OPINIÓN
Cuando no les llueve, les llovizna
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está mal y de malas, cuando no les salen las cosas les chiflan o los regañan, con todo y que los últimos gobiernos federales han provocado una competencia no muy pareja con los elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Lo ocurrido el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, cuando uniformados de la SEDENA y elementos en la Guardia Nacional (GN), presuntamente acataron la orden de capturar a dos de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, y lograron el aseguramiento de Ovidio Guzmán López, hijo de Guzmán Loera.
Hasta donde se ha informado la “brillante estrategia” la instrumentó el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien parece que buscaba llevarse todos los reconocimientos y estrellitas con su máximo jefe, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero se quedaron con las ganas de recibir aplausos.
Las instrucciones de dejar en libertad a Ovidio Guzmán López, y al parecer a los sujetos que estaban con él en el momento del arresto, ha provocado un sinfín de dudas y señalamientos contra las fuerzas armadas de México.
Ha trascendido que hace unos días se llevó a cabo un desayuno entre militares de alto rango, entre ellos el titular de la SEDENA, General de División Luis Crescencio Sandoval González, quien dio a conocer su malestar y preocupación de lo ocurrido en la capital de Sinaloa.
Por cierto hace algunas semanas se informó que por instrucciones superiores el personal de la Armada de México, o sea la Marina, sería concentrado para la vigilancia y custodia de puertos y lugares de las costas del país, por lo que dejarían de operar en el interior del país, pero con lo ocurrido en Sinaloa, parece que dieron marcha a atrás y se volvió a comisionar elementos de la SEMAR en ese territorio y posiblemente en otros más.
Por lo pronto en la SEDENA, se dice que hay desilusión y preocupación por lo ordenado y ocurrido en la liberación de Ovidio Guzmán López, además de la preocupación que tienen acerca de la integridad y seguridad de la familia de la población castrense que por lo menos en Culiacán, fueron advertidas de posibles ataques, lo que nunca se había señalado abiertamente por la delincuencia organizada.
Ahora queda esperar las repercusiones que todavía faltan que ocurran en la actual administración y que tal parece que no todos están alegres y contentos como ha dicho el mandatario de México.
¿Y SE VALDRÁ ACUSAR SIN PRUEBAS?
Tanto en la administración federal como en la local de Jalisco, los responsables de ellas han estado haciendo todo para presuntamente tener el control de otro órgano de gobierno, o sea el Poder Judicial.
En coincidencia los mandatarios AMLO y Enrique Alfaro Ramírez, en repetidas ocasiones han señalado la falta de probidad de jueces, magistrados y ministros, sin que hasta ahora se hayan abierto procesos contra presuntos responsables, pero eso sí señalan la corrupción supuestamente existente sin ordenar a las respectivas fiscalías que inicien el proceso penal contra malos funcionarios del poder judicial.
En el caso del intento de control del poder judicial local, ya que le complicó al Gobernador, al haberse emitido un fallo a favor de magistrados inconformes con las nuevas medidas que les pretende imponer el poder legislativo, que es obediente a las intensiones del mandatario estatal.
Si bien es cierto que se han emitido cuestionados fallos en tribunales locales, también es cierto que pudiera recaer responsabilidad entre los diputados que en el caso de magistrados proponen a las personas para ocupar el cargo, pero nada más designan y se lavan las manos como “Poncio Pilatos”, pero eso sí, discuten para lograr colocar al magistrado de su simpatía o intereses, aunque no lo reconocen abiertamente.
Así no puede haber autonomía en los tres órganos de gobierno en Jalisco, ya que el Poder Ejecutivo tiene el gran poder de “administrar” a su antojo los recursos que se asignan a los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo y como dicen “el que paga, manda”, así ha sido por años y parece que así seguirá por mucho tiempo más.
Por cierto ya hay jueces y magistrados que se están amparando por la llamada Reforma Judicial que abiertamente les pone de rodillas en el importante desempeño de sus funciones.
Ya veremos quién tiene la razón.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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