OPINIÓN
La democracia fortalecerá al SNTE
Metástasis, por Flavio Mendoza //
La elección de dirigencia en las Secciones 16 y 47 es sin duda un evento que trasciende lo magisterial en Jalisco, serán eventos que van a sacudir al Estado mismo, por eso el mensaje del Gobernador Alfaro, acompañado de los representantes del CEN del SNTE que operarán los trabajos del proceso electoral, donde se compromete a respetar la autonomía sindical y generar condiciones desde el gobierno para que el proceso sea un éxito, es el primer indicio del significado que alcanza la elección de un gremio tan importante como el magisterial.
La relevancia del proceso sin duda alcanzará a las escuelas públicas del Estado y no me refiero solo al día de la elección que seguramente será en día hábil para el que seguramente se suspenderán clases, lo que además está permitido en el marco normativo del Estado, sino que además el interés legítimo de la organización magisterial en un nuevo esquema de elección de dirigencia pasa por dedicar tiempo extraordinario para informarse, para participar activamente y para tomar decisiones que pueden internamente generar divergencias en cada centro de trabajo, sin división del proyecto profesional institucional, en otras palabras se vivirá el proceso con pasión entre los trabajadores de la educación.
Así mismo, la relevancia de este proceso de elección magisterial es por ser el sindicato más importante por el número de agremiados, para ejemplo, la Sección 47 tiene un peso específico dentro del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que desde su origen el magisterio fue pieza clave y aunque actualmente no somos mayoría de trabajadores, sí somos mayoría de un mismo gremio, además de ser el gremio que más aporta al Ipejal, por ello que la silla de representación del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones para el magisterio recae y debe seguir en el Secretario General de la Sección 47 del SNTE.
Este tema del Ipejal moverá además, como en ninguna otra Sección del país, la participación en el proceso de los trabajadores de la educación jubilados y pensionados, un factor importante que podría definir el triunfo para alguna planilla que logre capitalizar la mejor propuesta en beneficio de activos y jubilados, es el propio Ipejal el vínculo entre activos y jubilados que también tendrá influencia en este proceso electoral, además de entender que en la familia magisterial literalmente comparten la profesión el vínculo de sangre, muchos activos hijos, hermanos y hasta nietos de un número importante de jubilados.
El SNTE ha sido pieza clave para el funcionamiento del sistema educativo, por todo lo que implica su funcionamiento en las condiciones actuales, que practicante son pésimas y en mucho los gobiernos federal y sobretodo estatal le deben al Sindicato que el servicio educativo siga ofreciéndose, incluso la sociedad, los padres de familia que conocen estas condiciones en las que operan las escuelas de sus hijos.
Pero por otro lado, el magisterio de Jalisco también requiere un giro en la representación sindical, que no esté sujeto a la decisión de un liderazgo moral que tome decisiones por los más de 50 mil trabajadores.
La unidad como principio rector del sindicalismo, así como el carácter nacional y unitario no está en juego, el magisterio no va elegir salir o no del SNTE, ni siquiera cambiarle el nombre al SNTE, lo que está en juego es la representación, la dirigencia, a través de un nuevo formato de elección que le permitirá la legitimación que hoy no tiene de la base la actual dirigencia, por lo que este proceso fortalecerá al SNTE y a la Sección 47, en ello la divergencia de proyectos son sanos, válidos y hasta necesarios, por lo que el voto del magisterio no debe ser orientado o influenciado por ningún actor como cobro de favores, mucho menos por amenazas y/o por infundir miedo, la unidad no le pertenece a un grupo, ni será afectada por la libre organización de quienes quieran participar, después de la elección todos seguiremos siendo trabajadores de la educación agremiados del SNTE.
Por ello y por mi interés personal, haré una pausa con base en mi legítima aspiración, en este espacio tan importante de difusión, por lo que está Columna «Metástasis» en el Semanario Conciencia Pública tendrá un período de veda hasta terminar este proceso electoral magisterial, agradeciendo al director y a nuestros lectores la comprensión, pero mi interés es no afectar en ningún momento las reglas del proceso electoral, deseando que sea transparente y que fortalezca a nuestra organización sindical, sugiriendo al gremio al que pertenezco a que participe y demos muestra de la civilidad y responsabilidad con la que viviremos este proceso.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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