OPINIÓN
¿Marcha fifí?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Para cada ocasión, dicen, “hay un twitt” y en esta ocasión no es la excepción, fue tal la molestia e intento de descalificación contra la marcha realizada el sábado 30 de mayo por ciudadanos inconformes a lo largo y ancho del territorio nacional con presencia en más de 65 ciudades, que los seguidores de MALO acusaron de “golpistas” a los que participaron en ellas, por lo que fue indispensable conocer la opinión de Andrés “el eterno candidato” el sí, eterno golpista, y nos llevó a revisar su timeline, esto es, lo que escribió en condiciones similares el rey de las marchas y los plantones, cosa que resultó muy ilustrativo y me permito compartir.
El primer mensaje de Andrés relacionado a esto decía “Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad” (mayo 2014); luego señaló: “La renuncia de EPN antes del 1 de diciembre permitiría convocar a elecciones y atender a tiempo, por la vía pacífica, la crisis de México.” (Agosto-2014), ya en noviembre de 2014 señalaba: “Es patético ver a EPN en la TV tratando de justificar lo injustificable. Está atrapado en sus propias contradicciones. Mejor que renuncie” y en mayo de 2017 publicó: “Napoleón decía: “Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada” Aplica.“
El lector simplemente puede cambiar las iniciales de EPN a AMLO y el año a 2020 y los mensajes son 100% aplicables a la realidad actual. Una de las principales críticas a la marcha fue decir que circularon vehículos de lujo con valor de los 500 mil pesos, es cierto, circularon vehículos de precio de gama alta, pero la gran mayoría eran vehículos de precio bajo o mediano, lo que demuestra que los más molestos contra el Presidente y sus políticas equivocadas es la clase media, quienes asistieron a una marcha pacífica, ordenada y respetuosa donde no vimos grupos de delincuentes con pintas o robando tiendas de conveniencia. Los pocos lopistas reales en las redes y sus miles de bots, insisten tanto en descalificar la marcha que con sus argumentos solo demuestran que el efecto fue relevante y trascedente, que lástima que los de Morena se sientan dueños del derecho a marchar, del derecho a expresarse, de decirle al gobierno que están haciendo las cosas mal, ¿sí esta marcha fue tan irrelevante ¿por qué les preocupa tanto? ¿Qué acaso ese derecho humano solo es a favor de los zoocialistas y Les chaires?
Dicen que fue marcha Fifí, pero pasan por alto que en varias ciudades se unieron a la misma repartidores de alimentos preparados a bordo de sus motocicletas y bicicletas, (que habilidad de los ricos potentados para engañar al gobierno, se bajaron de sus Mercedes, BMW, Porche, Audi, Tesla y demás marcas de alto pedorraje, para asistir disfrazados de repartidores de alimentos). Otra de las críticas fue, que la marcha hubiera sido realizada a bordo de automóviles y no a pie. Yo no sabía que las marchas estuvieran regladas, pero por las condiciones de “sana distancia” era menos riesgoso hacerlo a bordo de un automóvil que marchar en manada, como otros. La gran parte de los participantes al llevar los vidrios abiertos llevaban cubrebocas. Yo no vi como en las marchas de Morena las colas para que les dieran a los manifestantes su torta y su frutsí. Para la próxima caviar y champagne.
Otro argumento, por cierto muy estúpido, es que los que marcharon lo hacen porque les quitaron privilegios, que fue porque no les permiten la evasión de impuestos, habrá que explicar que todos aquellos que gozaban en este país de privilegios los siguen conservando y nos les interesa salir a marchar, o acaso se vieron en la marcha aquellos integrantes de la “Mafia del Poder” que ahora ya les dio su bendición el Presidente y son sus nuevos aliados, yo no vi a Slim, Azcárraga, Salinas Pliego y varios más, los que salieron no es porque estén perdiéndolos, es porque están viendo y sufriendo el debacle social y económico de su entorno o ¿que no saben los de Morena cuántos empleos se ha perdido en el país en los últimos meses, o no saben cuántos se van a perder en lo que resta del año, no saben cuántos pequeños empresarios han tenido que cerrar sus negocios porque a contrario del resto del mundo el Presidente se niega a dar créditos (no becas ninis) para ayudar a sobrevivir esta crisis, no entienden que no se estaría ayudando al empresario como tal, que se está ayudando a sobrevivir un ente social que crea riqueza y empleos y genera impuestos?
Aquí recortan recursos a la investigación científica, porque según MALO, la ciencia es “neoliberal” y además tienen el descaro de pedirles a los becarios de CONACYT que donen su becas a favor de la “CuatroTé”. El gobierno federal está paralizado, no pagan a nadie, no están pagando rentas, solo porque todos los recursos son para continuar los proyectos monárquicos del Presidente.
Es más peligroso para el país la gira por carretera que inició el Presidente con su comitiva, que la marcha Fifí, arrancÓ con semáforo en rojo a dar los banderazos del tren maya y aprovecha para culpar a los neoliberales y al virus, de sus pésimas cifras económicas, presumiendo que la depreciación del peso es solo del 8.9%, o el repunte del precio de petróleo, o presumir el incremento en la recaudación fiscal, -qué grandes logros-. Ni el petróleo ni el dólar regresan a su valor de marzo 2020 y la recaudación fiscal se basa en terrorismo fiscal.
Decía López, “si Calderón no puede que renuncie”, “si EPN no puede que renuncie”, ahora que MALO no puede ¿qué aplica?
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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