¿Evitará el gobernador Lemus la quiebra del Ipejal?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El año 2036 no es una fecha abstracta en el calendario; es el muro contra el cual se estampará el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) si la administración de Pablo Lemus decide, como tantas otras, dejar a quienes vienen detrás la solución de fondo.

Nos encontramos ante una encrucijada que va mucho más allá de las hojas de cálculo actuariales; estamos ante la fragilidad de un contrato social que sostiene la tranquilidad de más de 400 mil jaliscienses, entre trabajadores activos —que ven con terror su futuro— y jubilados que, tras una vida de servicio, observan cómo sus ahorros son gestionados con una opacidad que roza lo criminal, además de los familiares que dependen de ellos.

La tesis es sencilla, aunque brutalmente incómoda. Como bien señalaba el diputado Enrique Velázquez en una conversación reciente, el Ipejal funciona como una alcancía con una fuga sistémica: le metemos 99 pesos y sacamos 100. Bajo esta lógica, no se requiere ser un genio de las finanzas para comprender que el fondo, tarde o temprano, se agotará. La pregunta no es si el sistema quebrará, sino qué nivel de devastación estamos dispuestos a permitir antes de actuar.

Este problema tiene dos cabezas de hidra. La primera es la que nos presentan los legisladores: el déficit estructural. Con una nómina de pensionados que crece y aportaciones que se han quedado estancadas en una realidad laboral pretérita, la reforma es indispensable.

Propuestas como las del diputado de Hagamos, Enrique Velázquez —limitar la base de cotización a 70 mil pesos, promediar el salario de los últimos diez años y crear bonos de permanencia para retrasar el retiro—, pueden parecer amargas, y seguramente lo serán para aquellos acostumbrados a las jubilaciones doradas de último minuto. Sin embargo, en política, cuando la opción es el “todo o nada”, la realidad suele imponerse con una derrota absoluta. Si no se ajustan las tuercas hoy, el mañana nos dejará, efectivamente, sin nada.

Pero, y aquí es donde el análisis se vuelve crítico, no podemos hablar de “ajustar el cinturón” de los trabajadores sin mirar a la segunda cabeza: la corrupción y el saqueo. El colectivo Prodefensa del Patrimonio del Ipejal no exagera cuando señala que las décadas de administración negligente, el uso del Instituto como caja chica de los gobiernos en turno y las inversiones fallidas han sido el verdadero cáncer del sistema.

En efecto, ¿cómo le pides a un maestro o a un servidor público que aporte más y que trabaje más años cuando ha sido testigo de cómo su patrimonio se desviaba para financiar terrenos sobrevaluados o condonaciones de intereses a ayuntamientos que parecen olvidar que el dinero del Ipejal es sagrado?

El reclamo de los trabajadores es legítimo y debe ser el eje de cualquier reforma. No puede haber una solución financiera que no pase primero por una cirugía mayor en materia de transparencia. La decisión de rechazar una auditoría externa independiente fue, sin duda, un error que alimenta la desconfianza.

Si el Gobierno actual, encabezado por Pablo Lemus, quiere realmente rescatar al Ipejal, debe comenzar por devolver a los trabajadores la certeza de que su dinero no es un botín político. La reconfiguración del consejo directivo, dando mayor voz y voto a quienes son los verdaderos dueños de los recursos —los trabajadores y pensionados—, y la creación de un comité de inversiones integrado por especialistas independientes no son concesiones: son condiciones de supervivencia.

El escenario político para llevar a cabo esta reforma es, por decir lo menos, pantanoso. Se requeriría una cintura política poco común. ¿Es posible conseguir los 20 votos? Tonatiuh Bravo Padilla ha sugerido que existe apertura, aunque ciertamente no habrá unanimidad. Hagamos, Morena, Futuro y algunos diputados del PAN podrían tejer esa mayoría, pero el “atorón” no está en el Congreso, sino en el Ejecutivo.

¿Tiene Pablo Lemus la voluntad de enfrentar el costo político de una reforma estructural? ¿O preferirá la comodidad de patear el bote y dejar que la crisis le explote a su sucesor?

La llegada de Fernando Quesada Gómez a la dirección del Instituto, un perfil técnico con experiencia en el sector financiero, es una señal positiva, pero insuficiente. Un buen administrador no puede salvar una institución si la ley que la rige es un colador que permite su desangramiento. Si no se cambia la norma, Quesada Gómez terminará siendo, tristemente, el último administrador de la tragedia, el encargado de apagar las luces cuando el fondo finalmente se vacíe.

El tema es, además, una cuestión de justicia. Los gobernantes han tratado al Ipejal como una agencia de colocaciones o un fondo de maniobra para decisiones gubernamentales que nada tienen que ver con los intereses de los cotizantes. Es hora de terminar con eso. La transparencia debe ser radical. Cualquier venta de patrimonio inmobiliario debe pasar por el Congreso; cualquier inversión debe estar sujeta al escrutinio público. El dinero de los trabajadores no debe convertirse en fuente de financiamiento para las ocurrencias del gobierno en turno.

Estamos ante un momento de verdad. El año 2036 no es una profecía, sino una consecuencia matemática de la inacción. Vamos a ver si existen la inteligencia, la voluntad y, sobre todo, el sentido de responsabilidad necesarios para enfrentar este quebranto. Los maestros, los sindicatos y los jubilados están observando y no se conforman con explicaciones técnicas ni con el “siempre se ha hecho así”.

La pregunta de fondo, la que quedará en la historia de esta administración, es si el Gobierno de Pablo Lemus será recordado como el que tuvo el valor de sanar la herida, aunque doliera, o como el que prefirió mirar hacia otro lado mientras la casa se quemaba.