ENTREVISTAS
Alfaro solo busca reflectores y popularidad; para salirse del Pacto Fiscal no se requiere una consulta: Javier Hurtado
Por Mario Ávila //
“El Convenio de Coordinación Fiscal sí se debe revisar, pero la manera de hacerlo no es con consultas populares, sino buscando la realización de una Convención Nacional Hacendaria. Eso es lo razonable”, así se expresó el doctor Javier Hurtado González, a casi dos meses de distancia de la realización en Jalisco de la consulta popular, en la que se preguntará a los ciudadanos: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto Fiscal?».
El académico de la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, dijo que con este proceso, el gobernador Enrique Alfaro solo busca reflectores y popularidad, “pero lo hace con un mecanismo inconveniente y en un momento inoportuno”.
Hacerlo ahora -expuso-, para el gobernador resultará dañino, porque con la nueva época de relaciones que está estableciendo con el presidente de la República, es como recordar un tema que ya estaba apagado, no conviene; cuando surgió el tema fue cuando Alfaro traía su pleito álgido con el presidente, pero ahorita no hay pleito, hay entendimiento, por eso esa consulta es completamente inoportuna en términos políticos, porque eso va a dañar las buenas relaciones que hoy tiene el gobernador con el presidente, es regresarnos al inicio de su periodo de gobierno, cuando había pleitos con el presidente y para qué resucitar eso.
La consulta popular que tendrá un costo de 22.5 millones de pesos, se habrá de realizar por recomendación del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según lo expuesto por el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
En cuanto a las fechas de realización para la consulta, se establecieron cuatro fines de semana: 20 y 21 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste; 27 y 28 de noviembre, Regiones SUR, Lagunas, Sierra de Amula y Valles; 04 y 05 de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte y Costa Sur y 11 y 12 de diciembre, Área Metropolitana de Guadalajara.
LA ENTREVISTA
P.- ¿Por qué es necesaria la revisión del Pacto Fiscal?
R.- Hay que distinguir, en primer lugar la revisión y la adecuación o actualización del Pacto Fiscal o del Convenio de Coordinación Fiscal, es completamente necesario, es impostergable que se revise y se actualice, pero es innecesaria la pregunta y la consulta, porque de eso no se va a derivar absolutamente nada, es un ejercicio parecido al de la consulta popular sobre los expresidentes que hizo el presidente de la República, es tirar dinero a la calle para tener un pretexto para construir un discurso hueco sin sustento jurídico y sin sustento constitucional y yo diría que hasta sin viabilidad financiera e incluso aritmética. Las cuentas no dan por ningún lado.
P.- ¿De qué números hablamos?
R.- Mira, con la nueva decisión que se tomó la consulta empieza el 20, 21 de noviembre y termina el 11 o 12 de diciembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, costará 22.5 millones de pesos porque lo ampliaron, se habrán de instalar solamente 970 mesas receptoras o centros de votación en todo el estado, no me queda muy claro 970 cada fin de semana o 970 por todas. No les dan las cantidades porque por ejemplo van a contratar 400 personas a razón de 9 mil pesos por un mes en las cuatro regiones, más 150 adicionales por 15 días para la Zona Metropolitana. Yo pienso que las 400 personas las van a traer rolando en las 4 regiones.
Si multiplicábamos, si fueran 3 mil 980 centros de votación en el mejor de los casos, contra 10 mil 209 casillas que se instalaron en junio de este año en las selecciones pasadas, es decir una tercera parte y si en junio participaron solamente el 47.5% de los electores de 6 millones 200 mil de la lista nominal, significa que votaron 2 millones 948 mil ciudadanos. Bueno, la consulta de acuerdo a lo que está establecido en la ley exige la participación de al menos el 33% de los habitantes, ojo hay una gran diferencia, no de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.
Los habitantes de Jalisco son 8 millones 348 mil de acuerdo al censo de 2020, es la cifra que se va a considerar y el 33% son 2 millones 754 mil, es decir, como nos damos cuenta, habría una diferencia de solamente 200 mil personas menos que serían necesarias en la consulta que se pretende organizar sobre el Pacto Fiscal para que esta sea válida, con relación a las personas que votaron en junio del 2021, sin embargo estamos hablando de 970 centros de votación, que ojalá fueran multiplicados por 4 y que aunque así lo fueran, no significaría más que una tercera parte de los 10 mil 209 casillas que se instalaran en Jalisco en el 2021 y por ello yo no veo cómo piensan sacar la cantidad requerida de gente con esa cifra de centros de votación, es imposible, definitivamente.
HACER MAGIA E INFLAR RESULTADOS
P.- ¿En qué se parece a la consulta de los expresidentes?
R.- Es lo mismo que lo que ocurrió con la consulta sobre los ex presidentes, los números no salen ni yendo a bailar a Chalma, a no ser que hagan magia e inflen los resultados. Aunque vale la pena mencionar que el dictamen final de los resultados y el cómputo final lo tiene que hacer el famoso Consejo Estatal de Participación Ciudadana y le va a dar los datos el IEPC, y en ese Consejo yo no sé quienes están, yo me reservo mi confianza y credibilidad en esas personas, no sé quienes son, yo no puedo entregar un voto en blanco de confianza, yo entiendo que pueden ser gentes filo gobiernistas, es decir gentes ligadas a Movimiento Ciudadano y en consecuencia pueden hacer cosas para favorecer al gobernador y su partido.
PONDRÍAN A NIÑOS A VOTAR
P.- ¿Mencionó usted que hoy serán ciudadanos los votantes, no solo mayores de edad con credencial del INE?
