OPINIÓN
Defendamos las Escuelas de Tiempo Completo
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Al cierre del año 2021, en la mañanera del 30 de diciembre, la Secretaría del Bienestar presentó los avances de los programas sociales entre ellos el del Programa “La escuela Es Nuestra” un programa de infraestructura en donde se supone entraría el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, mandato de ley para el Presupuesto de Egresos de ese año, incluso el programa modificó sus lineamientos de operación en donde se incluyeron los componentes 2 y 3 respecto a la extensión de la jornada escolar para el pago de docentes y el servicio de alimentación respectivamente.
Sin embargo, desde la presentación del programa por la responsable de la Secretaría del Bienestar se argumentó el origen y objetivo del mismo, la inversión en infraestructura entregando de manera directa los “apoyos” a las comunidades, es decir el recurso en efectivo, con algunas sugerencias por el contexto de pandemia para que la inversión atendiera la seguridad sanitaria en los planteles escolares, todo ello dentro del marco normativo del componente 1 de dicho programa.
Fueron 68,670 escuelas beneficiarias desde 150 mil y hasta 500 mil pesos por plantel, agotando prácticamente la totalidad del recurso entregado para el programa en 2021, por lo que no hay un solo peso destinado al Programa Escuelas de Tiempo Completo, mientras que para este año ni siquiera fueron mencionadas ya en un transitorio dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
En este Semanario Conciencia Pública dimos seguimiento a ésta crónica de una muerte anunciada para las Escuelas de Tiempo Completo, este atentado contra la Educación, La Escuela Pública, el Interés Superior de la Niñez y el Magisterio comenzó desde que llegó esta administración, pues en el primer presupuesto determinado por la 4T para 2019 el programa no recibió ni un solo peso adicional al ejercido en el 2018, violentando la Ley General de Educación en su artículo 9, fracción VIII, para el presupuesto 2020 se redujo el monto en 53% y para 2021 se eliminó el presupuesto directo al programa, aunque para tranquilizar las protestas decidieron arrinconar en el artículo transitorio Decimo Octavo la incorporación del Programa Escuelas de Tiempo Completo dentro del Programa La Escuela es Nuestra, un programa federal dentro de otro programa, pero todo fue mera demagogia. Así lo denunciamos públicamente en este medio y por otras vías, pura demagogia que hoy queda evidenciada con la realidad de la operación financiera, más de 27 mil escuelas en el país cierran definitivamente sus puertas al Tiempo Completo.
Un modelo suficientemente discutido, valorado, monitoreado y evaluado, el único programa que ha demostrado mejoras permanentes respecto a los resultados académicos de los educandos y para el sistema educativo nacional, un modelo de escuelas en países desarrollados y en vías de desarrollo, una modalidad que sirve para contrarrestar los grandes y graves problemas que tenemos en el país entre ellos el de violencia e inseguridad y salud pública.
Sin una evaluación y justificación el Gobierno de la 4T manda al diablo a estas instituciones, por encima y al margen de la ley, destruyen el proyecto más significativo de los últimos 30 años en el sistema educativo nacional, con él se llevan derechos de la niñez, calidad educativa, derechos laborales magisteriales, estabilidad y administración de tiempos de más de 2.5 millones de familias, proyectos académicos y principalmente el esfuerzo de millones y millones de voluntades y comunidades enteras que apostaron durante 13 años a modificar las escuelas en verdaderos centros escolares.
Hoy los comedores y las cocinas están vacías, empolvándose y en espera de que el sarro y la humedad los carcoma, los materiales de diversas actividades co-curriculares no tendrán uso ni sentido, los instrumentos musicales guardarán silencio hasta que se pudran con el tiempo, lo que por años la organización de padres, maestros, alumnos y comunidad en general, eso que ahora llaman Comunidades de Aprendizaje en y para la vida (CAV), hicieron para mejorar sus espacios educativos al nivel de cualquier colegio privado se desaprovechará, principalmente estas escuelas nos enseñaron el valor de trabajar en comunidad por un objetivo supremo.
Los resultados nunca podrán ser los mismos, porque no sólo se trata del resultado en una evaluación estandarizada, sino que va más allá, en la funcionalidad de personas responsablemente activas dentro de una comunidad, mas analíticas, críticas, proactivas, más humanas y solidarias, más sensibles y patriotas. Lamento mucho tener que decir “se los dije”, aunque no todo está perdido, en Jalisco, de 945 escuelas 9 decidieron resistir y no claudicar a este proyecto, sosteniendo este modelo educativo con la decidida participación de los padres de familia, principalmente para sostener el servicio de alimentación, aunque cabe mencionar que en el pasado también aportaban para ello.
Nueve escuelas cuyos directivos y docentes, al margen de la indiferencia mostrada por sus dirigencias sindicales en la entidad, enfrentaron la situación en uso del marco legal actual para coordinarse con la comunidad y funcionar como autentica CAV, son ellos quienes mantienen la esperanza de no enterrar este modelo educativo en el país, con la participación de las Autoridades Educativas en el Estado a quienes les pedimos continuar con la mesa de trabajo y tomar acuerdos de manera urgente.
En redes sociales usemos el hashtag: #DefendamosLasEscuelasDeTiempoCompleto
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Horacio Enrique Acosta Fernandez
10 de enero de 2022 at 09:42
Felicito al maestro Flavio por esa entrega a la lucha por la Educacion integral y responsabilidad en nuestra labor docente y más aún por esa lucha que venimos haciendo por la niñez de jalisco! Ojalá y esto suene fuerte y se una. A esta lucha por la permanencia de las escuelas de Tiempo Completo