OPINIÓN
Las proyecciones de Jalisco a Futuro
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Muy interesante la publicación que hizo el diario Mural este pasado domingo al analizar aquel estudio de proyección sobre Jalisco a Futuro que hace 21 años hizo la Universidad de Guadalajara (UdeG) con el liderazgo del empresario Raymundo Gómez Flores.
¿Qué sucedió? ¿Qué tan certeros fueron los estudiosos que participaron y que armaron los escenarios futuros de Jalisco?
Fue el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la UdeG el que realizó los escenarios y que planteó un Jalisco muy diferente al que tenemos hoy.
Hay un tema que es el de la situación socio-económica de la población, la redistribución de la riqueza, la concentración y que se vislumbró en la brecha salarial, en la proyección se esperaba que esa brecha salarial se redujera en un 33% y lo que sucedió -de acuerdo a este análisis que sustenta el investigador del CEED, Adrián Acosta Silva- es que “no sólo ésta se ha mantenido, sino que se ha agudizado, ya que la concentración de la riqueza nos indica que el 10% de la población gana el 90% de los ingresos que se generan y el 90% de la población a su vez recibe el 10%, o sea, las políticas de redistribución de la riqueza han fracasado.
En el campo de la lucha contra la corrupción y su disminución, se tuvo otro revés, con todo y que en estos 21 años Jalisco contó con tres gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, si bien se crearon nuevas herramientas y organismos gubernamentales de fiscalización y vigilancia (Instituto de Transparencia y ahora la Fiscalía Anticorrupción), la corrupción está más robusta y podríamos afirmar que goza de cabal salud.
Otro dato interesante es el tamaño de la familia, el estudio planteó el escenario de que el promedio de integrantes sería de 5.1 y la realidad es de 3.6; también se preveía que la población que habitaría la Zona Metropolitana de Guadalajara sería del 75% del total de la población de Jalisco y en esto por fortuna se equivocaron, ya que los pobladores de la Metrópoli actualmente es del 60% de la población de la entidad en 2015, de acuerdo a datos del INEGI. Se observa que en lo que ha cambiado más bien es la configuración de la célula básica de la sociedad, ya que la familia tradicional biparental (padre, madre e hijos) ha cambiado a monoparental a cargo de mujeres, que es un aspecto que nos debe llevar a otro análisis más profundo sobre los efectos sociales que esto ha traído consigo en la sociedad.
En el tema de medio ambiente y contaminación en la Metrópoli el estudio consideraba 200 días al año de contaminación al año del aire, la realidad es de 131 días.
De igual forma se proyectaron grandes proyectos de infraestructura en la Metrópoli, como la construcción del Museo Guggenheim, que en la ciudad española de Bilbao ha tenido tanto éxito al lograr la visita de cientos de miles de turistas extranjero al año; también los empresarios tapatíos soñando en grande visualizaron la construcción de Torrena, que sería la torre de Telecomunicaciones más grande de América Latina; más bien la que ha sido el impulso de la economía citadina es Expo Guadalajara en la que se ha seguido invirtiendo y que genera cientos de miles de visitantes al año, impactando la hotelería, industria gastronómica y al comercio.
Otro tema es el del empoderamiento de incremento el número de diputadas, se esperaba que el 50% correspondiera a las mujeres, atendiendo las políticas de equidad de género, la realidad es que se llegó al 42%.
EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD
Se preveía que el transporte público mejoraría sustancialmente con la construcción de las Líneas 3,4 y 5, pero en estos 20 años únicamente se procedió a construir la Línea 3 que se espera entre en operación antes de que termine el primer semestre del presente año.
En otro punto que se falló es el de la seguridad que aunque no se hace referencia a cómo se proyectó, en la realidad, ésta constituye uno de los peores fracasos, cuando advertimos la violencia tan feroz que vivimos con la tragedia de los desaparecidos y los homicidios que se sufre y que tanto golpea a las familias jaliscienses. La impunidad se sigue imponiendo, alimentada por la corrupción.
Basta decir la otra publicación como nota principal de El Informador en la edición de ayer domingo que se precisa que en los seis años del gobierno de Aristóteles Sandoval se invirtieron más de 38 mil millones de pesos ofreciéndonos un Jalisco más seguro al final del gobierno y la realidad nos muestra el desdibujamiento y debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia ante el accionar de la criminalidad.
No se ha logrado la construcción de una sociedad menos desigual, ni tenemos un estado más seguro, donde la justicia sea una realidad. El estudio tiene su valor, así como el análisis que nos presenten los expertos en la materia, para ubicarnos dónde estamos y poder revisar en qué se falló y reorientar el desarrollo futuro de Jalisco.
Hay que ponerle atención y que nuestros gobernantes hagan sus análisis y valoraciones. Lo cierto es que unas cosas son las que se quieren y planean, pero las circunstancias diversas son las que finalmente vienen marcando el presente y el futuro de nuestra sociedad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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