R.- Lo que pasa es que las figuras de participación ciudadana se aprobaron en junio de 2016 en el gobierno del extinto Aristóteles Sandoval, con el nuevo gobierno lo que hace es pasar a una nueva ley, sacando de la Constitución las especificaciones que había, e hicieron cosas muy raras, como el hecho de haber desaparecido las figuras de Juntas Municipales y entre otras cosas modificaron o tergiversaron la figura de la Consulta Popular. La Consulta Popular con la participación de habitantes, estaba básicamente prevista para asuntos municipales, yo me acuerdo que en los debates se ponía el ejemplo de si instalaba una ciclovía, se sugería que los niños votaran; si se quiere instalar un parque o construir un templo, no pasaba nada, pero para esos temas… y estos amigos cuando pasan lo que estaba en la Constitución, a la nueva ley, lo pusieron generalizado, para cualquier tema pueden participar los niños y no sé si también los residentes extranjeros no mexicanos, por ejemplo toda la gente que vive en la ribera de Chapala pueden votar, estaba previsto así, pero para temas municipales, que pudieran votar si quieren una ciclovía en Ajijic, una calle, un andador, una ruta para correr, pero no para estos temas. Ahora, yo no sé de dónde sacan que un niño va a poder entender la pregunta ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal… bla, bla, bla? Hazme el favor, los niños no saben lo que es Federación, ni qué es coordinación fiscal, la distribución de impuestos… por favor, esto no lo puede entender ni siquiera una persona que tiene licenciatura, cómo ponen a los niños a preguntarles esto, por favor.
P.- Sobre el resultado que arroje esta consulta, ¿qué nos puede comentar?
R.- Mira, vamos pensando en dos escenarios. El realista, a no ser que pasen raras como las que ya expliqué, que inflen la participación de los niños, el realista es que no se juntan los 2 millones 755 mil personas que se requieren para que sea válido, porque si con trabajo se juntaron 2 millones 948 mil en las elecciones constitucionales y con más de 10 mil centros de votación, cómo vas a juntar 200 mil personas menos, con dos terceras partes menos de centros de votación. Lo más viables es que no se va a juntar, cuando mucho habría 1 millón de participación, pero no será válida, es lo lógico y lo que el sentido común y los números te dicen, lo demás podría ser hasta magia o lo que tú quieras. Lo más seguro es que eso sea igual que el resultado de la consulta de los expresidentes. Segundo escenario, algunos duendecillos vinieron e hicieron que aparecieran muchos votos en las urnas y se juntaron los 2 millones 740 mil votos y la consulta resultó vinculante, con todos los votos a favor. ¿Qué se puede derivar de eso?, nada.
UNA PREGUNTA CON TRES CUESTIONES
P.- ¿Está mal planteada la pregunta?
R.- Aquí la respuesta es sí o no a esta pregunta, pero se trata de una pregunta que aglutina tres o cuatro cuestiones, incluso puede pensarse que hay varias cuestiones implícitas, porque si yo contesto que sí, estoy contestando que sí, a que se revisen los términos de la coordinación fiscal, a la manera en que la Federación distribuye los impuestos, o estoy contestando sí a que salga del Pacto Fiscal. Vamos siendo radicales, la gente votó sí y eso implica salir del Pacto Fiscal, un suicidio completo, total y absoluto.
P.- ¿No debería salir Jalisco del Pacto Fiscal?
R.- Yo no sé si el gobernador esté dispuesto a hacer eso, eso sería el acabose para Jalisco, completamente. Y mientras no se reforme la Constitución, Jalisco sí tiene todo el derecho y toda la libertad para salirse del Convenio de Coordinación Fiscal según lo dice la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 10°, basta con que vote la mayoría de los diputados presentes en la sesión del Congreso local, para que Jalisco se salga del Pacto Fiscal, es decir entre Movimiento Ciudadano y el voto del PAN se logra sacar a Jalisco del Pacto Fiscal.
P.- ¿Qué se derivaría de eso?
R.- Un caos completo y total, porque Jalisco no va a poder cobrar todas las contribuciones que están contempladas en el artículo 73, fracción 10 y fracción vigésima primera y segundo, lo que es peor, no va a poder cobrar ni el IVA ni el ISR porque la fracción séptima del 73 constitucional, aunque no dice textualmente de manera implícita se asume que esos son impuestos federales y la constitución ordena desde 1917 que el Congreso tiene facultades para imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto de egresos. Revisando el 117 constitucional, sobre las prohibiciones que tienen los estados, nos damos cuenta que los estados no tienen facultades para grabar las mercancías que circulen por su territorio, tanto nacionales como extranjeras; ni tienen facultad para establecer aduanas. Entonces de qué va a vivir Jalisco si se sale del Convenio de Coordinación Fiscal.
P.- ¿Ni del dinero petróleo?
R.- Exacto. Un rubro muy importante de ingresos para la Federación, ha sido los ingresos petroleros y aunque han ido decreciendo, llegaron a representar hasta el 40% del presupuesto de Egresos o más, en el 2021 representaron tan solo el 16% presupuestado, más los excedentes petroleros que hubo porque finalmente el precio del barril se cotizó más caro de como se presupuestó y quedó en el 20% ese ingreso federal participable que la Federación lo distribuye a los estados. Acuérdate con Fox y con Calderón que los excedentes petroleros era dinero a manos llenas que les llegaba a los estados. Ese dinero ya no llegaría porque si tú te sales de ese Convenio no puedes grabar por ejemplo el consumo de gasolina, tú no puedes hacer que las gasolineras cobren un impuesto estatal.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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