OPINIÓN
Día de la Libertad de Expresión: Los políticos pasan, la prensa permanece

Por Remberto Hernández Padilla //
Sin duda que el periodista es el más auténtico representante de la sociedad, especialmente en estos tiempos en que predominan los gobernantes que se creen eternos y que realizan acciones que lo sociedad reprueba; y, ¡claro! cuando ellos son periodísticamente criticados, entonces abjuran de quienes no los alaban.
Al llegar a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador implementó una política de austeridad por lo que hizo desaparecer las denominadas oficinas de prensa en casi todas las secretarías de Estado, departamentos y entidades descentralizadas del gobierno federal; y además, como complemento, recortó sustantivamente las partidas de publicidad para los medios de comunicación, especialmente para la prensa escrita.
Esa política de austeridad trajo como consecuencia que muchos profesionales de la comunicación y elementos de las plantillas laborales de esas referidas oficinas perdieran su fuente de empleo; vino pronto una fortísima campaña gubernamental en contra de varios medios de comunicación y periodistas críticos.
En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro implementó la política de imitar al Presidente López Obrador en el tema de la intolerancia a la crítica periodística; ahora, ambos gobernantes son valorados por esa nefanda acción por la ciudadanía, misma que concluye en que: el Presidente, aún con malas decisiones siempre sale bien librado porque sabe comunicar y, además, lo secundan millones simpatizantes que utilizan los diferentes medios de comunicación para amedrentar a quien se atreve a criticar a su pastor; en cambio, al Gobernador Alfaro no hay quien lo defienda, ni siquiera él, de sí mismo.
GOBIERNOS INTOLERANTES A LA CRÍTICA
El antecedente para establecer un control sobre la prensa y amedrentamiento a los periodistas críticos se encuentra en un libro definido como “La Biblia de los Políticos” (escrita en 1864 por Maurice Joly); ahí, en un supuesto diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu, que sorprende por sus “consejos” y sus conceptos filosóficos bien pueden ser aplicados en estos momentos de la vida pública de México. Tal pareciera que en ese supuesto diálogo existe una dedicatoria especial. Veamos:
Maquiavelo: “¡Valla calamidad! Nada más que simple solicitud para algunos periodistas malos y malintencionados que todo lo atacan, todo lo denigran, conduciéndose con los gobiernos como esos salteadores de caminos que aguardan a los viajeros empuñando la escopeta. Viven constantemente fuera de la ley; ¡bien merecen que se los ponga de algún modo dentro de ella!… Tenéis plumas, escribid; más recordar: me reservo el derecho en qué momento me siento atacado…
“Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a exponeros…los gobiernos sucumben casi siempre por obra de la prensa; pues bien, vislumbro la posibilidad de neutralizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis que hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo…Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis la oposición. Si hay diez por la oposición, yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta…”
¡No!, no fue Andrés Manuel López Obrador el que escribió estos conceptos, fue Maquiavelo, en el libro de referencia. El Presidente denosta, un día sí, y otro también, a los medios y periodistas que osan criticarlo; y desde el púlpito, que es la denominada “mañanera”, polariza a los mexicanos; además, “motiva” a una jauría de “chairos” para que ataquen a los medios de comunicación y a los periodistas que lo critican.
Y, ante los “consejos” que aporta la “Biblia de los Políticos” el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro también podría aplicar lo siguiente: “Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: Pude suprimirlos a todos, no lo hice; aún puedo hacerlo y os dejo vivir, más, por supuesto, con una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No quiero verme obligado a iniciar procesos todos los días, ni a interpretar la ley sin cesar para reprimir vuestras infracciones; tampoco puedo tener una legión de censores encargados de examinar hoy lo que editaréis mañana. Tenéis plumas, escribid; mas recordad lo que voy a deciros: me reservo para mí mismo y para mis agentes, el derecho a juzgar en qué momento me siento atacado. Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis…”
Y, ¡no! no fue Enrique Alfaro el que hizo del conocimiento del público esta advertencia, fue Maquiavelo en el libro referido.
EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por muchos años se ha acostumbrado conmemorar el 7 de junio como el “Día de la Libertad de Expresión”. Pero la verdad debe ser conocida en todo su antecedente: el jueves 7 de junio de 1951, se reunieron algunos empresarios del periodismo con el presidente de la República para darle las gracias por los dineros que sus publicaciones recibían del gobierno; y, al año siguiente los editores determinaron reunirse y celebrar, cada 7 de junio, lo que ellos constituyeron como “Día de la Libertad de Prensa”.
A partir de esa fecha, y en reciprocidad, año con año, agradecidos funcionarios del gobierno felicitaban a los empresarios de los medios de comunicación por su adhesión a las acciones y decisiones gubernamentales; ese comportamiento se extendió a toda la República, con el agregado de que fueron incluidos y premiados los periodistas adeptos al sistema gubernamental.
En Jalisco, en el transcurrir de los años algunos entes de la pluma asumieron para sí tal conmemoración, es por ello que la costumbre pervive desde 1972; y, fuimos integrantes del Club de Periodistas de Jalisco, A.C., los que comenzamos a rendir homenaje, precisamente un 7 de junio, al mexicano más representativo de la expresión del pensamiento: Francisco Zarco Mateos.
Desde hace pocos años, y separado totalmente del aparato gubernamental, varios periodistas integrantes del prestigiado Club de Periodistas de México, A.C; tomaron para sí esa efeméride para reconocer a los sobresalientes integrantes del gremio que, por su desempeño profesional se hacen merecedores a ser reconocidos y, ese galardón que se entrega cada 7 de junio se hace de periodistas a favor de periodistas. (Quien estas líneas escribe recibió el “Premio Nacional de Periodismo 2019).
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR:
Los más bajos comportamientos humanos están presentes en la permanente campaña de desprestigio e intolerancia en contra de medios de comunicación y periodistas; ahí están feroces francotiradores quienes desde las redes sociales disparan permanentementes “tuits” en contra de los críticos del poder; ante ello la ciudadanía está indignada por las campañas orquestadas desde la agencia del gobierno “Notimex” que la han convertido en agencia de Estado para amedrentar a los críticos del gobierno lopezobradorista.
Y, ahí está, también, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, quien pretende emular el nefando comportamiento en contra de la prensa y periodistas y quien “no canta mal las rancheras”. Pero, bien sabemos que esa polarización de los gobiernos federal y estatal traerá consecuencias; y los entes de la pluma apuestan al tiempo porque: los políticos pasan, y el periodista permanece.
* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla.
Premio Nacional de Periodismo / Premio México de Periodismo
Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco
Adulto Mayor Distinguido / Correo: remegida@gmail.com
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
JALISCO
UdeG, los golpes que sustituyen el diálogo: ¡Qué falta hace Raúl!

– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS