicana de Valores el 28 de julio: Pablo Fernando Quesada Gómez, consejero propietario, serie “F”, no independiente.

No lo dice un rumor de pasillo. Lo dice un documento bursátil, que es el único género literario mexicano donde mentir cuesta caro.

I. Dos gafetes, un solo bolsillo

Quesada Gómez tomó posesión de la Dirección General del Ipejal el 1 de julio de 2026. El Gobierno del Estado presumió entonces de su perfil técnico y su trayectoria en Santander, donde fue director adjunto de la Red Comercial y, desde 2023, responsable de Banca Comercial y Minorista. Se informó que renunció a ese encargo operativo para asumir la dirección del instituto.

Renunció al escritorio. No a la silla del consejo.

Y aquí conviene ser preciso, porque la precisión es la única forma decente de la severidad: un director adjunto administra una red de sucursales; un consejero propietario del Consejo de Administración participa en el gobierno corporativo de la institución. Es decir, en el sitio donde se deliberan las estrategias, los riesgos y los negocios del banco.

Al mismo tiempo, ese señor preside el organismo que administra el ahorro para el retiro de decenas de miles de trabajadores jaliscienses e integra el Consejo Directivo del Ipejal, órgano que define criterios y políticas de inversión, además de aprobar contratos, convenios y estados financieros.

De un lado de la mesa, el que decide dónde se invierte el dinero de los pensionados. Del otro, el que se sienta en el consejo de una de las casas donde ese dinero puede terminar. No hace falta suponer dolo alguno para advertir el problema. Basta con saber geometría.

La ficha del Ipejal, además, se pone la soga sola. Cita sus propias Políticas de Inversión, que definen el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

O de negocios. La cursiva es mía; la palabra es de ellos. Si un asiento en el Consejo de Administración de un banco no es un interés de negocios, entonces habrá que redactar de nuevo el diccionario y, de paso, el reglamento.

II. La vocación inmobiliaria

Pero sería un error de miopía reducir la mala administración del Ipejal a un hombre y su gafete. La historia es más larga y viene de más atrás.

Desde la administración de Emilio González Márquez, el Ipejal desarrolló una peculiar vocación: dejó de comportarse como fondo de pensiones y empezó a comportarse como inmobiliaria. Una inmobiliaria, además, con un talento estadísticamente improbable:

Primero. Valores catastrales de propiedades del instituto que, contra toda ley del mercado, en lugar de aumentar, disminuyen. En Jalisco, la plusvalía sube para todos, menos para el patrimonio de los pensionados.

Segundo. El principio rector de la casa: vender barato y comprar caro. Al revés de como lo hace cualquier comerciante del mercado de San Juan de Dios, que no tiene consejo directivo ni asesores financieros y, sin embargo, no quiebra.

Tercero. Permutas de terrenos por adeudos de entidades públicas. El Gobierno debe, el Gobierno no paga, el Gobierno entrega tierra. Y el fondo de los trabajadores se llena de escrituras donde debería haber liquidez.

Cuarto. Compras y fideicomisos cuya recuperación de lo invertido exige un horizonte de veinte años, sin certeza alguna sobre cuándo habrá dividendos. Veinte años. Al pensionado de 68 años se le pide paciencia actuarial hasta los 88.

Quinto. Y ahora, la propuesta del propio Consejo Directivo de vender propiedades del Ipejal de alto valor comercial. Se compró caro lo que no rendía; se propone vender lo que sí vale. La operación tiene nombre técnico, pero prefiero el de la calle: ¡son…!

III. Nadie paga

Mientras tanto, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco reportó, en su informe semestral de mayo, 93 créditos fiscales vigentes por mil 775 millones de pesos contra 48 entes públicos. El Ipejal aparece con dos créditos que suman 525.33 millones de pesos: el 29.59 por ciento del total estatal. El grueso corresponde a irregularidades de 2017, por 495.81 millones de pesos de daño al erario.

Nueve años después, en mayo de 2026, los créditos seguían vigentes. Los procesos, detenidos.

No se ha recuperado un solo peso del fondo. No se ha ejercido acción penal contra los responsables del desfalco, con la excepción del chivo expiatorio de rigor, que en toda administración mexicana es una figura tan institucional como el secretario particular. Y, cuando la edad o la salud lo permiten, prisión domiciliaria.

A eso, en Jalisco, se le llama justicia. En otras partes se le llama contubernio y empieza por una Fiscalía Anticorrupción que ha demostrado ser anticorrupción del mismo modo en que el Ipejal ha demostrado ser un fondo de pensiones.

IV. La iniciativa

Contra ese fondo oscuro se entiende la iniciativa del diputado local Enrique Velázquez para crear una nueva Ley del Ipejal. Su diagnóstico es aritmético y no admite retórica: el gasto ya supera al ingreso, se está tocando la reserva líquida desde 2025 y la relación entre afiliados activos y pensionados cayó 42.82 por ciento en diez años, al pasar de 4.51 en 2015 a 2.58 en 2024.

Traducido del lenguaje actuarial al castellano: Cada vez menos trabajadores sostienen a cada vez más jubilados y la alcancía ya se está abriendo.

La propuesta apunta donde duele. Reconfigura el Consejo Directivo para dar representación real a trabajadores y pensionados. Crea un Comité de Inversiones y Riesgos con especialistas independientes nombrados por el Congreso. Obliga al instituto a entregar al Legislativo sus estudios actuariales, su presupuesto, su plan anual de inversión y su informe financiero. Cambia el esquema de préstamos.

Topa la base de cotización y de pensión en 70 mil pesos mensuales; calcula la pensión sobre el promedio de los últimos diez años —un candado contra los ascensos de última hora— y toma en cuenta el penúltimo salario cotizado antes del cargo. Además, somete a revisión las pensiones que rebasan el límite establecido en el artículo 127 constitucional.

Pero el corazón de la reforma es un solo renglón y es el que explica por qué habrá resistencias: para vender el patrimonio inmobiliario del Ipejal se requerirá la aprobación del Congreso del Estado.

Ahí está el nervio. Quien se oponga a esa línea nos dirá, sin necesidad de decirlo, a qué vino.