ENTREVISTAS
La verificación es un negocio para que ganen particulares; el gran fracaso del gobierno alfarista: Susana de la Rosa
Por Mario Ávila //
A pesar de que, según los resultados oficiales de autoridad estatal, un tercio del parque vehicular se ha sometido al programa de verificación vehicular, la política pública implementada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ha sido un verdadero fracaso, en opinión de la diputada Susana de la Rosa, quien explica que en lo que va del año 2024, en la zona centro de la ciudad se han triplicado los días con mala calidad de aire.
Explicó que mientras en el año inmediato anterior, a estas alturas se habían registrado 8 días con mala calidad del aíre, en lo que va del 204 han sido 25 días los que los índices imeca han marcado mala calidad del aire en la zona centro.
Mientras que, en el caso de las zonas como Las Pintas o Miravalle, los días con mala calidad de aire, superan a los días en los que se tiene una calidad aceptable de aire, según lo detalló la legisladora del grupo parlamentario de Futuro.
Y en opinión de la diputada Susana de la Rosa Hernández, “lo mismo piensa el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Pablo Lemus, ya que, con la intención de desmarcarse de este gran error del gobierno alfarista, ha echado mano de la falsa promesa de que, si gana en la elección del 2 de junio, la verificación no tendría costo, no habría multas, ni habría operativos para perseguir a los omisos”.
Para mí -dijo-, es una falsa promesa de campaña que solo fue utilizada por Pablo Lemus para deslindarse de Enrique Alfaro, en el sentido de que esa fue la política pública que más carga negativa ha tenido hasta ahora.
Y abundó: “Ya salió el candidato Pablo Lemus a comprometerse a que el programa va a ser gratuito, pues que lo cumpla desde ya porque tiene 17 diputaciones, tiene a los aliados del PAN y con eso sale para darle vuelta atrás a la verificación. Si van a querer subirlo a la agenda de campaña, que realmente se meta reversa y que sea una política pública que en efecto mejore la calidad del aire y que deje de ser el modelo de negocio corrupto que están teniendo con la verificación.
“Lo que hemos visto, es que, de acuerdo a la firma del contrato que ya se tiene, los recursos con el paso de los años, se los estarán llevando los dueños de los verificentros y el proveedor del software y cada vez habrá menos recursos para el Fondo Verde”, sentenció.
Incluso la legisladora local se refirió a la denuncia que ya se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción por los 60 millones de pesos que les dieron de más a los proveedores, “de lo que el contrato estipulaba en cuanto a porcentaje de lo que deberían de llevarse”.
Detalló que hoy día, 437 pesos se van al proveedor y a los centros de verificación, mientras que los 63 pesos restantes van al Fondo Verde “y cada vez van a ser menos”, auguró.
INVERTIR LA LÓGICA DEL PROGRAMA CON PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recordó la diputada De la Rosa Hernández, que entre las propuestas que su fracción parlamentaria ha hecho, se encuentra que el programa se maneje bajo otra lógica, pero que se pueda proteger a las personas que menos recursos tienen, a aquellos para los que su vehículo, es su herramienta de trabajo, como los tianguistas, los ladrilleros, etc.
Se tendría que hacer un análisis -expuso-, con esas personas para determinar cómo hacerle para que su vehículo cuide el medio ambiente; también que los recursos del Fondo Verde se destinen a mejorar la calidad del aire.
Se han hecho cálculos -abundó-, de lo que inyecta el Gobierno del Estado y sí hay posibilidades para que haya otro tipo de paliativos o motivaciones para la población, aprovechando los recursos del Fondo Verde a donde van también las aportaciones de las empresas de
Redes de transporte (plataformas como Uber y Didi), para hacer realidad distintos proyectos medioambientales, porque hasta hoy no ha salido nada.
Sin embargo, precisó que para que ello ocurra, la Semadet y el Fondo Verde deberán estar obligados a rendir cuentas al Congreso del Estado, al menos cada seis meses, ya que entre esos recursos se encuentran las multas al Fondo Verde, “y lo que hemos investigado es que hasta el momento van 30 mil multas y eso ya es alrededor de 60 millones de pesos de acuerdo a lo que nos contestaron a una solicitud de información.
“Sabemos que el año pasado cerraron con 275 millones de pesos cobrados a los automovilistas en las verificaciones que se han hecho hasta ahora, que son alrededor de 1 millón 300 mil, las que se realizaron, lo que significa que ya hay una tercera parte de los autos registrados en el estado que ya realizaron su verificación y seguimos con la peor calidad del aire, en lugar de disminuir.
“Si se quiere hablar de este programa que sea de manera consciente, que realmente impacte en lo mal que estamos en calidad del aire, pero más allá de eso, si hay un Fondo Verde, que se tomen con seriedad los proyectos medioambientales que se vayan a hacer, pero además tiene que haber reformas más profundas, entre las que hemos hablado destacan la ley del impuesto al carbono, la propia gente en la calle lo dice, los tianguis a los que hemos ido, la gente con la que hemos platicado pregunta que pasa con las industrias”, sentenció.
La diputada Susana de la Rosa, expuso que en su opinión “el ciudadano hasta cierto punto sabe que es una responsabilidad individual que debemos cuidar el medio ambiente, todo mundo detectamos que es un problema, pero también se dan cuenta que no se está fiscalizando, ni cuidando, ni regulando, a los que más contraminan en el estado”.
