La escuela sin celulares

Opinión, por Iván Arrazola:

La decisión de restringir el uso de celulares en las escuelas mexicanas parece, a primera vista, una respuesta lógica frente a un problema evidente. Los dispositivos distraen, facilitan la difusión de fotografías y videos sin consentimiento, pueden amplificar el acoso escolar y trasladan al salón de clases conflictos que comenzaron horas antes en una red social. La solución parece sencilla: si el teléfono genera parte de estos problemas, hay que mantenerlo fuera de la dinámica escolar.

México tampoco está innovando demasiado. La regulación de celulares forma parte de una tendencia internacional que ha llevado a numerosos países a establecer restricciones dentro de las escuelas. La discusión global parece haber cambiado de sentido: después de años en los que incorporar tecnología se consideraba prácticamente sinónimo de modernizar la educación, ahora se comienza a preguntar si una presencia permanente de pantallas realmente contribuye al aprendizaje.

La Secretaría de Educación Pública tiene datos para justificar su preocupación. Antes de publicar el Acuerdo 09/09/26 realizó una consulta en la que participaron más de 565 mil figuras educativas. Los resultados muestran que alrededor de ocho de cada diez relacionan el uso de dispositivos con dificultades de atención y una proporción semejante respalda establecer reglas para limitar su utilización.

Hay otros datos que permiten observar que el problema rebasa la distracción. Cerca de cuatro de cada diez participantes señalaron haber identificado conflictos originados en redes sociales o espacios digitales que posteriormente continuaron dentro de la escuela; 33.2% reportó situaciones relacionadas con fotografías, audios o videos tomados o difundidos sin consentimiento; 29% identificó casos de ciberacoso o agresiones digitales y 31.5% tuvo conocimiento de retos virales.

El acuerdo parece responder simultáneamente a problemas de atención, convivencia, violencia digital, ciberacoso y aprendizaje. Son fenómenos relacionados, pero no equivalentes. Si el problema central es la distracción, la intervención debería evaluarse observando cambios en la atención. Si se pretende combatir el ciberacoso, habrá que medir la evolución de estas conductas. Si el propósito es recuperar la convivencia, será necesario observar qué sucede durante los recreos. Y si se espera mejorar el aprendizaje, tendrán que compararse resultados educativos.

El problema aparece cuando se pretende convertir esa conclusión en otra: menos celulares significan necesariamente mayor aprendizaje. Los propios resultados de PISA obligan a ser más cautelosos. Una vez consideradas las condiciones socioeconómicas de estudiantes y escuelas, en México las diferencias de desempeño asociadas con la distracción digital no resultan estadísticamente significativas.

Esto significa algo importante: el celular puede formar parte del problema, pero difícilmente explica por sí mismo los rezagos educativos. Guardar los teléfonos no resolverá las dificultades en lectura, matemáticas o ciencias; tampoco eliminará automáticamente el bullying, mejorará la regulación emocional o recuperará la autoridad de los profesores. Son problemas anteriores a la expansión de los teléfonos inteligentes y responden a factores considerablemente más complejos.

La Unión Nacional de Padres de Familia ha introducido, además, otra objeción relevante: la consulta se concentró principalmente en docentes y actores educativos, pero no incorporó sistemáticamente a las familias en la construcción del diagnóstico y de las soluciones. La organización ha planteado precisamente que retirar celulares no restablecerá por sí mismo la autoridad pedagógica ni cerrará las brechas de aprendizaje.

En numerosos planteles, el celular no solamente representa una distracción; también se ha convertido en una herramienta que compensa parcialmente las carencias del sistema educativo. Cuando no existen computadoras o tabletas suficientes, el teléfono sirve para consultar información, ingresar a plataformas, observar videos o escanear códigos QR incorporados en los propios materiales educativos.

A ello se agrega un problema de implementación. El acuerdo establece restricciones, pero deja un margen considerable para que las comunidades educativas definan cómo llevarlas a la práctica. La flexibilidad puede resultar conveniente frente a la diversidad de contextos escolares, pero también puede convertirse en ambigüedad. ¿Qué sucede cuando un estudiante utiliza reiteradamente el celular? ¿Puede retirarlo el profesor? ¿Quién debe resguardarlo? ¿Quién responde si se pierde o resulta dañado? ¿Qué sucede frente a una emergencia?

El debate tampoco debería convertirse en una elección entre tecnología y educación. La escuela contemporánea necesita enseñar a utilizar computadoras, celulares e inteligencia artificial, pero también necesita enseñar que no toda actividad requiere una pantalla.

Por eso, la pregunta relevante no es simplemente si estuvo bien o mal restringir los celulares. La pregunta es qué pretende conseguir México con esa restricción y cómo sabremos si funcionó. El 3 de noviembre podremos comprobar si los estudiantes guardaron sus teléfonos. Lo verdaderamente importante vendrá después: saber si disminuyeron las distracciones y los conflictos, si mejoró la convivencia y si las escuelas lograron construir una relación más responsable con la tecnología.

Porque guardar un celular es relativamente sencillo. Construir una política educativa capaz de enseñar cuándo utilizarlo, para qué utilizarlo y cuándo dejarlo a un lado es bastante más complicado.