OPINIÓN
Rindiendo cuentas
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
A un año de trabajo, las cuentas que se entregan no son buenas, ni en Guadalajara, ni en Jalisco, ni en México. Seguridad, salud y economía, son “talón de Aquiles” de cualquier análisis, en cualquier municipio, en cualquier estado, en cualquier rincón de nuestro hermoso territorio. Por mas que alguien quiera defender lo indefendible y para dejar las cosas claras, nadie que se precie de ejercer el oficio de comunicador, está para defender ideologías, ni el trabajo de ningún político, sino por el contrario, para ejercer la balanza y plasmar con ideas y la mayor porción de la verdad, los hechos y la opinión honesta de lo que está observando.
EL FANTASMA DE LA ECONOMÍA
Poner las cosas en su exacta dimensión, es menester, para poder sacar conclusiones de cómo estamos y a donde vamos. La economía no es mas importante que la seguridad ni la salud. Sin embargo, muchos, han tomado como bandera, el nulo crecimiento económico del país. Dejemos las cosas claras, ¿como se le puede pedir ganancias a la empresa que recibes en bancarrota? Que nadie pierda la congruencia, la economía mundial está pendiendo de un hilo. Pues, entonces, ¿qué se puede esperar de un país que ha sido saqueado desde hace varias décadas?
Sin embargo, también hay que dejar claro, que si bien es cierto, que no hemos crecido, no estamos en una crisis económica, ni hemos perdido la confianza de los mercados internacionales, por mas que las calificadoras de riesgo hagan sus pronunciamientos.
La realidad es que ayer en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, podíamos comprar el dólar en 18.85, mientras que un año antes estaba en 20.45, la inflación esta controlada. Los combustibles que antes subían su precio diariamente han encontrado una estabilidad. Los intereses bancarios no se han disparado. No hay falta de abastos en los supermercados. Las tiendas y los restaurantes están llenos de clientes. El fenómeno del “buen fin” tiene marcadores de gasto positivos. Entonces, yo me pregunto. ¿dónde está la crisis económica?
Claro, también hay que decir que hay falta de presupuesto en la obra publica, algunos sistemas gubernamentales han visto reducido su presupuesto, hay menos circulante.
Pero por otra parte, se anuncia que ya están listos, mas de 800 mil millones de pesos, para invertir en obras a partir de que 2020 inicie.
También nos ofrece un poco de tranquilidad, que se ha invertido en la exploración de PEMEX y se han detectado nuevos yacimientos para revertir la quiebra de la paraestatal.
Y por si fuera un milagro, se habla de yacimientos de Litio, lo cual, de ser comprobado, nos coloca en la fila de los que pueden aportar al desarrollo de las nuevas tecnologías.
Entonces, me vuelvo a preguntar: ¿Estamos conscientes de la realidad económica del país? o solo andamos haciéndole “el caldo gordo” a los manipuladores.
TERRORISTAS O NARCOS
La agenda se cimbró cuando Trump mencionó que podría declarar que en nuestro país existía terrorismo. Esto, de ser aprobado en sus mecanismos de gobierno, significaría que los del norte podrían por su propia decisión ingresar a nuestro país, como lo han hecho en Libia, Panamá o Irak, por poner algunos ejemplos de intervencionismo. Por supuesto que la violación de la soberanía es un tema de identidad nacional que crea revuelo en la mayoría de los mexicanos, aunque todavía existen los descendientes de los que fueron a buscar a Maximiliano y que en su mente calenturienta, sueñan con que un extranjero venga a poner orden para beneficio de ellos.
Pero las cosas no son tan fáciles en este momento histórico. Hay países que no son “tan cuates” de los americanos, que también pueden levantar la mano para crear un conflicto internacional. De no ser así, ya hubieran invadido Venezuela o Cuba. Como dicen en el argot popular, “el miedo no anda en burro”. Rusia sobre todo, pero China de manera mas importante, parecen ser los equilibrios de la balanza mundial.
Afortunadamente, México es un país que mantiene una buena relación diplomática con la mayoría de países del mundo y no creo que cualquiera se pueda atrever a invadir de manera oficial nuestro territorio.
Algunos marcadores dejan claro, que en México no existe terrorismo. Es mas, ni siquiera en Colombia, en la época que Pablo voló un recinto oficial con dinamita o que hizo explotar un avión comercial se dieron tales circunstancias.
En México lo que hay es impunidad, especialmente en el sistema judicial, donde los delincuentes se salen con la suya y solamente el 2% llegan a pagar por sus delitos. La mayoría se buscan un abogado que tenga un “buen cochupo” con algún juez o secretario y asunto arreglado. Esto no sucede solamente con la delincuencia organizada, sino hasta niveles muy bajos, como cambiar el caso de un tipo que trata de matar a su pareja y dejarlo libre para que vaya a terminar con su objetivo.
Finalmente, pareciera ser mas un asunto que busca adeptos políticos para el mandatario que se quiere reelegir. Los buenos oficios de Ebrard, parece que tienen las cosas tranquilas, pero de no ser así, quizá sería un buen momento para invitar a Putin para que nos haga una visita y estrechar los lazos con Jinping, que tiene una formación política muy solida e interesante.
PREGUNTA FINAL
¿Cuantos partidos se andan formando ante la mala experiencia con los ya desgastados, o con los conflictos internos de Morena?
Hasta la próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