“LOS INDICADORES DICEN QUE ESTAMOS PEOR”: SUSANA DE LA ROSA
A la pregunta de si hay evidencias medibles para asegurar que esta política pública no está funcionando, la diputada De la Rosa, respondió al instante y sin dudarlo: “Eso es lo más cañón, que no hay indicadores de qué está pasando con la verificación, lo que nosotros hemos mencionado es que es un fracaso la verificación, porque no ha resultado ser una política para la reducción de gases contaminantes, porque desde su implementación, podemos ver los imecas que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha empeorado en muchísimas zonas de la ciudad y hasta marzo de este año, en particular en la Zona Centro, se pasó de un registro de 8 días con mala calidad de aire, a 25 días en esta misma situación en lo que va del año; y en zonas como Las Pintas o Miravalle, son zona donde los días con mala calidad de aire siguen superando a los días con calidad de aire aceptable. Esas son cifras que el propio gobierno del Estado ha reportado”.
Y abundó: “Si hoy las personas de Jalisco tienen que gastar más y además, respirar aire de peor calidad, es porque la verificación naranja es un modelo pensado para el negocio de unos cuantos […] la gran mayoría de los recursos que se le cobran a los usuarios, no terminan en las arcas públicas, ni en el llamado Fondo Verde para financiar proyectos ambientales. La mayoría de estos cobros se entregan a particulares y eso es algo que estableció por contrato el propio Gobierno del Estado con el aval de las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano.”
En su opinión tendría que cambiarse de proveedor o tendría que respetarse el acuerdo hasta el 2038…
Nosotros consideramos que se podría cambiar de proveedor, se entiende lo que podría pasar con el contrato, habría que hacer una revisión jurídica y si se tiene que mantener, pues ni modo vemos que se puede salir adelante.
Y por otro lado colectivos anti verificación lo que ellos exigen es que sí se puede hacer con talleres, máquinas y proveedores que sean mexicanos, la gran crítica es que esto se va a un modelo de negocio de una empresa extranjera, es la parte que les preocupa.
EN ESTA O EN LA SIGUIENTE LEGISLATURA…
Lo importante es hacerle un llamado a la población de que si va a haber candidatos que se van a subir a esto, pues que hagan planteamientos serios y no es el caso. Lo que pedimos es que la ciudadanía esté atenta a cuidar que no se utilice esta agenda con falsa promesas.
Para mi es una falsa promesa de campaña que solo fue utilizada por Pablo Lemus para deslindarse de Enrique Alfaro en el sentido de que esa fue la política pública que más carga negativa ha tenido hasta ahora.
No va a hacer nada a menos que en los dos meses de campaña haga un planteamiento serio, exigiendo de una vez a su grupo parlamentario naranja en el Congreso del Estado que tome cartas en el asunto, antes de que se realice el proceso electoral el 2 de junio.
Susana de la Rosa atenderá los distritos 4, 6, 8 y 14 y el 10 en un acuerdo con Morena con Güicha Ramírez que es regidora con licencia en Zapopan.
Ella jugará el papel de Jefa de Campaña de Futuro en el área metropolitana y apoyando en la parte estratégica de Zapopan, además de vocera de campaña lo mismo de la coalición como de la oferta política de Futuro.
“FUTURO RETA A MOVIMIENTO CIUDADANO A DETENER CORRUPCIÓN DE VERIFICACIÓN NARANJA”
La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, presentó ante medios de comunicación un posicionamiento para retar a la bancada de Movimiento Ciudadano a aprobar una iniciativa de Futuro para hacer un cambio de fondo en el modelo de reducción de emisiones vehiculares y de esta manera poner fin al actual modelo de verificación que ha fracasado debido a la corrupción, según sostiene.
Susana de la Rosa lo explicó con datos: “hoy el cobro por verificar un vehículo es de 500 pesos. De esta cantidad, 175 pesos se le entregan al proveedor de la tecnología para la verificación, 260 pesos se los quedan los verificentros y solo 63 pesos se van al fondo verde, recursos que por cierto se han administrado de manera totalmente irregular, ya que ni siquiera se ha contado con recursos para reparar las estaciones de medición de calidad del aire”.
De la Rosa concluyó “La solución a este problema no solo es prometer que se va a eliminar el cobro, porque en ese caso, los contratos que firmó el gobierno del estado garantizan las ganancias económicas de los propietarios de los verificentros, que por cierto, no sabemos quiénes son realmente. Es decir, ahora las ganancias de los particulares se pagarían con los impuestos de las personas de Jalisco y el modelo de corrupción seguiría funcionando igual que hoy. La única solución real al problema de la verificación naranja, es desmontar este modelo de corrupción de la verificación naranja”.
Cuando quieren sacar algo rápido están los mecanismos dados para discutirlo en las comisiones, hacer un dictamen de todo lo que se ha planteado de lo que la población necesita, los distintos partidos representados en el Congreso saben lo que hay que hacer y eso lo podríamos sacar sin problema en una sola semana.
Antes de irse a las campañas en lo municipal, y en lo local, yo creo que logramos atender ese tema. Estamos listos para sacarlo adelante.
En un año van 30 mil multas y eso es alrededor de 60 millones de pesos que deben estar en el fondo verde, que es a donde dicen, se dirige la lana y ahí solo tendremos que ver si realmente se van a mover proyectos medioambientales, lo que hemos visto hasta ahora es que de los 10 monitores que hay para la revisión de la calidad del aire, tres no funcionan, de todo el sistema que hay, entonces primero que los arreglen ya que llevamos todo el sexenio esperando que se reparen.
Lo que hemos visto es que hay un tremendo listado de propuestas de acciones para realzar con el Fondo Verde, pero hasta ahora ni siquiera han podido reparar los tres monitores del sistema de medición de la calidad del aire.
El año pasado se llevaron los verificentros 275 millones de pesos, y ya hemos denunciado que se llevaron 60 millones de pesos de más, porque rebasaba el porcentaje del propio contrato, tenemos la denuncia que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción y está sin avances en las investigaciones.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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