OPINIÓN
Pensar dos veces
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
La dirigencia del PRI ha llamado a repensar lo ya pensado. Ha caído en el gambito del presidente, hábilmente pensado para allanar el camino hacia continuidad de su proyecto electoral, mediante la división o extinción de la alianza opositora.
El asunto viene de la decisión del PRI de convocar a la reflexión sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente, y propone debatir lo mismo que su partido propuso y llevó a la Constitución, revisar las que fueron sus certezas y convicciones, sobre las cuales llegó a consensos, que ahora se dice fueron obtenidos por sobornos, entre paréntesis, supuestamente entregados por un corrupto que dice lo conveniente para salvar su pellejo, pero todos coincidieron en la necesidad de abrir a la iniciativa privada la generación de electricidad como medida necesaria para garantizar el suministro futuro, hacerlo con energías limpias y aceptaron además, que reconvertir la infraestructura existente para producir con menores costos requería de recursos económicos fuera del alcance de la situación económica de la empresa, lo que no ha cambiado.
El dirigente nacional del PRI, en su artículo publicado el día 14 de octubre en El Universal, lo reconoce y reproduzco; “los grandes consumidores eléctricos tienen la posibilidad de suscribir contratos bilaterales con cualquier suministrador calificado, ser socios autoabastecidos o comprar directamente en el mercado. Esta libertad y flexibilidad los ha llevado a disfrutar de energía barata para ser competitivos, generar empleo y poder brindar sus servicios y productos a un menor precio que si tuvieran que pagar más por su electricidad.”
De la misma forma, acepta que la CFE, “tiene el monopolio constitucional en transmisión y distribución. Es decir, es la única dueña de la infraestructura de transporte de electricidad y la única capaz de prestar ese servicio y es correcto que así sea. Opera con una tarifa regulada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La participación de los privados se limita a la generación y a la comercialización de energía. Los usuarios pequeños son atendidos por el suministrador de CFE conocido como CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), mientras que los consumidores con una mayor demanda pueden optar entre varias opciones de suministro entre las cuales está también CFE SSB”. Es decir que pueden comprarle a CFE pero no lo hacen, por la sencilla razón de que es más caro.
Llama a preguntarnos una obviedad; si queremos los mexicanos tener acceso a energía más barata y si ésta puede venir de operadores privados o del monopolio estatal. En pocas palabras, la dirigencia nacional del PRI le hace al tío Lolo. Todas esas consideraciones y respuestas se encuentran en la exposición de motivos de la reforma eléctrica que su partido impulsó y hoy se intenta revertir. La actitud revisionista de sus propias convicciones y de los consensos de su partido, explica porqué ahora ese instituto político está en sus más bajos niveles de aceptación y con perspectiva descendente.
No es de ahora, pero lo que antaño eran vaivenes entre el centro y la izquierda moderada, la socialdemocracia que representaba el PRI, fue perdiendo identidad, se tornó actor acomodaticio al servicio de los intereses de sus cúpulas, alejándose cada vez más de la militancia, debilitando sus estructuras y perdiendo contacto e identificación con sus bases.
Ahora, la percepción es que el partido ha pasado a ser un escudo y salvaguarda de intereses particulares, arrinconado y dispuesto a negar y traicionar no solo sus principios, sino el proyecto de nación que se fue construyendo, incluso con la participación de los otros partidos. Decir que sí a la alianza electoral opositora, pero a la vez, prestarse a discutir obviedades es de una hipocresía insultante.
El presidente no necesita una reforma para que los productores independientes de energía dejen de comercializar sus excedentes, ni para que la CFE priorice la energía que sube a sus redes de distribución, le basta con bajar el switch. La CFE ya cobra por el uso de su red eléctrica y puede negarle el acceso a quien quiera. Lo que no le gusta es que haya un organismo regulador, la CRE, que norme y le impida obrar, sin contrapeso alguno, en el mercado.
En su afán de empoderar a la CFE, poco le importa que la industria, que genera empleos y divisas pague cara la electricidad que consume, o que productores y empresas que generan empleos y riqueza, no produzcan su energía y paguen cara la misma, repercutiendo en el precio al consumidor, el pueblo pobre al que dice engañosamente que bajará las tarifas. Basta revisar un recibo para darse cuenta que el subsidio existente es alto y concluir que la demagogia nacionalista encerrada en la actual iniciativa presidencial, con la cual disfraza su intención electoral, costará más y gravitará negativamente sobre las finanzas nacionales.
Por eso la intención revisionista de la dirigencia nacional del PRI, suena a complicidad convenenciera, a mezquindad ideológica y política. Triste papel para un partido que con sus errores y aciertos construyó un país de instituciones democráticas y puso límites, con dialogo y consensos, al autoritarismo y mesianismo de sus presidentes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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