OPINIÓN
De mal en peor
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Ante la frustración de muchos, porque parece que estamos en un callejón sin salida, las cosas no están mejorando en nada. Jalisco, acaba de pasar por una etapa de limitaciones, para tratar de disminuir el número de contagios de COVID, sin embargo, no somos solo nosotros, es un fenómeno mundial. Los números de contagios son escandalosos, por ejemplo en los Estados Unidos en 10 días tuvieron 1,338,728. Lo más delicado es el número de muertes que está causando esta enfermedad.
En México, por lo pronto, ya se rebasan las cien mil, sin contar seguramente muchas que han sido mal diagnosticadas y las que ni siquiera asistieron a la atención hospitalaria, donde se hacen las estadísticas. Los políticos hablando de una vacuna que por el momento no existe y que todavía hay mucho camino para que esté presente con eficacia y resultados reproducibles. Lo peor del caso, es que seguimos viendo conductas aberrantes en muchos lugares, como por ejemplo en los aviones, donde después de una cadena de medidas sanitarias en aeropuertos y de sana distancia, finalmente los pasajeros suben a sus asientos y se les hace hincapié en que lleven sus cubre bocas, de repente, pasan vendiendo cacahuates y refrescos y todo mundo quitándose el protector de boca y nariz.
O en los transportes públicos que se siguen viendo “atascados” de gente y algunos que siguen con el cubre bocas colocado de bufanda. No hay otra opción en este momento, se tiene que legislar para buscar las penas que se merece, el que no quiera acatar las medidas sanitarias, por el simple convencimiento del consejo, la gente no va a entender nunca y mientras tanto, seguimos llorando a nuestros muertos y esperando una triste navidad.
EL BRINCOLÍN DE LA POLITICA
María Patricia Meza Núñez, es el nombre que esta semana ha sembrado el escándalo. Diputada local por el distrito 16 de Tlaquepaque, sin lugar a dudas de las barcas que llegaron a buen puerto, por la marejada de votos que les regaló AMLO durante las elecciones de 2018, decide cambiar de partido. Deja Morena y se enlista en el grupo parlamentario de MC. Dejando atrás no solo una marca de origen, sino también olvidándose de sus promesas de campaña, de los “ideales” que la ligaban a un partido político que supuestamente era diferente. Tampoco nos rasgamos las vestiduras, como ella hay muchas y muchos en la historia de las conveniencias personales, pero queda sobre la mesa del análisis, si no es momento de legislar, para que cuando alguien rompa sus relaciones con un partido, que lo haya llevado hasta un puesto de elección, debiera abandonar su cargo e irse dignamente, sin dejar la duda de si con estas actitudes se está engañando a los que un día emitieron un voto a favor o creyeron en los discursos de campaña. También esto es una muestra de la falta de liderazgo del Morena en Jalisco.
PRESUPUESTO AUSTERO EN TIEMPOS DE CRISIS
6.29 billones de pesos será el presupuesto aprobado para 2021. Serán 718,193 millones de pesos menos que en 2020 con un gasto neto programable que tiene un incremento real de 1.3% respecto al año anterior. Las prioridades del gasto programable son la salud, la seguridad y los proyectos especiales que se supone que van a detonar el crecimiento económico de la nación.
Este proyecto ha sido aprobado por 297 votos a favor y 134 en contra. Especialmente me llama mucho la atención que algunos legisladores, se quejaron de que era un presupuesto demasiado austero, como si no supieran de la crisis económica mundial que se está viviendo. Ellos siguen pensando que la solución de los problemas económicos debería ser pidiendo préstamos y vivir en una economía ficticia, en donde gastas lo que no tienes y le pasas la deuda a las futuras generaciones. Parece que no aprendimos de los errores del pasado.
ALZA DE IMPUESTOS EN JALISCO
Mientras tanto, en Jalisco ya amagan con el aumento de impuestos, lo cual no es solo una medida impopular, sino que es por demás injusta socialmente. Resulta que en tiempos cuando hay que apretarse el cinturón, te asfixian más. Es increíble que los políticos sigan en una batalla ideológica, matizada en principios de defensa del pueblo y que por otro lado le claven el puñal a los que los llevaron a donde están y que no se acuerden, que su puesto a final de cuentas es pasajero y serán recordados, como quienes en tiempo de crisis, le apretaron más a la soga para producir más desesperación cada vez. Como dijo el BUKI, “a donde vamos a parar”.
LA URGENCIA DE MORENA
Morena inicia sus trabajos. En la sesión urgente del comité ejecutivo de este fin de semana, por lo pronto renuevan la comisión nacional de elecciones, quedando formada por 5 integrantes, Mario Delgado, Citlali Hernández, Carlos Evangelista, Alejandro Peña y Araceli Gómez. También deciden, enviar a delegados a los estados donde se elegirán gobernadores por lo pronto, porque la verdad ya van tarde en los procesos y tienen que ponerse las pilas. Jalisco sigue esperando el humo blanco.
Nos encontramos pronto.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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