ENTREVISTAS
Arturo Zamora Jiménez: En Jalisco se acabó el reparto político de jueces y magistrados
Por Francisco Junco //
«Se acabó el reparto político de jueces y magistrados en Jalisco», así lo aseguró Arturo Zamora Jiménez, dejando en claro que la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el gobernador Pablo Lemus, el pasado 25 de febrero, rompe con el viejo esquema de designaciones partidistas en el Poder Judicial, ya que la propuesta es que los jueces sean elegidos mediante procesos ciudadanos y no por acuerdos en el Congreso, eliminando la injerencia de los partidos políticos en la impartición de justicia.
«Se acaba el antiguo método en el que participaban los partidos políticos, a través de decisiones en el Congreso del Estado. En esto hay plena coincidencia de todos los partidos», aseguró Zamora Jiménez a Conciencia Pública.
Arturo Zamora, encargado de coordinar este proceso, detalló que la iniciativa refleja el anhelo ciudadano de mejorar la impartición de justicia y establecer criterios estrictos para la selección de jueces y magistrados.
Entre las principales exigencias ciudadanas, destacó que los aspirantes a jueces y magistrados no deben haber pertenecido ni sido postulados por partidos políticos en los últimos cinco años. También se establecen prohibiciones para quienes tengan antecedentes de violencia de género, deudas alimentarias o condenas por delitos intencionales.
A diferencia de otras reformas, el doctor Zamora Jiménez, aseguró que esta iniciativa se aleja de la politización y cuenta con una amplia participación de la sociedad civil y la academia.
Arturo Zamora reconoció que la propuesta del gobernador Pablo Lemus, tiene muchas coincidencias con las diferentes posiciones políticas, entre las que se destacó el proceso de elección democrática de jueces y magistrados; en la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
Sobre su futuro tras coordinar la consulta y estructuración de la propuesta, Zamora descartó cualquier interés en ocupar un cargo en el Poder Judicial. “No aspiro a ser juez, no aspiro a ser magistrado, no aspiro absolutamente a nada que tenga que ver con la administración de justicia”, puntualizó.
Arturo Zamora, el pasado 25 de febrero presentó Pablo Lemus la propuesta del ejecutivo estatal para el tema de la Reforma estatal, qué fue lo que se presentó, ¿qué fue lo que se encontró tras las consultas que coordinaste?
En la consulta que se hizo, en la que recibimos más de 320 propuestas, participaron aproximadamente 3 mil 500 personas de manera directa y otros tantos por vía electrónica. Se recogió, el interés de la sociedad de que la elección de jueces y magistrados en Jalisco se vaya para el 2027.
Asimismo, se planteó, prácticamente todos los que opinaban, que los comités de evaluación, son como la columna vertebral que va, de alguna manera, a convertirse en el filtro, para que este sea el que determine quienes tienen las capacidades o la posibilidad de acceder a los cargos, que se van a postular para jueces y magistrados. Y sobre todo las características que deben tener, cuáles son las exigencias que deben tener para que puedan acceder a los cargos.
Y por otro lado, de manera muy puntual, también se plantean muchos temas, que tienen que ver, con la posibilidad de que los aspirantes, no hayan participado, pertenecido o incluso haber sido postulados en los últimos cinco años por partidos políticos.
Hay prohibiciones para aquellos que han sido condenados por delitos intencionales, violencia de género, deudores alimentarios, todas esas prohibiciones, no podrán ser juezas ni jueces, si tienen estos impedimentos. También hay un gran anhelo para que el ámbito de la justicia, mejore mucho, para que haya certidumbre jurídica, se tutelen de manera eficiente los derechos y libertades de todos los jaliscienses.
Y lo más sustancial, se planteó, el tema relativo a la creación de un tribunal de justicia. En el ámbito de lo mercantil, pero también en el ámbito relativo a los conflictos societarios, para que haya competencia, conocimiento, experiencia de los magistrados, los jueces y que tengan la posibilidad de dirimir esas controversias y con esto darle mucha certeza, también, a todas las empresas que están constituidas en México.
Oiga don Arturo Zamora, ¿cuál fue el perfil de la gente que participó en estas propuestas que ustedes estuvieron consultando?
El perfil fue abierto a toda la ciudadanía. Estuvieron profesionistas de diferentes ámbitos, administradores, contadores públicos, abogados. Estuvieron, por supuesto, también jueces, magistrados, consejeros. Hubo la participación de notarios públicos, corredores públicos, de la Defensoría Pública. Hubo participación de organizaciones empresariales, de organizaciones incluso de profesionistas de ramas como la psicología, que hicieron muchas aportaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Todo esto enriqueció bastante la consulta y por supuesto, que todo esto nos permite, contar con un proyecto, que el gobernador, por supuesto avala, y que presentó oportunamente en el Congreso del Estado.
¿También se tomaron en cuenta a académicos y varias universidades?
Todas las universidades participaron, gran parte de las universidades privadas, las más importantes, la universidad pública a través de la Universidad Guadalajara, incluso tuvimos la oportunidad de estar en el interior del Estado visitando varios de sus campos.
¿En esta consulta se les preguntó o hubo participación de políticos, miembros de partidos políticos?
No. Es una buena reflexión. Pero no, realmente no, fue abierto a la sociedad en general y esta propuesta está completamente alejada de los temas de la politización. Es una propuesta que el gobernador ha querido que sea ciudadana, en donde participó también Jalisco Como Vamos, participó la UNIVA, el TEC de Monterrey, muchas universidades, la UP, el ITESO, incluso también la Universidad Enrique Díaz de León. Todo esto fue parte muy importante con la que se nutrió la iniciativa que el gobernador presentó.
