OPINIÓN
Impuesto a las herencias
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Nuevamente los legisladores de Morena Co. presentarán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa tendiente a gravar con Impuesto sobre la Renta las Herencias y Legados, solo con el propósito eminentemente recaudatorio para poder cumplir en parte las promesas populistas de Manuel Andrés López Obrador, sin importarles, como lo han demostrado a lo largo de un año, las consideraciones técnicas y económicas derivadas de la implementación de un impuesto de esta naturaleza donde podemos apreciar que solo buscarán gravar el mayor número de operaciones sin considerar el efecto, no solo en el autor de la herencia o del heredero, sino también en el grado de confianza en el país y la lógica salida de capitales que provocaría un impuesto de esta naturaleza.
Solo imaginemos lo que realizarían todos esos inversionistas que actualmente tienen su dinero depositado en bancos mexicanos, los cuales pueden sacar del país en cualquier momento solo con presionar una tecla de su computadora, al llevarlo a otro país ese dinero ya no podría, al ser transmitido por herencia, tener efecto fiscal alguno en el país de origen, y con mayor razón si la cuenta se apertura con diversos co-titulares.
Actualmente la herencia o la donación está exenta de impuesto sobre la renta, a pesar de sí existir una transmisión patrimonial, lo anterior siempre y cuando se realice entre ascendientes o descendientes el línea recta sin limitación de grado. Lo anterior ya que se considera un simple ajuste de titular dentro del mismo núcleo familiar, además de que en la gran mayoría de los casos el autor de la herencia o donación ya pagó impuestos al generar los ingresos con los que adquirió los bienes que ahora donaría o heredaría, resultando esto en una doble tributación ruinosa. Reconozco que en nuestro país no está prohibida la doble tributación pero una política económica de una equivocada decisión tributaria puede generar una salida masiva de capitales de nuestro país, incluso previo a su entrada en vigor.
En otros países una decisión de esta naturaleza va acompañada de estudios que duran de uno a tres años y se evalúan de acuerdo al efecto que provocan en la economía en el largo plazo, y no, como en México se pretende, solo por aspectos recaudatorios, y que también reflejan un odio acumulado por parte de muchos de Morena en contra de los ricos de nuestro país y ven como revancha un impuesto de esta naturaleza.
Desde finales de 2018 se intentó, nuevamente, impulsar un impuesto de esta naturaleza, que afortunadamente no se logró implementar, pero que ocasionó que muchísimos empresarios ya donaran en vida, aprovechando la exención actual que insisto, permite donar sin cubrir ese alto impuesto, otros se cubrieron con fideicomisos y otros donaron a sus hijos sus acciones de sus empresas pero reservándose el voto corporativo para seguir controlando la empresa hasta su muerte, pero habiendo ya transferido las acciones a sus hijos, y otros más, muchos, sacaron sus inversiones del país simplemente.
Un impuesto de esta naturaleza puede ser tan regresivo que podría provocar que señoras de avanzada que quedaran viudas se verían obligadas a vender en muchos casos los bienes heredados para cubrir el impuesto que les generó el hecho de recibir la herencia del marido, incluso cuando ellas colaboraron para lograr el adquirir esos bienes.
Como ya lo había escrito, independientemente de que las consideraciones de sus propuestas sea o no válidas, debo señalar que dichas iniciativas parten de premisas equivocadas ya que con el Impuesto sobre la Renta (ISR) se pretende desposeer a aquellos que tienen la fortuna de heredar y quedarse, en el mismo estrato social en que se encontraba, a juicio de algunos diputados, sin haber trabajado, mientras que aquellos que no tienen las misma suerte, permanecen en el infortunio de la pobreza, situación a todas luces equivoca, ya que si consideramos a la familia como núcleo fiscal precisamente el autor de la herencia fue el que trabajó, e insisto, ya pagó su Impuesto sobre la Renta y precisamente el modelo mexicano ha considerado a la familia como un núcleo global. Inclusive el impuesto por premios, loterías y encontrar tesoros sería menor que por heredar. Pareciera que la consigna será, si heredó háganlo pobre.
La dificultad para determinar la base (el valor) sobre el que se causaría el impuesto es sumamente complicado ya que al pretender causarlo por los ingresos que se obtengan por herencias o legados, se torna sumamente difícil, solo como ejemplo, ¿cómo voy a valuar el ajuar doméstico entendiendo dentro de ese concepto desde ropa, joyas, pieles, vehículos embarcaciones y aeronaves; y a las obras de arte y antigüedades?, simplemente las acciones de empresas que cotizan en bolsa cambian de valor constantemente y pueden ser parte de la masa hereditaria o qué pasa si desde este momento ya adquiero los bienes en usufructo por el futuro autor de la herencia y en nuda propiedad por el cónyuge, pariente o heredero.
Ya en México existió un impuesto a la herencias y se derogó la misma con los siguientes argumentos: a) Que la recaudación era ridícula, ya que los causantes ocultaban todo lo ocultable. b) Que el impuesto era exageradamente alto. c) Que la derogación sería aplaudida por los causantes que se sentirían libres de una amenaza muy grave. d) Que afluirían capitales extranjeros cuya inversión en el país ocasionaría un apreciable ingreso en la recaudación del impuesto sobre la Renta. e) Que es aconsejable como política fiscal gravar el producto y no el capital. Creo que debemos aprender de la historia no muy lejana, situación que nunca toman en cuenta los legisladores de la “CuatroT” pero además les recordamos que el señor López prometió que no habrá nuevos Impuestos, cosa que ya vimos no cumple, como fue en el caso del IEPS.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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