OPINIÓN
Crisis educativa en Jalisco
Metástasis, por Flavio Mendoza //
La falta de pago a los maestros en el Estado es un problema que hoy estalla en medio de una crisis educativa, luego de que la organización sindical y particularmente la Sección 16 y su dirigente el Maestro Elpidio Yáñez Rubio realizara una manifestación en oficinas de la Secretaría de Educación Jalisco, en donde advirtió de tomar otras acciones si no se resolvía el pago inmediato a los trabajadores de la educación, las acciones se tomaron luego del incumplimiento de los acuerdos con el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, para que en la primer quincena de noviembre quedaran resuelto este asunto.
Sin embargo, del otro lado la dirigencia sindical recibió la cerrazón, soberbia y desinterés del titular de la Secretaría de educación para resolver las demandas, cabe aclarar que el pago que se adeuda es a mas de 6 mil trabajadores y se siguen sumando casos, además se adeuda desde hace 8 meses y hasta un año en el caso de adeudos de prestaciones.
La Secretaría de Educación sigue usando de excusa al FONE, el sistema que administra los recursos con los que se pagan a los trabajadores, sin embargo, éste es sólo un sistema que se alimenta de los datos que el estado provee, por lo que el problema es principalmente administrativo. Tampoco tienen que ver las reformas en materia educativa, ni siquiera el FONE se deriva de la reforma educativa, ésta es parte de las reformas financieras y tiene que ver con la coordinación fiscal.
Por lo que la dirigencia sindical tomó la decisión de convocar a un paro cívico laboral en todos los planteles educativos de los niveles preescolar, primaria y secundaria del subsistema federal, serán mas de 6500 planteles y la afectación será a más de 900 mil alumnos. Ante ello el Secretario de Educación emitió un comunicado en el que plantea, además de imprecisiones, mucha soberbia y frivolidad, culpando al gobierno federal del problema.
Sin embargo cabe aclarar que no es el 2% de la nómina federal la que presenta adeudos, la Sección 16 tiene ya el registro con nombre y apellido de cada caso, además aunque fuera el 2% estamos hablando de más de mil trabajadores sin recibir su salario. Por otro lado, se le olvida que a partir de la descentralización de la educación en los años 90´s el patrón de los trabajadores de la educación, independientemente del subsistema y el origen del recurso para pago es el Gobierno del Estado, por tanto, es su obligación solucionar esto.
Vale la pena aclarar que la nómina del subsistema estatal no se paga con regularidad, podrá decir que esta primera quincena regularizaron adeudos de agosto a octubre, pero durante todo el año se han generado miles de inconsistencias que retrasan el pago a los docentes, quienes trabajan por necesidad y como forma de vida, mientras los funcionarios de la Secretaría de Educación de primer nivel reciben íntegro el salario superior a los 100 mil pesos mensuales, además de haberlo recibido desde el periodo de transición, es decir que tienen sueldo desde antes de tomar su responsabilidad oficialmente.
Existen otros asuntos como la asignación de plazas fuera de norma, desde las direcciones de los niveles sin presencia del Sindicato y sin ser público como lo establecen los lineamientos para el caso de primaria, además de no cubrir vacantes por maternidad por ejemplo en intendencias y otros puestos de apoyo o asistencia a la educación, así mismo llevaron a cabo un proceso de asignación de horas adicionales como promoción en la función a maestros que laboran en el esquema de hora-semana-mes, derivado de sus extraordinarios resultados de los procesos de evaluación, a quienes les negaron el incremento, primero de sueldo, y ahora de horas, argumentando el perfil, sin embargo, el perfil lo cubrieron los maestros al momento de ser contratados, además de demostrar que en la materia que imparten con base a sus evaluaciones son expertos, mejor certificación en la materia no pueden tener, incluso esos maestros le sirvieron al sistema para cubrir interinatos para no dejar solos los grupos, ahí no les importó el perfil.
Finalmente la Secretaría de Educación Jalisco pierde tiempo y derrocha recursos en el proyecto Recrea, con una inversión en 50 escuelas con las que podría mejorar las condiciones de muchas más que ya son de tiempo completo, por ejemplo, no cumple con las estructuras ocupacionales oficiales, incrementa la carga administrativa a las escuelas y no tienen tiempo de atender a las escuelas, no cumplen con las estructuras ocupacionales.
El Secretario de Educación tiene que aterrizar en la realidad de la educación en el estado o dedicarse de lleno a los reflectores políticos.
Twitter: @FlavioMendoza_
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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