OPINIÓN
Leyes de ingresos
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Nuevamente llega el fin de año y los diferentes niveles de gobierno, ejerciendo sus potestades tributarias presentan sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, muchas de ellas con grandes expectativas, difíciles de cumplir y, otras, donde a pesar de la notoria reducción de participaciones federales que se avecina para el año próximo, no son capaces de ser creativos para incrementar la recaudación necesaria, y simplemente toman la publicada para el año en curso y le aplican un incremento por índice inflacionario pero bajo perspectivas económicas imposibles de cumplir.
Tal es el caso del proyecto que presentó el Gobierno del Estado de Jalisco, el cual parte de la premisa de que el PIB nacional crecerá el 2% cuando es conocido por todos que, por las erróneas políticas del Gobierno Federal, sin bien nos va, el PIB del 2020 será del 0.0% al 1.1% con expectativas a la baja.
Dice el Gobierno del Estado que en 2020 percibirá la cantidad de ciento veintidós mil cuatrocientos millones cuatrocientos veinte mil seiscientos ochenta pesos, cantidad superior en un 4.66% a lo presupuestado para 2019. Sus expectativas se basan en un incremento disfrazado en la tarifa de pago por enajenaciones de vehículos usados, en un incremento difícil de cumplir sin apretar a los que ofrecen hospedaje a través de aplicaciones con Airbnb, ya que se espera recaudar un 29.21% superior a lo presupuestado para el año en curso, no obstante que la actividad turística disminuirá por motivos de la grave inseguridad en el estado; pero donde tienen aún más grandes expectativas es en la recaudación proveniente del Nóminas y Asimilables, ya que pretenden recaudar casi cuatro mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos contra tres mil setecientos veintiséis millones, lo que implica un incremento en la recaudación del 22.59% lo cual en lo personal dudo que se logre, no obstante que el estado cuenta con las bases de datos del SAT para la fiscalización en base a la información revelada en las declaraciones federales.
En el caso de enajenación de automóviles usados, es claro un nuevo ajuste a los tramos de la tarifa para hacer que las operaciones vayan ubicándose en los valores más altos, ya que ahora para llegar al renglón más alto de la tarifa se considera una base de solo ciento sesenta mil novecientos dieciocho pesos contra la de doscientos veintidós mil doscientos pesos del 2019. Por ejemplo, un vehículo con una valor según las tablas del estado de doscientos mil pesos paga durante 2019 solo $9,227.70 en 2020 pagará $11,701.00 lo que equivale así al 27% de incremento. Lo curioso de esto es que a muchas de las dependencias que nos son parte del gobierno central estatal no se les incrementa su presupuesto o se les incrementa en forma ridícula no obstante que incluso tienen funciones nuevas derivado de reformas legales, como el caso de la Universidad de Guadalajara. En contraste, el gasto de comunicación social será nuevamente exagerado, renglón en el que esperemos no sean nuevamente beneficiadas las dos o tres empresas favoritas del gobernador, sin embargo se nos olvida qué hay una imperiosa necesidad de promocionar la tan esperada refundación del estado, lo que quiera que eso signifique, haciendo a un lado las verdaderas prioridades, tales como la seguridad pública y salud.
Por cierto, debemos estar en Jalisco muy orgullosos, somos ya récord nacional en número de personas contagiadas de dengue, lo cual, lamentablemente ha causado la muerte de numerosos jaliscienses. Parece que el Poder Ejecutivo le tiene más miedo a lo que implica declarar urgentemente la alerta sanitaria que a los muertos que cargarán en su conciencia los irresponsables funcionarios estatales del sector salud.
En el caso de la recaudación municipal es lamentable que se les obligue a conservar tarifas de impuesto predial inconstitucionales, ya que muchas de ellas no pasarían un test de proporcionalidad y equidad de acuerdo a los parámetros fijados por nuestro más alto tribunal; habrá que ver la conformación de las nuevas tarifas y si la lógica de su tabla reúne esos requisitos, ya que algunas, como la de Guadalajara, para este año no lo cumplen.
Ya que estamos hablando de municipios hay que tener mucho cuidado con los ilegales cobros que pretenden hacer, lamentablemente ya muchos ayuntamientos, por un concepto de “subdivisión”, esto en predios que en su momento ya fueron afectados por ese gravamen o cobro, solo como ejemplo, una empresa fracciona un terreno de su propiedad, ahí si el Código Urbano le autoriza al municipio a recibir una donación equivalente del16% al 21% de la superficie total, pero el comprador de uno de los terrenos ya fraccionados no tiene de ninguna manera que volver a pagar dicho “derecho” incluso aunque este inserto en un reglamento municipal. Primer encargo que tendrá el nuevo Procurador de Desarrollo Urbano, cargo actualmente acéfalo, y que será fijar un criterio al respecto aclarando la aplicación del Código Urbano al respecto y evitar que la ciudadanía sea engañada con claras intenciones recaudatorias.
En otro tema, asistí a la Convención Anual de Correduría Pública Mexicana, gremio que se consolida cada vez más como un pilar fundamental de la actividad mercantil, sin embargo, fue preocupante conocer el poco conocimiento que tienen los comerciantes de ese importante auxiliar del comercio. Según las encuestas, muchos empresarios ni sus contadores saben que el Corredor Público goza de la fe pública del Estado, la cual le es delegada por la habilitación del ejecutivo federal y que al gozar de ella en la materia mercantil, permite que el Estado garantice que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; otorgando seguridad jurídica por parte del Corredor, tanto al Estado como a los particulares, en los actos que interviene este. Los avances de la tecnología nos superan y ya es posible asistir en actos y contratos mercantiles incluso desde otros países dando fe de su celebración, facilitando con esto el comercio internacional.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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