OPINIÓN
Día de la Libertad de Expresión: Los políticos pasan, la prensa permanece
Por Remberto Hernández Padilla //
Sin duda que el periodista es el más auténtico representante de la sociedad, especialmente en estos tiempos en que predominan los gobernantes que se creen eternos y que realizan acciones que lo sociedad reprueba; y, ¡claro! cuando ellos son periodísticamente criticados, entonces abjuran de quienes no los alaban.
Al llegar a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador implementó una política de austeridad por lo que hizo desaparecer las denominadas oficinas de prensa en casi todas las secretarías de Estado, departamentos y entidades descentralizadas del gobierno federal; y además, como complemento, recortó sustantivamente las partidas de publicidad para los medios de comunicación, especialmente para la prensa escrita.
Esa política de austeridad trajo como consecuencia que muchos profesionales de la comunicación y elementos de las plantillas laborales de esas referidas oficinas perdieran su fuente de empleo; vino pronto una fortísima campaña gubernamental en contra de varios medios de comunicación y periodistas críticos.
En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro implementó la política de imitar al Presidente López Obrador en el tema de la intolerancia a la crítica periodística; ahora, ambos gobernantes son valorados por esa nefanda acción por la ciudadanía, misma que concluye en que: el Presidente, aún con malas decisiones siempre sale bien librado porque sabe comunicar y, además, lo secundan millones simpatizantes que utilizan los diferentes medios de comunicación para amedrentar a quien se atreve a criticar a su pastor; en cambio, al Gobernador Alfaro no hay quien lo defienda, ni siquiera él, de sí mismo.
GOBIERNOS INTOLERANTES A LA CRÍTICA
El antecedente para establecer un control sobre la prensa y amedrentamiento a los periodistas críticos se encuentra en un libro definido como “La Biblia de los Políticos” (escrita en 1864 por Maurice Joly); ahí, en un supuesto diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu, que sorprende por sus “consejos” y sus conceptos filosóficos bien pueden ser aplicados en estos momentos de la vida pública de México. Tal pareciera que en ese supuesto diálogo existe una dedicatoria especial. Veamos:
Maquiavelo: “¡Valla calamidad! Nada más que simple solicitud para algunos periodistas malos y malintencionados que todo lo atacan, todo lo denigran, conduciéndose con los gobiernos como esos salteadores de caminos que aguardan a los viajeros empuñando la escopeta. Viven constantemente fuera de la ley; ¡bien merecen que se los ponga de algún modo dentro de ella!… Tenéis plumas, escribid; más recordar: me reservo el derecho en qué momento me siento atacado…
“Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a exponeros…los gobiernos sucumben casi siempre por obra de la prensa; pues bien, vislumbro la posibilidad de neutralizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis que hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo…Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis la oposición. Si hay diez por la oposición, yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta…”
¡No!, no fue Andrés Manuel López Obrador el que escribió estos conceptos, fue Maquiavelo, en el libro de referencia. El Presidente denosta, un día sí, y otro también, a los medios y periodistas que osan criticarlo; y desde el púlpito, que es la denominada “mañanera”, polariza a los mexicanos; además, “motiva” a una jauría de “chairos” para que ataquen a los medios de comunicación y a los periodistas que lo critican.
Y, ante los “consejos” que aporta la “Biblia de los Políticos” el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro también podría aplicar lo siguiente: “Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: Pude suprimirlos a todos, no lo hice; aún puedo hacerlo y os dejo vivir, más, por supuesto, con una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No quiero verme obligado a iniciar procesos todos los días, ni a interpretar la ley sin cesar para reprimir vuestras infracciones; tampoco puedo tener una legión de censores encargados de examinar hoy lo que editaréis mañana. Tenéis plumas, escribid; mas recordad lo que voy a deciros: me reservo para mí mismo y para mis agentes, el derecho a juzgar en qué momento me siento atacado. Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis…”
Y, ¡no! no fue Enrique Alfaro el que hizo del conocimiento del público esta advertencia, fue Maquiavelo en el libro referido.
EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por muchos años se ha acostumbrado conmemorar el 7 de junio como el “Día de la Libertad de Expresión”. Pero la verdad debe ser conocida en todo su antecedente: el jueves 7 de junio de 1951, se reunieron algunos empresarios del periodismo con el presidente de la República para darle las gracias por los dineros que sus publicaciones recibían del gobierno; y, al año siguiente los editores determinaron reunirse y celebrar, cada 7 de junio, lo que ellos constituyeron como “Día de la Libertad de Prensa”.
A partir de esa fecha, y en reciprocidad, año con año, agradecidos funcionarios del gobierno felicitaban a los empresarios de los medios de comunicación por su adhesión a las acciones y decisiones gubernamentales; ese comportamiento se extendió a toda la República, con el agregado de que fueron incluidos y premiados los periodistas adeptos al sistema gubernamental.
En Jalisco, en el transcurrir de los años algunos entes de la pluma asumieron para sí tal conmemoración, es por ello que la costumbre pervive desde 1972; y, fuimos integrantes del Club de Periodistas de Jalisco, A.C., los que comenzamos a rendir homenaje, precisamente un 7 de junio, al mexicano más representativo de la expresión del pensamiento: Francisco Zarco Mateos.
Desde hace pocos años, y separado totalmente del aparato gubernamental, varios periodistas integrantes del prestigiado Club de Periodistas de México, A.C; tomaron para sí esa efeméride para reconocer a los sobresalientes integrantes del gremio que, por su desempeño profesional se hacen merecedores a ser reconocidos y, ese galardón que se entrega cada 7 de junio se hace de periodistas a favor de periodistas. (Quien estas líneas escribe recibió el “Premio Nacional de Periodismo 2019).
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR:
Los más bajos comportamientos humanos están presentes en la permanente campaña de desprestigio e intolerancia en contra de medios de comunicación y periodistas; ahí están feroces francotiradores quienes desde las redes sociales disparan permanentementes “tuits” en contra de los críticos del poder; ante ello la ciudadanía está indignada por las campañas orquestadas desde la agencia del gobierno “Notimex” que la han convertido en agencia de Estado para amedrentar a los críticos del gobierno lopezobradorista.
Y, ahí está, también, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, quien pretende emular el nefando comportamiento en contra de la prensa y periodistas y quien “no canta mal las rancheras”. Pero, bien sabemos que esa polarización de los gobiernos federal y estatal traerá consecuencias; y los entes de la pluma apuestan al tiempo porque: los políticos pasan, y el periodista permanece.
* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla.
Premio Nacional de Periodismo / Premio México de Periodismo
Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco
Adulto Mayor Distinguido / Correo: remegida@gmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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