NACIONALES
La paradoja del interés público
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
La Constitución Federal señala que toda la información que está en manos de las autoridades es pública, es decir, que nos pertenece a todos y que, por consecuencia, sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.
Sin embargo, como el concepto de “interés público” es muy ambiguo, la propia Constitución establece que la Ley General de Transparencia debe de definir aquellas causales que puedan ser consideradas dentro del campo del “interés público”, para evitar abusos en el proceso de reserva de información, estableciéndose por tanto tres reglas muy importantes para efecto de que las autoridades puedan negar el acceso a esa información pública que nos pertenece, de tal forma que nadie tenga dudas de las razones claras, objetivas, concisas, tangibles y específicas detrás de cada reserva, a saber:
En primer lugar, establece doce causales específicas de reserva consideradas de “interés público” (más la causal de “seguridad nacional”), para delimitar el margen de discrecionalidad de las autoridades, lo que en otras palabras significa que, si la información que se quiere ocultar no se encuentra dentro de alguna de esas causales, significa que no se puede reservar, porque no existiría una causa real de “interés público” para reservarla.
En segundo lugar, establece que toda reserva de información debe de hacerse con posterioridad a la solicitud para acceder a esa información, prohibiendo la reserva de información antes de su generación y también previo a que alguien la haya solicitado.
En tercer lugar, establece que, además de la existencia de una causal de interés público, debe realizarse un procedimiento de justificación caso por caso, en el cual se analice con profundidad cuáles serían efectivamente las afectaciones al “interés público” en caso de que esa información se hiciera del conocimiento público; procedimiento que la ley define como “prueba de daño”.
Por todo ello, el decreto presidencial que establece que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, ejecución y administración del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos como el Felipe Ángeles, son considerados de seguridad nacional y de interés público en automático, es una clara violación a lo establecido por la Constitución, pues pretende esquivar las tres reglas básicas referidas para la clasificación y reserva de información pública.
Es muy importante recordar que toda negativa de acceso a información pública es una restricción a un derecho humano, lo cual debe de evitarse siempre que sea posible, pues también es una cuestión de “interés público” el que se reconozcan y tutelen los derechos fundamentales de una persona, lo cual es una clara evidencia de la paradoja que hay detrás de esta figura de “interés público”.
Aunado a lo anterior, la propia Ley General de Transparencia define como “información de interés público” aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo las autoridades, lo que se adecúa perfectamente con toda la información relacionada con las grandes obras que realiza el gobierno.
Así las cosas, lo paradójico de este concepto de “interés público”, reside justamente en que puede servir a las autoridades tanto para ocultar la mayor cantidad de información posible (como en el caso del referido decreto presidencial) como para que las autoridades transparenten la mayor cantidad de información posible (mediante la difusión de información de interés público).
Sin embargo, en el uso e interpretación del concepto de “interés público”, se debe de entender que existe una gran diferencia entre su utilización para ocultar y para transparentar, pues en el primer caso debe ser limitativa (reserva de información), pues únicamente se puede utilizar cuando se adecúe con alguna de las causales de reserva expresamente previstas y, por el contrario, es un concepto que invita a las autoridades a ser lo más transparentes posible, entregando la mayor de información que puedan.
Por último, para abonar en esta paradoja, cabe señalar que los organismos garantes de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), tienen la facultad expresa de realizar “pruebas de interés público”, que es un mecanismo de argumentación, fundamentación y ponderación, realizado cuando existe una colisión de derechos, para acreditar si el beneficio de la entrega de información clasificada favorece al interés público o, por el contrario, atenta contra dicho interés público o los derechos humanos, por lo que la falta de organismos garantes de transparencia deja a la sociedad sin este importantísimo filtro para determinar si las autoridades reservan o no justificadamente la información pública en su poder.
– Por Francisco Junco
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, obtuvo un respiro en su proceso judicial en Estados Unidos. Una corte federal le concedió 90 días adicionales para presentar su apelación contra la condena de 38 años de cárcel que recibió en octubre de 2024, además de ordenar que se mejoren las condiciones en las que permanece recluido.
La jueza Alison Nathan, integrante de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, fijó como nueva fecha límite el 18 de diciembre de 2025 y pidió al Buró Federal de Prisiones que garantice el contacto regular del exfuncionario con sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib.
El documento señala que las visitas deberán realizarse de forma presencial y constante, para asegurar la adecuada preparación de la defensa.
El fallo marca un punto de quiebre en el caso, que aunque no es la primera prórroga otorgada, sí es la primera vez que se establecen medidas concretas sobre el trato que recibe García Luna.
