OPINIÓN
La seguridad alimentaria en peligro: China, los juegos del hambre mundial 2022-2023
Por Jorge López Portillo Basave //
Durante recientes semanas hemos sabido que China literalmente ha encerrado con candado puertas de hierro y todo a más de 280 millones de ciudadanos en sus casas o departamentos, con el fin de aplicar su política de cero contagios del Covid19, eso que el Primer Ministro de Canadá llamó una política exitosa en el 2020, o que al menos dijo admirar, para el manejo del virus. Habría que preguntar a Trudeau, ¿qué tanto admira a China en este 2022?
El punto es que en China están racionalizando los alimentos con las herramientas para el Covid19, pero podría haber más que una política de salud detrás de estas medidas, porque nadie puede salir de su casa sin el permiso del gobierno, de hecho, los alimentos y todo lo necesario se entrega a domicilio por grupos de empleados designados para ello. No debe pasar inadvertida esta coincidencia que podría también estar tratando de disminuir el consumo y bajar la inflación que se ha disparado en ese país como en todo el mundo en este 2022.
Pero esta coincidencia se va de la mano con otra medida que inició en el verano del 2021, cuando China decidió decirle al mundo que sí contaban con sus fertilizantes pues dejarán de contar con los de ese país.
Por supuesto que tampoco pasó desapercibido el hecho de que China se ha convertido en el principal comprador de alimentos rusos quien es uno de los principales graneros del mundo. ¡Que casualidad!
QUIÉN ES QUIÉN EN LOS FERTILIZANTES
Más allá del consumo interno de cada país, en conjunto Rusia, China, EEUU y Canadá son (o eran) los cuatro principales exportadores de estos productos indispensables para la alimentación del mundo; representan más del 50% de lo que en el 2020 compraba el mundo. México está en la posición 21 del ranking de producción mundial y claro que somos un país importador y no exportador de estos nutrientes para la tierra.
La medida de China en el 2021 pasó poco advertida por la mayoría de los especialistas del mundo quienes estaban muy ocupados peleando con sus líderes locales o analizando los resultados de la elección en EUA o peleando por la distribución de vacunas del Covid19 o tal vez simplemente no se dieron cuenta del efecto que tendría a mediano plazo la falta de fertilizantes en los precios de los alimentos que se siembran casi un año antes de que lleguen a nuestra mesa como productos terminados ya sea en supermercados, conservas o indirectamente como cárnicos alimentados con las cosechas.
El mundo de los fertilizantes industrializados se concentra principalmente en tres categorías: los llamados nitrogenados que representan el 75% del mercado mundial, los potasios que representan un 21% y los sulfatados que representan un 2.2%. Los fertilizantes animales o vegetales no procesados son muy pocos y modestos por debajo del 2.0%
Los principales productores de fertilizante son China, EEUU, India y Rusia, pero son Rusia, China, Canadá y EEUU los exportadores como lo mencionamos con anterioridad.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Para no ponernos dramáticos y señalar a los actuales líderes del mundo, recordemos que la revolución francesa inició por la falta de alimentos o al menos eso dicen los que recuerdan la frase de la Reina Antonieta al decir que le dieran pasteles a los protestantes afuera de su palacio.
Nuevamente me permito criticar a los líderes de los gobiernos del mundo, en especial a los encargados de las políticas alimentarias de cada país, quienes no pusieron atención en el 2020-2021 y los efectos de las políticas anti Covid19 en lo que sería el futuro próximo de la alimentación. Hace dos años me pregunté cómo yo con un modesto acceso a internet pude ver que la infección de China era algo serio desde enero y cómo los líderes mundiales estaban en la baba.
Lo mismo me pregunto hoy, cómo es posible que varios particulares columnistas del mundo hayamos advertido desde el 2020 y 2021, de los posibles efectos de las medidas Covid19 y que los gobiernos, la OMS y la ONU no las hayan valorado.
En fin, la seguridad alimentaria es un tema de seguridad nacional y tal vez por eso China, muy a su modo, está tratando de adelantar el juego de control global, ahora que ella y Rusia son los dueños del 40% del fertilizante del mundo y como lo dije antes, qué casualidad que China esté comprando los alimentos del mundo por adelantado y que Jeff Bezos y Bill Gates estén comprando tierras con agua.
LA RECETA DEL HAMBRE
El fertilizante sirve para reducir el consumo de agua que sabemos es escasa, mejorar la cantidad que sabemos baja precios y la calidad de la cosecha que sabemos ayuda a ser más competitivos en los mercados exigentes. Como ve el uso de estos nutrientes aumentó de precio y su escasez no es un tema menor, pero pasa desapercibido por las sociedades predominantemente urbanas que han dejado de entender que los básicos son elementales para su propia subsistencia.
Por ejemplo, los precios del potasio en el 2020 eran de unos $400 dólares por tonelada, en el 2021 después de la medida de China y el inicio de los aumentos en el precio del petróleo subió a $700 dólares por tonelada y en este 2022 después de lo de Ucrania-Rusia subió a $900 dólares por tonelada y podría no parar ahí.
Los fertilizantes también llevan ingredientes y por ejemplo la urea y el amonio han pasado de los $300 dólares la tonelada hace un año a más de $900 para este mes de mayo del 2022.
Así las cosas, la baja de producción por los encierros generales del 2020-2021, el aumento de precios en casi todo, pero especialmente en los energéticos en el 2021-2022 mismos que se utilizan no solo para transporte, sino que también son parte de los insumos en la fabricación de fertilizantes, la suspensión de exportaciones chinas en el 2021, los desperdicios en el 2020 por los encierros en los que la gente compró mucho más de los que necesitaba y claro, la guerra en Ucrania son los ingredientes de una sopa muy amarga que tendremos que tragar, en la que para variar las clases media y popular serán las que más padezcan por su menor capacidad de compra.
La escasez y los aumentos apenas inician, ya que los golpes a los precios de los productores del campo se verán más claramente en las mesas del mundo por allá del otoño del 2022 y el inicio del 2023.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
