ENTREVISTAS
Gina Arguello: La denuncia de acoso laboral y sexual contra Marco Valerio; «me he enfrentado al poder machista»
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
“Me he enfrentado a un poder machista, desde el inicio que denuncié a Marco Valerio Pérez, titular de la Secretaría del trabajo y Previsión Social de Jalisco, ya que el gobernador Enrique Alfaro le dio protección al descalificar mi denuncia por acoso laboral y sexual al señalar que eran puros cuentos”.
“Alfaro le dio línea a todas las instituciones que les corresponde investigar o atender mi denuncia y por eso mi denuncia no avanza en este gobierno, pero muy pronto habrá un cambio cuando asuma la gubernatura Pablo Lemus y entonces la situación cambiará, la justicia tendrá que actuar y atender mi denuncia”, expresa la abogada Gina Argüello, quien desde hace tres años lleva adelante una lucha desigual al enfrentarse al poder político con la denuncia contra quien era su jefe Marco Valerio Pérez Gollaz.
LA DENUNCIA ESTÁ CONGELADA
P. ¿Qué ha pasado después de esa lucha que diste contra el abuso del poder?
Gina. Aquí sigo, sobreviviendo, con mi plaza base en el Gobierno del Estado, me tienen castigada en el almacén, pero por lo menos me dejaron mi sueldo íntegro, el que tengo desde hace 20 años. La lucha ha sido inequitativa, injusta, todos los procedimientos que interpuse están bloqueados, están archivados.
P. ¿La Fiscalía que ha hecho con tu denuncia, qué tratamiento ha tenido?
Gina. La Fiscalía para empezar no tomó mi denuncia como hostigamiento sexual, sino como discriminación a las personas, lo tipificó como un delito menos grave, después me di cuenta que la archivaron, yo no tenía abogado penal allí, yo estaba sola, denuncié en el Centro de Justicia, después cuando tuve abogado y se amplió la denuncia ya no quisieron para proteger a Marco, me abrieron como un nuevo expediente, aunque el agresor es el mismo. Fue cuando mi abogado recomendó que teníamos que pedir el juicio político para restarle poder a Marco, que la lucha fuera más equitativa, que se separara del cargo y dejara de traficar con sus influencias.
P. Presentan la petición de juicio político, y qué ha pasado…
Gina. Aceptan el juicio político, para que entre tiene que reunir varios requisitos y los tenía, lo aceptaron, y allí está congelado en el Congreso del Estado para separarlo del cargo, pero no avanzó, no se le dio trámite.
P. En el Congreso del Estado, qué diputadas se han solidarizado contigo.
Gina. La que más me llamó la atención por ser MC es la diputada Lolis (Dolores López Jara, Distrito 17), que después supe por otras personas que se llevó un regaño inmenso, que casi la corren de MC porque me apoyó en la declaración, fue la única diputada de MC que me apoyó, de ahí pues todas las de Morena, nos apoyó también Candelaria Ochoa y María Padilla han sido las más intensas y firmes, Mara también nos ha apoyado pero más como Colectivo, las que son de Morena y de Hagamos, MC, no.
P. Te has enfrentado al gran poder político…
Gina. Machista sobre todo porque desde el inicio el gobernador le dio la protección al secretario, desde allí fue la lucha contra alguien que no podía tocarse, pues ya había dado línea a todas las instituciones, que no era verdad lo que yo denunciaba.
P. Y del Centro de Justicia para las Mujeres…¿qué apoyo has recibido?
Gina. Nosotros ya los nombramos Centro de Injusticia para la Mujer. Entendemos la complejidad de este Centro. Nos enteramos que allí mandan a todas las personas castigadas de la Fiscalía, para empezar todos los abogados, MP y todo el que trabaja ahí ya va de malas, atienden a un sinfín de mujeres violentadas y con una línea de protección al secretario, si no sabes derecho penal te confunden y te hacen firmar lo que sea y así fue como yo firmé archivo temporal que cuando mi abogado lo quiso rescatar, ellos en lugar de sacarlo, abrieron otro expediente y con eso protegían al secretario.
