OPINIÓN
Tlaquepaque, decisión de una minoría
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Este domingo en Tlaquepaque se llevó a cabo una jornada electoral en la que el principal ingrediente fue el abstencionismo. Una jornada electoral con ausencia de electores, desde que arrancaron las elecciones por la mañana con la instalación y apertura de casillas el escenario era de soledad para las mesas directivas, el flujo de votantes en algunas casillas era entra 5 y 9 votantes por hora, prácticamente vacíos los centros de votación por espacios de tiempo durante la jornada electoral.
En parte por el poco tiempo, en parte por la pésima difusión de un nuevo proceso electoral, en parte por el desánimo que hay respecto a la participación ciudadana en los procesos electorales, así como en parte también por el rechazo y desgaste de los políticos y aquí todos tienen responsabilidad, ganadores y vencidos, así como también el propio humos social al respecto de una nueva elección.
La participación de votación refleja el rechazo a los partidos, a la organización de las elecciones, pero también refleja el desinterés de las sociedad en la participación de las políticas pública, con ello, literal, ganó quien tuvo la capacidad de movilizar a sus seguidores y garantizar el triunfo, sin dejarnos de sorprender, es una de las elecciones con el porcentaje de participación más bajas de la historia de México y Jalisco, superando a penas el 20% del total de electores, es decir que el municipio será gobernado por la decisión de una minoría.
Respecto a los resultados y al avance que hasta este momento se tiene en el Programa de Resultados Preliminares, previo al cierre de esta educación de Conciencia Pública, la ventaja es para la candidata de Movimiento Ciudadano y con mayor margen de diferencia que en la pasada elección de junio, pues tiene más votos de diferencia como puntos porcentuales pese a ser menos votos los emitidos. Una ventaja que como tendencia parece prácticamente difícil de revertir.
Como ya es una costumbre, después del cierre de casillas, los equipos en competencia pretenden ganar la agenda mediática y declararse ganadores, ambos candidatos antes de las 20:00 horas se declaran ganadores, sin embargo, conforme avanza el tiempo se ve con mayor claridad el resultado electoral cuya tendencia es difícil de revertir en una elección con tan pobre participación de los electores, Tlaquepaque será gobernado nuevamente por el Movimiento Naranja los próximos 3 años, porque incluso, aunque todavía quedan los recursos legales, se vislumbra un escenario muy complejo para volver a anular una elección para el municipio.
Una elección que para muchos puede catalogarse de Estado, pero que tampoco se puede ignorar la capacidad de operación política del propio equipo en el poder del municipio, que tendrá nuevamente la administración del municipio y con ello la mayoría del área metropolitana de Guadalajara, lo que quizá pueda doler más al morenismo en Jalisco, quienes aun no definen sobre comenzar una nueva era para la entidad.
Para ambas fuerzas políticas, tanto para Morena como para Movimiento Ciudadano, era importante ganar Tlaquepaque, por un lado MC reafirma mayoría en AMG y podría llegar al poder una candidata más empoderada, como para Morena, porque tendría con ello el corredor oriente de la metrópoli, además de que era más importante para Morena arrebatar el municipio, que conservarlo para MC, pensando en lo que viene para la entidad y el país en el 2024.
Es un triunfo para el gobernador entre la relación Alfaro-AMLO con sabor a victoria rumbo al 2024, no porque Enrique Alfaro con esto tenga seguro ganar una elección presidencial, pero cuando menos en Jalisco se sigue la tendencia que impide abrir el camino para Morena rumbo a 2024, por lo que requerirán un trabajo y esfuerzo mayor que logre convencer a los electores. La política es cada vez menos predecible, pero además cada vez mas compleja respecto al comportamiento electoral de la gente, mientras que a Movimiento Ciudadano le cae como anillo al dedo este triunfo que consolida al emecismo en el estado y en el municipio, a Morena como valde de agua fría después de todo lo que se realizó para una nueva elección.
En Tlaquepaque decidió una minoría, pero válida para la toma de esa decisión, la cultura cívica-política es limitada, pero de ello también es responsable la sociedad, por lo pronto los resultados están dando horizonte de lo que le espera a San Pedro Tlaquepaque.
@FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
