JALISCO
IEPCJ lanza campaña para promover el voto: En Jalisco «votar es chingón»
Por Francisco Junco //
“Votar está chido, votar es lo mío, votar me hace mejor, votar es lo mío, votar es chingón. Intento día a día que el sol rija mi vida, pero a veces no, a veces siento que ya no, ahora sé que tengo el poder de la elección, porque elegir está chingón, este 2 de junio voy a empezar votando con opinión”.
Esta es una de las estrofas del single que lanzó el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) y anunció que, a partir de enero y hasta mayo, se escuchará por todos lados y en diversas plataformas, tanto digitales como impresas, para promover la participación de los jaliscienses en las próximas elecciones del 2 de junio.
“Toma el control, tu vida es sólo hoy. Toma lo que tienes. Toma lo que ya hay, construye, crea, fluye. Votar está chido, votar es lo mío, votar me hace mejor, votar está chido, votar por Jalisco, votar es chingón. Este 2 de junio vota con decisión”, continua la melodía que ya está disponible en varias plataformas de las redes sociales.
“Decir chingón es un modismo mexicano que forma parte de nuestra vida diaria y maneja con mayor precisión la grandeza de lo que describe, por eso chingón es votar y lo más importante que nos va a pasar, este 2024, es ir a votar. Dentro de esta estrategia y dentro de esta campaña, tendremos playeras, calcomanías, brigadas de promoción del voto, pintaremos pasos de cebra- peatonales, tendremos un concierto público, videos, infografías y nuestra canción sonando durante estos seis meses a todo lo largo y ancho del estado. Estaremos también en el cine, pondremos espectaculares, pantallas. Estaremos en el tren ligero, en la televisión y alrededor de los 20 distritos electorales del estado. El mensaje de Votar es Chingón llegara a todas partes”, explicó en la presentación de la campaña, la concejera del IEPCJ, Alejandra Vargas Bautista.
Y es que, de lo que se trata, acotó, es conectar con los jóvenes, que hoy representan el 40 por ciento en el padrón electoral. Es lograr que éstos, salgan a votar en la próxima elección del 2 de junio. El dato que tienen el IEPCJ es que los jóvenes, entre 20 a 35 años, son los que menos participan, por lo que la campaña va enfocada a despertar el interés de este sector, conquistándolos con su propio lenguaje, con ritmos de corridos tumbados, en redes sociales, además de podcasts, concurso de tik tok, funciones de stand up, sesiones informativas en 21 universidades, conciertos, obras de teatro, entre otras muchas actividades.
La consejera dijo, en su presentación, que “A través de las risas y la comedia, mandaremos a los jóvenes ALVotación, a ese lugar donde a los de 22 a 40 años no quieren llegar, según las encuestas”, además se contempla hablar con estudiantes de preparatoria acerca de “su primera vez” votando en elecciones, con la charla llamada “Déjame contarte mi primera vez”.
Por su parte, Paula Ramírez Höhne, la presidenta del IEPC Jalisco, informó que, para las próximas elecciones, se establecieron el reto de elevar la participación, y señaló que en las elecciones concurrentes del 2021, se registró en Jalisco la participación más baja que se haya tenido en la historia de la entidad, apenas el 48 por ciento del padrón acudió a las urnas y, precisó que, 6 de cada 10 jaliscienses no tiene interés en la política, mientras que 36 por ciento, de los que no tienen interés, es por la desconfianza a los políticos.
“Lo mejor que nos va a pasar como país y como estado este año, lo más destacable, lo más maravilloso, será votar, por eso ‘votar es chingón’; porque algo chingón es desde todo punto de vista y cualquier acepción, un adjetivo positivo de mayúscula proporción. Chingón no es algo sólo bueno, es algo único, es algo extraordinario, algo espectacular, algo destacado, definitorio, como lo es votar; hemos pensado que el uso de lenguaje claro, directo, coloquial, nunca ofensivo, puede ser la mejor manera de conectar, de comunicar una idea. Un amplio público jalisciense del que casi la mitad son jóvenes e incentivar su participación en estas elecciones que queremos que sientan suyas”, subrayó Ramírez Höhne.
Agregó que se trata de una campaña diferente, la cual está construida a partir de siete ejes de comunicación, para promover las principales convocatorias de esta elección y transmitir la información más relevante en el proceso electoral. Dicha campaña se apoyará con materiales digitales e impresos, pero basados en la cotidianidad y uso de un lenguaje coloquial y explicó que se decidió “echar a andar, una campaña totalmente distinta” de lo que habíamos hecho antes.
Los siete ejes de la campaña, tienen como objetivo la promoción del voto en la población de 20 a 35 años, promover el voto de los jaliscienses en el extranjero, incentivar el interés de los menores de edad en la vida democrática del país, concientizar respecto a la violencia política de género y a votar de forma informada y libre.
Otro de los ejes destacables de la campaña de promoción del voto del IEPC, es que está dirigido a los jaliscienses que se encuentran en el extranjero, bajo el lema: “Jalisco te extraño, pero con mi voto, ahí estaré”, buscando mover lo emotivo y nostálgico para promover la participación del voto extraterritorial. “Sabemos que extrañan a Jalisco, pero con su voto, podrán estar más cerca de él”, instó la concejera Zoad Jeanine García González.
Explicó que para este electorado, habrá tres opciones para emitir su voto, uno de ellos es el sufragio electrónico, vía internet; la segunda es la vía postal y una tercera, que es una innovación para este proceso electoral, que es el voto presencial en la sedes consulares, y se tiene previsto establecer 20 puntos consulares, con la “intención llamar a más de 100 mil personas jaliscienses que se encuentran en el padrón electoral, pero que viven fuera del país, para superar los ocho mil 524 votos que fueron recibidos en la elección similar electoral del 2018” y agregó que uno de los materiales comunicantes, es la participación del influencer jalisciense, originario de Arandas, Don Silverio, quien trascendió en la redes con la frase “que agusticidad”.
Con los ejes “El IEPC es Chido”, “Chécalo”, y “Debate y Vota”, se busca generar cercanía y confianza en el organismo electoral. Promueve el voto informado y que la sociedad acuda a fuentes oficiales para informarse, evitando las notas falsas.
Como trabajo previo al diseño de la campaña, el IEPC condujo un estudio de opinión para conocer la percepción de la ciudadanía (y en específico del grupo joven) respecto de diversos aspectos de la vida cívica y democrática de la entidad. Los resultados mostraron que casi 6 de cada 10 jaliscienses no tiene interés en la política. El 80.1 por ciento de los encuestados, cree importante ir a votar, pero sólo una de cada 10 personas sabe qué cargos se elegirán en estas elecciones.
El estudio también reveló que el 48.7 por ciento de los jaliscienses se informan por televisión, mientras que el 40.1 por ciento lo hace a través de redes sociales, y que les interesaría recibir información fácil de entender sobre el proceso electoral, útil para ejercer su derecho al voto; al igual que información sobre la oferta política para elegir la que crean la mejor opción.
Ejes estratégicos de promoción del voto en Jalisco:
1.- Votar es Chingón
2.- Promoción de voto en el extranjero
3.- Campaña Igualdad 2024
4.- Vota Transparente
5.- El IEPC es chido
6.- Chécalo
7.- Debate y vota
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
