OPINIÓN
Enfoques discordantes
Opinión, por Pedro Vargas //
Oficialmente estamos en pleno tiempo de campañas electorales desde el día 4 de abril, aunque los preparativos iniciaron a fines del año pasado. Con tal motivo se han desatado todo género de opiniones, propuestas y ataques, entre los partidos políticos contendientes y desde luego, de sus respectivos candidatos a cargos de elección popular.
Por esa razón, buscan afanosamente, tanto los institutos partidistas como sus abanderados e incluso simpatizantes, ganar simpatías y con ello, sufragios.
Los medios electrónicos, las redes sociales, la prensa escrita y cualquier instrumento que ayude a lograr el triunfo en los comicios, se consideran necesario y son opciones para concretizar proyectos. Los bloques o alianzas que contienden son la que integraron los oposicionistas PRI, PAN y PRD, la cual se denomina “Va Por México” y la que conforman los que apoyan al gobierno de la Cuatro T, (Morena, PT y PVEM) que se conoce como “Juntos Haremos Historia”. Por su cuenta y riesgo juega el MC (Movimiento Ciudadano), completando el cuadro, los partidos nuevos: Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Social (FS) y Encuentro Solidario (PES), quienes no pueden aliarse con ninguno para este proceso por su reciente creación. Además, en cada Entidad Federativa participan algunos partidos locales, como el caso de Jalisco, que tiene al instituto político llamado “Futuro” y al conocido como “Hagamos”.
Así las cosas, la semana pasada se dio a conocer una carta que envió a un artista, a nombre de la coalición “Va Por México”, la Secretaria de Cultura del antes todopoderoso PRI, señora Ma. Cristina García Cepeda, persona muy identificada en ese ramo por haber trabajado de promotora cultural y haber desempeñado importantes puestos gubernamentales, como Directora General del INBA y en la parte final del sexenio de Peña Nieto, Secretaria de Cultura. En 2019, fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública, para no tener cargos públicos por diez años, y luego, el presidente del partido tricolor (Alejandro Moreno, alias “Alito”) la designó Secretaria de Cultura “para defender los intereses de todo el gremio cultural y no sean objeto de prácticas ilegales”.
En la misiva, fechada el 14 de abril, la experta promotora cultural, ahora en labores de activismo político, le dice al tenor Emilio Ruggerio, que lo saluda y felicita por su carrera internacional, misma que ha puesto “el nombre de México en alto y nos enorgullece muchísimo”.
Para información de los lectores, diremos que este cantante mexicano nació en la capital del país en 1971, allí estudió y también cursó la carrera militar en el Histórico Colegio Militar, donde se graduó como teniente de infantería fusilero paracaidista. Decidió seguir la interpretación de la ópera y desarrolló su faceta de actor en el Centro de Actores de San Francisco, California, debutando en Europa en 1988, con «La Boheme» de Puccini.
En este continente ha vivido más de 25 años, formando parte de la Academia de Ópera del teatro de Zúrich y de la Scala de Milán, aunque eso sí, va y viene a su patria con cierta frecuencia y entre sus interpretaciones incluye piezas muy nuestras, como Cielito Lindo, Yo soy Mexicano, y desde luego, México Lindo y Querido.
En la epístola que nos ocupa, dice la firmante que conoce la trayectoria y la ideología del artista, le reconoce los actos de corte social que realiza y en razón a que se identifica con ellos, lo invita a sumarse a la alianza “Va por México” y, bajo tal perspectiva, al igual que otros artistas lo han hecho, le pide grave un spot para apoyar a algún candidato de la coalición antedicha.
En respuesta, el artista dice tajante a la señora García: que no comparte la ideología de “Va Por México”, precisando que “yo nunca voy a cantar a tipejos como el tal Silvano Aureoles, un patán gobernador, como también a Enrique Alfaro”. Enseguida menciona a políticos que sí apoyaría con su canto, y con gusto, tales como “el señor Félix Salgado, o la youtuber Juncal Solano”.
Al enterarse uno de lo anterior, se queda atónito por varios motivos: los señores de la oposición andan tan despistados, que invitan a ciegas a quien no simpatiza con ellos. Además, como que no están bien informados del perfil ideológico de Ruggerio, ya que hace meses en un viaje aéreo en que coincidió con Felipe Calderón, le dijo a éste en su cara, lo pésimo que fue como mandatario y le remarcó que él (Ruggerio) simpatizaba con López Obrador.
Por otra parte, nos asombra que si esté dispuesto a respaldar a dos personajes muy distintos, como resultan ser “El Toro” guerrerense Macedonio Salgado, y la youtuber tapatía Juncal Solano, ahora candidata por MORENA a una diputación en Guadalajara. “Yo canto por y para el pueblo de México”, expresa este singular interprete, subrayando que se siente patriota y muy mexicano, con dignidad, por lo cual jamás apoyaría a quien “nos ha traccionado tanto, robado tanto y que han humillado al pueblo de México”: Yo -sigue diciendo Ruggerio- amo a mi pueblo, canto para él, sin distinción de partidos, “y no me voy a vender”.
En su Twitter, concluye este claridoso cantante mexicano, de la siguiente manera: “Esto es el colmo de la DERECHA… Buscan comprarme y que traicione a mi pueblo, están completamente destrozados…”
Y vaya que si no destrozados, si andan demasiado confundidos los señores de la incomprensible alianza “Va por México”. Sin embargo, la esperanza muere al último, y en el pueblo que vota está la clave para todos los que compiten en estas campañas, así que, sin más vueltas, es a él a quien se debe acudir.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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