Hay algunos miembros de partidos políticos, sobre todo de Morena, que están realizando consultas con este mismo tema, ¿éstas, se sumaron a esta propuesta que presentó el gobernador?
La iniciativa que presenta el gobernador realmente es una iniciativa en la que hay coincidencias con la propuesta que están haciendo los demás partidos políticos. Considero que hay una coincidencia en el 90 por ciento.
Primero, que en el futuro los jueces se elijan por medio de procesos de elección, que opine la sociedad y ellos decidan quiénes van a ser los futuros jueces y juezas, las futuras magistradas y magistrados. Segundo, que desaparezca el Consejo de la Judicatura y que en su lugar se pueda crear el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, ya con facultades muy determinadas, muy precisas.
Y luego también, tercero, la posibilidad de que ya se implementen en el ámbito electoral el voto en el extranjero, el voto por vía electrónica y también aprovechando, como dicen, la necesidad de hacer reformas, en estas reformas constitucionales, también la creación de esta Sala Constitucional y estas otras dos salas en materia mercantil especializada y en materia societaria. Sobre todo, que el gobernador estuvo muy interesado, en la iniciativa, en que todos los jueces y juezas lleven a cabo sus resoluciones con una auténtica impartición de justicia.
¿Cuáles son estos ejes que conforman esta propuesta de reforma?
La reforma es que se acaba el antiguo método de elegir a los jueces, donde participaban los partidos políticos, a través de las decisiones que se tomaban en el Congreso del Estado. Ese es un parteaguas y en esto hay plena coincidencia de todos los partidos políticos.
Lo otro, en que todos están de acuerdo, que desaparezca el Consejo de la Judicatura y la creación de los nuevos órganos. También, que el proceso, sea con el voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos, que tienen derecho a votar. Es otro elemento bien importante.
Yo creo que lo único que ha generado opiniones diferentes, es saber, si la elección se va completamente hasta el 2027 o si se tiene una elección parcial en el 2025. Y esa será una decisión que tomarán los legisladores de los ocho partidos políticos.
Pero, se antoja difícil, para cuatro o cinco meses que quedan para que se haga una elección de esa naturaleza, ¿no?
Las y los legisladores tendrán que valorar qué es lo mejor para Jalisco. Si queremos en dos meses o en mes y medio, en un mes, hacer toda la reforma secundaria o nos tomamos el tiempo suficiente para complementar todas las reformas, que exige la reforma constitucional, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, como en el Código Electoral del Estado de Jalisco.
Los diputados tienen una gran responsabilidad, y estoy seguro que todos le tienen un gran amor al estado de Jalisco. Entonces, creo que va a ser importante pensar que en Jalisco tenemos la oportunidad de hacer una muy buena reforma.
Una reforma asequible para lo que Jalisco necesita y una reforma que robustezca al Poder Judicial, que lo haga muy fuerte, muy sólido, para que se garantice el Estado de Derecho.
El ciudadano de a pie, el que está preocupado por el día a día, el que no se informa de estas cosas o no le da el tiempo o no le interesa, ¿cómo hacer que esta elección, para elegir a los jueces y magistrados, la gente verdaderamente esté informada? ¿Qué se está proponiendo en esa parte?
Esa va a ser tarea del Instituto Electoral. El Instituto Electoral tendrá, de alguna manera, el reto de dar a conocer quiénes son las y los candidatos y difundirlo en la sociedad. Esa va a ser tarea de esa institución y seguramente lo van a hacer muy bien.
¿En este punto, entiendo que la propuesta que presentó el gobernador, es tener un número menor de candidatos, y obviamente mejor seleccionados?
Esa es la propuesta del gobernador, que en lugar de que haya seis candidatos por cada uno de los poderes, haya solamente dos. Creo que, esto va a simplificar y facilitar mucho el acceso de la ciudadanía a la elección de los futuros servidores públicos en el ámbito de la justicia.
¿Qué sigue para Arturo Zamora?
Híjole, ¿qué sigue para mí? Con esto estoy cumpliendo con la misión que me delegó el señor gobernador, la cual le agradezco mucho al gobernador Pablo Lemus. Y estoy igual que él, de alguna manera, a la expectativa de todo lo que se necesite para el Estado de México.
¿Vamos a ver a Arturo Zamora en algún juzgado, algún cargo político en relación al tema del Poder Judicial, luego de este trabajo?
No, de ninguna manera. No aspiro a ser juez, no aspiro a ser magistrado, no aspiro absolutamente a nada que tenga que ver con la administración de justicia. Yo me voy a mantener de manera completa y absolutamente imparcial y ajeno a los asuntos de la justicia. Eso es, creo, una garantía que el propio gobernador ha dado, diciendo clara y abiertamente que él no quiere influir para la decisión de quiénes se van o quiénes no se van y quiénes entran después de los que se van.
El gobernador ya lo dijo. Yo me quiero ir cuando me retire de ser gobernador. No quiero dejar ahí un legado o amigos o cuates que entren al Poder Judicial.
Claro. Justo esa era la importancia de la pregunta, que hubiera algún interés. Que digas, es que la voy a hacer a modo, por decirlo así, pero en este caso, ¿con toda claridad, no aspiras a ningún cargo?
Ahí está la respuesta.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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