Su defensa había denunciado en reiteradas ocasiones la falta de comunicación con su cliente, al grado de que en los últimos ocho meses solo pudieron conversar una vez, situación que entorpeció la revisión del expediente.
Los abogados también aseguraron que su representado fue objeto de malos tratos en una prisión de Virginia, donde se le negó el acceso a duchas, artículos básicos de higiene y material legal, además de restringirle el uso de cubiertos para comer.
Relataron que estuvo confinado en un área disciplinaria sin que existiera un registro oficial de sanciones, lo que derivó en una pérdida de más de 14 kilos de peso.
Actualmente, García Luna se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. Si bien los reportes de maltrato han cesado tras su traslado, la defensa insiste en que la incomunicación persiste.
La reciente decisión judicial busca revertir esas condiciones y allanar el camino para que la apelación se lleve a cabo en un marco de mayor garantía de derechos.
– Por Francisco Junco
En el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, el diputado Sergio Martín del Partido del Trabajo destacó la importancia de reconocer la vida y el legado de quienes, con su esfuerzo y entrega, han construido las bases de las comunidades.
“Nuestros adultos mayores son la voz de la experiencia, guardianes de nuestra memoria y ejemplo de fortaleza. Hoy más que nunca debemos reconocer su legado y garantizarles lo que se merecen: una vida con dignidad, respeto y oportunidades”, afirmó el legislador.
El diputado local señaló que en Jalisco y en todo México debe erradicarse la visión de los adultos mayores como una carga social. “Nunca más se les debe ver de esa manera, son la raíz y la fuerza que nos sostiene”, subrayó.
Más tarde, en el marco del Parlamento Juvenil, el diputado compartió agenda con su compañero de bancada Leonardo Almaguer, con quien refrendó el compromiso del Partido del Trabajo (PT) de también escuchar, impulsar y caminar junto a las juventudes.
“En el PT tenemos clara la ruta: con la sabiduría de nuestros mayores y la fuerza de nuestra juventud, construiremos el presente y el futuro que Jalisco y México merecen”, concluyó el legislador.
– Por Francisco Junco
En el marco del Encuentro Empresarial 2025 del Eje Jalisco–Nuevo León, los gobernadores Pablo Lemus Navarro y Samuel García Sepúlveda encabezaron una agenda de trabajo conjunta en el Museo Cabañas, donde refrendaron la alianza estratégica entre ambas entidades rumbo al Mundial de Fútbol 2026.
El encuentro contó con la presencia de representantes de cámaras empresariales, legisladores, autoridades de ambos gobiernos y la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal, Altagracia Gómez Sierra.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que Guadalajara será sede de cuatro partidos, incluido uno de la Selección Nacional, lo que convierte al Mundial en una oportunidad histórica para detonar inversión, empleo y desarrollo económico.
Presentó proyectos de movilidad e infraestructura como la rehabilitación del Camino Real a Colima, la construcción del Paseo Chivas con un sistema de autotren eléctrico, la transformación de la Carretera a Chapala y la renovación de espacios emblemáticos como la Glorieta Minerva y la Plaza Brasil.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, subrayó que la cooperación entre ambos estados permitirá capitalizar al máximo la derrama económica en turismo, hotelería y servicios.
“Hemos preparado un programa para que los dos estados podamos exprimir, lo más posible, toda la derrama económica relacionada al turismo, hotelería y, por supuesto, al fútbol”, señaló.
Durante su intervención, Altagracia Gómez Sierra expuso los objetivos del Plan México, que busca consolidar una nueva visión de desarrollo económico y social basada en la cooperación entre gobierno e iniciativa privada.
Explicó que la estrategia pretende no solo fortalecer la competitividad nacional, sino también garantizar que los beneficios de la inversión lleguen a las comunidades, combatiendo la pobreza y generando oportunidades para las juventudes.
La jornada incluyó conferencias magistrales, paneles empresariales y mesas de diálogo, entre ellas la participación de Mikel Arriola, Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Fernando Schwartz, Director de Comunicación de Selecciones Nacionales.
Con esta alianza, Jalisco y Nuevo León consolidan un frente común para aprovechar el Mundial 2026 como plataforma de desarrollo económico y social, y proyectarse como motores de la economía nacional.
Pablo Lemus apuesta el cargo contra fraccionadores de Colomos
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Rinden homenaje a los adultos mayores
Consolidan Jalisco y Nuevo León alianza estratégica rumbo al Mundial 2026
