OPINIÓN
El teletrabajo en crecimiento: Protocolos de reapertura económica; Jalisco ante sí y el mundo
Comuna México, por Benjamín Mora //
“Nadie puede beber agua de un espejismo”
HAN SHAN
En diciembre pasado, tras los resultados magros de su primer año de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debió poner un letrero: “Cerrado hasta nuevo aviso”, dejando en nosotros, los ciudadanos y empresarios, la responsabilidad de poner orden y rumbo en el país. La incertidumbre, el desorden, la improvisación y la ocurrencia han sido los ejes rectores del actuar del Presidente y del gobierno federal. “Vivimos en una película de suspenso sin final”, como dijera Deborah Carr, profesora de Sociología de la Universidad de Boston, al referirse a la pandemia, que yo amplío a todo el actuar del Presidente de México.
Los motores de la vida económica y social de México se han sobrecalentado por el desdén presidencial hacia todo lo realizado en el pasado, en especial, hoy ante el Covid-19, en materia de salud, como lo fue la cancelación del Seguro Popular.
Desde la presidencia de la República hubo un desdén, cuasi atentatorio, de la salud y vida de los ciudadanos. El propio López Obrador promovió todo aquello que multiplicaba el número de contagiados y ordenaba la contención de políticas de salud responsables y solidarias, tomando a quienes no coincidían con sus criterios como sus opositores y enemigos de la Cuarta Transformación, de manera clara y angustiante.
En estos largos meses de caos pandémico inducido desde la presidencia, hubo gobiernos estatales que tomaron acciones de inmovilización social y económica preventivas, dando libertad de permanecer activos a quienes están vinculados con la salud y la alimentación: producción, industrialización, transporte y comercialización. La valentía de esos gobernadores marcó la diferencia.
En el gobierno de López Obrador, el secretario de Salud se esfumó y dejó al subsecretario López-Gatell la responsabilidad que a él corresponde por mandato de Ley; su omisión no ha merecido su destitución, como debió ser. López-Gatell ha hecho nudos en la madeja de salud; es torpe al prever el momento en que la “curva de contagios se aplane” y volvamos a la normalidad. Son torpes los dos López cuando desdeñan a los científicos que argumentan que retomar las actividades antes de tiempo, provocará muertes de gente inocente, como lo ha señalado Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud de México. El propio José Narro Robles, también ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM ha puesto en duda las cifras de contagiados y muertos por COVID-19 del gobierno de AMLO, y ha declarado “aun no es tiempo de relajar las medidas” de contención y apertura. Le creo.
Por el desprecio de López Obrador a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la experiencia china y europea, las compras de los insumos y equipo necesarios para atender a los mexicanos contagiados del coronavirus fue tardía y costosísima, pero, sobre todo, causa de decenas de muertes inmerecidas. De acuerdo con la Universidad John Hopkins somos el país 10 en número de muertes por Covid-19. Hay pues, un vacío de liderazgo moral.
Joshua Gordon, psiquiatra y director del Instituto Nacional de Salud Mental en EEUU, al hablar de las decisiones de Donald Trump -aplicables al caso de López Obrador- ha declarado que, si las personas que ocupan posiciones elevadas en el gobierno “nos dan información contradictoria, o si la información que proporcionan a la larga resulta no ser verdadera, entonces no podemos confiar tanto en ella, aumentando nuestra incertidumbre”.
El caos federal por el Covid-19 es solo reflejo del caos en que López Obrador tiene a nuestra economía que decrece y aleja inversiones, mereciendo las críticas más severas dentro y fuera de México por sus ocurrencias caprichosas en Texcoco, Tabasco, Santa Lucía, Mexicali y, ahora, en materia de energía limpia.
En Jalisco, el gobernador ha delegado en el secretario del Trabajo y Previsión Social la responsabilidad de la reapertura que debería recaer en el secretario de Salud, en primerísimo lugar. El plan de vigilancia, prevención y control de la salud de las y los trabajadores con riesgo al Covid de cada empresa debería ser rector de la transición a la que nos enfrentaremos; no debe bastar un check list.
El plan señalado deberá, de manera específica, referir quienes de las trabajadoras y trabajadores están en mayor riesgo de contagio del Covid-19 por edad, enfermedades crónico-degenerativas, contactos personales directos, etc., e informarlo a la autoridad responsable, y sumar medidas preventivas colectivas e individuales dentro del centro de trabajo y fuera del mismo, incluido en el ámbito familiar. Deberá guardar, asimismo, vigilancia permanente de las comorbilidades relacionadas con el Covid-19.
El plan referido, más allá de los protocolos anunciados, determinaría el equipo de protección y seguridad que cada trabajadora y trabajador debiese llevar según el grado de posibilidades de contagio; éste determinaría la necesidad de aplicar o no pruebas de evaluación rápida. Los planes deberán contener presupuesto y un plan de adquisición de los insumos que requerirán para garantizar la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. En otros países, la toma de temperatura se hace tanto al inicio como al final de la jornada de trabajo; incluso, se pide a las trabajadoras y trabajadores, tomarse la temperatura antes de salir de casa y en caso de ser superior a los 37º, ir directamente al centro de salud o quedarse en casa.
Sin duda, el teletrabajo o trabajo a distancia es el gran invitado en la reactivación de algunos sectores económicos. Para la empresa podría significar ahorros en pago de rentas, energía y agua, así como en los gastos de traslado de la trabajadora o trabajador.
Especial cuidado deberá tenerse con los aires acondicionados pues es sabido que virus se “siente confortable” en temperaturas menores a los 32º centígrados. El protocolo para hoteles deberá considerarlo de forma más específica.
En los protocolos de los restaurantes, hoteles, bares, centros nocturnos y balnearios se estable que por ninguna circunstancia debe atender a personas mayores, mujeres embarazadas, o con antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias, así como los inmunodeprimidos. Pregunto, en dónde se hospedarían los adultos mayores y mujeres embarazadas que viajarán a Jalisco, o cómo podrán conocer tales condiciones en los comensales o huéspedes. Y qué sucederá con los empleados mayores de 60 años… ¿acaso serán despedidos?
}Asimismo, para los salones de eventos, restaurantes y hoteles recomiendan que los baños sean sanitizados cada hora; deberán, sin embargo, vigilar que el número de personas dentro de ellos garantice la sana distancia. Idealmente, deberá disponerse de protectores desechables para los asientos de los escusados; en especial para las mujeres. En los restaurantes, deberá suplirse el uso de las cartas o menús por otros medios. Los hoteles deberán suspender la opción de no cambiar, a petición del huésped, sus sábanas cada día por motivos ambientales. En los aeropuertos y terminales de autobuses deberán implementarse estrategias distintas de manejo de equipaje, reduciendo los maleteros.
Aplaudo que el gobierno de Jalisco reconozca que los protocolos son “recomendaciones sanitarias y buenas prácticas, así como orientación básica sobre la normativa legal a cumplir que impulsen un entorno higiénico saludable”; sin embargo, sostengo que cada empresa debería elaborar su plan de vigilancia, prevención y control de la salud de las y los trabajadores con riesgo al Covid que presentaría ante las Secretarías de Salud, Desarrollo Económico y Trabajo y Previsión Social.
Cuidemos el proceso de reapertura para que no tengamos que volver a recluirnos. El gobernador debe considerar que cualquier error que se cometa, le costará a él ante el gobierno federal y a Jalisco ante el mundo; conocemos casos en otros países que han dado marcha atrás a la apertura económica. Esto es más que viable.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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