P. Para ti como han sido estos tres años
Gina. Pues denunciar y enfrentarse al poder, pero al principio no lo dimensioné, cambia tu modo de vida, tu forma de andar en la calle, ando con miedo y además con mucha precaución, siempre volteando a todos lado…
P. Vives una psicosis…
Gina. Se vive una psicosis.
P. Y para ello has tenido un tratamiento psiquiátrico…
Gina. Sí, tengo terapia psicológica y están a punto de hacer un dictamen psicológico y la Fiscalía tiene dos años deteniendo uno, ya que para que judicialicen mi carpeta necesito ese dictamen y tengo dos años sin ordenarlo, estoy por cubrir un dictamen psicológico particular, pero son injustos. Te examinan cómo está tu estrés, tu depresión, todo lo que tienes a raíz de una denuncia y la consecuencia de ello.
P. Hubo una declaración de Alfaro que eran cuentos tuyos…
Gina. Eso fue al inicio cuando se dio a conocer la denuncia contra Marco Valerio, lo denuncié y como a los quince días se filtra la denuncia, la publican medios y al día siguiente sale Alfaro y dice que no, que son cuentos, es donde digo que allí le dio línea a la Fiscalía, a la Secretaría de Igualdad, a Derechos Humanos y a todas las instituciones ante quienes denuncié este abuso de poder.
P. ¿Qué le pedirías a Pablo Lemus que va a ser gobernador de Jalisco?
Gina. Primero agradecerle porque él estando dentro de MC se manifestó diciendo que Marco Valerio debería separarse del cargo, como yo lo solicité al demandar juicio político, ya que demostró ser más feminista que las feministas, agradecerle ese apoyo que sin pedirlo y estando dentro de MC lo vio, primero, y segundo que el poder político saque las manos del procedimiento, que no se meta, que la justicia haga su trabajo, que me deje a mi y mi abogado realizar este trámite legal y estoy segura que va a tener sentencia ante todas las instituciones en las que le he presentado quejas, denuncias y se le pueda aplicar la ley 3 de 3, porque así ya no podría ocupar un cargo.
P. Vienen otros tiempos…
Gina. En el congreso ya no serán mayoría MC, salen las mujeres que de feministas no tienen nada, habrá otro tipo de mayoría, tienen que resolver el juicio político, no estoy peleando nada fuera de la ley ni nada injusto, es lo que tienen que hacer.
“YA NO ME PUEDE CALLAR”
P. Hay una denuncia en contra tuya de Marco Valerio por daño moral…
Gina. Es una demanda por daño moral, imagen y daño psicológico para él y sus hijos, pero qué daño moral puede tener si sigue secretario del trabajo, si sigue siendo protegido de Alfaro, no hay punto de comparación, ni en sueldo, ni en abogados, es una lucha injusta.
P. ¿Qué interpretación le das a esa acusación que pone en contra tuya?
Gina. Quiere la casa donde vive mi papá que está a mi nombre como garantía de los daños que ha sufrido el pobre hombre, como siempre ahora es callarme, quería pisotearme, pero ya no me puedo callar, si me asusta o me da miedo hace que lo enfrente más, es mi único medio de defensa, estar en los medios, estar publicando, porque contra Alfaro en el gobierno no puedo, ni contra él, si me quiere callar es contraproducente.
P. ¿Qué le dices a otras mujeres que han sufrido la violencia del poder y han sido víctimas de acoso y se han quedado calladas?
Gina. Les diría que no se callen, pero la lucha no es fácil, es cansado y desgastante, pero el poder no es para siempre, estamos a nada que se vaya, aunque quedó MC con Lemus es totalmente distinto, demostró el apoyo por las luchas justas, desde ahí es otra administración totalmente distinta aunque sea el mismo partido político.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
