OPINIÓN
Cuidado con los actos terroristas
Columna Son Reflexiones, por Sócrates Campos Lemus //
En actos de violencia en lugares de violencia como lo es ahora el estado de Morelos y su capital, como lo vemos en la capital del país que es el corazón del mismo, como lo observamos en Puebla en carreteras y municipios y ciudades y sus calles ya no son seguras sino que se llenan de miedo a todas horas, como lo comprobamos en el Estado de México donde en las colonias fifís o jodidas, lo misma da, la muerte no solamente anda de gira sino que cumple con su función y aterroriza a la población mientras policías y políticos gozan de la corrupción, como lo tenemos en el estado de Hidalgo donde los huachicoleros están ligados a importantes grupos y se matan en la Sierra, en el Valle o en la Huasteca y nadie explica cómo terminarán con la violencia.
Como lo sufren en Veracruz donde los maladrines de la política anterior y los actuales siguen haciendo de las suyas y roban, asesinan, secuestran y se tiran la bolita entre funcionarios como si eso fuera la respuesta a terminar con la violencia, como lo están sufriendo en Chiapas donde, además de las divisiones naturales y las agresiones a los grupos de indígenas, ahora, sufren la entrada violenta de malandrines de otros lados y en muchos casos toman hasta las casas “desocupadas” porque ellos viajan y no tienen casa y roban y trafican armas de las que traen y drogas que transportan y, algunos, deciden ocupar sitios en lugares que controlan ya las mafias o las pandillas que se protegen entre sí.
Lo sufren ahora en la frontera norte donde la trata de gentes y las drogas van de la mano de la violencia y solamente tenemos planes pero no acciones y, cada vez que se habla de ello, se dice que lo que sucede es que ahora sí podemos “ladrar” porque anteriormente nos quedamos callados y eso no es verdad, si revisan lo escrito por años se podrá comprobar las denuncias hasta el cansancio y, sin embargo, solamente somos testigos de muertes y de horrores y terrores como ahora lo vemos con la matanza, a plena luz del día, en Cuernavaca ,en contra de manifestantes y de ahí el terror y las distracciones que sugieren nuevos brotes de descontentos y de muertes violentas que pueden ser terribles para el país.
Así fue escalando la violencia en los años de Salinas de Gortari, primero, los secuestros y asesinatos de los agentes de la DEA que denunciaron y mostraron al mundo las mafias y las relaciones entre funcionarios de policía y agentes norteamericanos de la CIA con los políticos y grupos mexicanos, la guerra iniciaba y las confrontaciones eran de violencia y brutalidad, se disputaban el mercado y la jefatura de las organizaciones y, esto, desata la enorme matanza en México que ahora pagamos, dicen, con más de medio millón de asesinados, con más de 150 desaparecidos, con miles de viudos, huérfanos, desquiciados, desplazados, encarcelados, resentidos, con grupos delincuenciales en los estados que llegan agrupar a cientos de jóvenes y mujeres y hombres que de la maldad viven o sobre viven, después, vino la matanza en el aeropuerto de Guadalajara y se asesina, no se sabe si directamente o por accidente, al Cardenal Posadas y posteriormente a Luis Donaldo Colosio y al Secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y la escalada avanza hasta llegar a desquiciar la economía y llegamos al saqueo del FOBAPROA que le da el tiro de gracia al sistema político y económico de esos tiempos del desarrollo estabilizador para implantar el tiempo de la tecno burocracia y del liberalismo entreguista que nos tienen en el fondo del pozo, pero de lo que se trata, de tomar en cuenta es que todos esos sucesos aparentemente desiguales y sin sentido, llevaron a la muerte de Luis Donaldo Colosio ,y nadie podría dudar por la forma en que ahora se dio el atentado en Cuernavaca el que un solo hombre, desquiciado, preparado, armado, drogado tal vez, convencido o comprado o amenazado, prefiere matar y asesinar a sangre fría en cualquier sitio y lugar, a lo mejor como lo hizo Aburto en Tijuana .
Y esto, por si no lo saben los expertos en el cuidado del pueblo, se puede salir de control en muchos sitios, nadie tiene seguridad ante tales actos como el que vimos en Cuernavaca, nadie podría salir ileso de un tipo de atentado así o como el que se generó en la plaza de Michoacán con el granadazo, y así, en actos públicos, todo puede suceder, en manifestaciones pacíficas o no también se pueden dar y en los actos oficiales de ceremonias con los presidentes municipales o los gobernadores o el mismo gabinete presidencial o en contra de AMLO y, todo, sería un enorme caos y la violencia desatada…
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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