JALISCO
Ley de designaciones públicas y servicio profesional de carrera: La alternancia de gobierno, el mayor riesgo a la estabilidad laboral
Por Mario Ávila //
Myriam trabajó intensa y apasionadamente en su profesión de educadora, se capacitó, se actualizó, tomó cuanto curso y diplomado se atravesó por delante, mantuvo su expediente laboral intacto y tres lustros más tarde, llegó la oportunidad de su vida, concursó para un cargo de dirección en un Centro de Desarrollo Infantil y ascendió en el escalafón laboral en el servicio público, donde se mantuvo otros seis años sin mayor problema, hasta que llegó a la administración municipal un nuevo alcalde y con una determinación unilateral la destituyó.
Lo mismo les ocurrió a otras 22 mujeres que habían transitado por el mismo camino y habían llegado con base en la experiencia, en la capacidad y en el amor a la institución, al cargo de directoras de un CDI o un CDC en el DIF Guadalajara, aprovechando las ventajas que da la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, especialmente los artículos que se refieren al servicio Civil de Carrera.
De la noche a la mañana, el 1 de octubre del 2021, justo con la llegada de Jesús Pablo Lemus Navarro a la alcaldía de Guadalajara, las 23 directoras fueron destituidas y sin la posibilidad de réplica, de audiencia y defensa, solo se les ofrecieron dos alternativas: 1.- El despido o 2.- Bajar de nivel al cargo original, lo que terminaron aceptando, pese a que implicaba una reducción de su sueldo de 45%.
Myriam Hernández Partida y sus 22 compañeras directoras se tuvieron que resignar, pero a la vez interpusieron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (por tratarse de un organismo público descentralizado), buscando encontrar justicia laboral, ya que sus nombramientos en opinión de su líder sindical, Martha Elia Naranjo Sánchez, fueron apegados a la legalidad y cumpliendo todos los requisitos planteados en el Servicio Civil de Carrera.
Como estos 23 asuntos, hay por cientos en los tribunales, lo mismo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y los casos se multiplicas esencialmente cada tres o seis años con la llegada de las administraciones municipales, el inicio de una nueva legislatura o en el arranque de un nuevo periodo de gobierno en el Ejecutivo del Estado, según lo admite el Director General de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Rubén Darío Larios García.
“UN ABISMO ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA; ENTRE EL SER Y EL DEBER SER”
“Una cosa es lo que dice la ley y otra son las prácticas de las que se habla que ocurren en la vida diaria; una cosa es el deber ser y otra es el ser”, expone el funcionario estatal experto en temas laborales, Rubén Darío Larios García, quien considera muy necesario retomar en el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera, que desde los primeros meses del 2021 presentó el entonces diputado local de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera.
A nivel federal existe ya la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera y opera desde el 2016, pero en el caso particular de Jalisco, duerme el sueño de los justos en las comisiones.
Ante ello Larios García plantea: “Evidentemente que hace falta en la entidad, la normatividad siempre da un orden, es el librito, es el a, b c, por el que nos debemos regir; pero mientras no exista y mientras la ley burocrática no señale lo contrario en ciertos cargos, sobre todo en el Ejecutivo, es su facultad nombrar o destituir. Hablando sobre todo de los de confianza; con los de base es otra cosa”.
Para el director General del Trabajo de la STyPS del Estado de Jalisco, quien entra al servicio público, tiene que llegar a un cargo acorde a su perfil académico y a su experiencia “y el Servicio Civil de Carrera va junto con pegado con el tema del escalafonario, es decir en la medida que voy adquiriendo experiencia en un puesto, voy aspirando a un mejor cargo. En materia laboral, esto significa el escalafón, que si tengo la experiencia para ocupar un cargo superior, puedo tener la aspiración de un mejor nivel salarial y una responsabilidad mayor.
“A eso se refiere el tema escalafonario y en materia burocrática el Servicio Civil de Carrera tiene que ver con eso también, que en la medida que yo me voy preparando, que voy teniendo cursos, diplomados afines al cargo que desempeño, voy aspirando también a tener mejores cargos y experiencia en el quehacer de mis funciones”, explicó.
Y expuso que el derecho a los ascensos, debe ser por igual para los trabajadores de base y los de confianza, pero detalló: “Lo que la ley nos dice hoy, es que los de base pueden aspirar a cargos de rango de confianza cumpliendo con los requisitos de escalafón, nada más que la diferencia está, hablando de derecho laboral burocrático, en que los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo y un trabajador de base, sí.
“Los de base, por ejemplo, en un ayuntamiento después de tres años y medio ininterrumpidos adquieren la base y la definitividad en el cargo, les corresponde… pero ya que se la den es otro boleto, pero si la demandan y acreditan el requisito, ganan el juicio porque así lo dice la ley. Y los de confianza, la ley dice que los de confianza entran con quien los invitó, quien les dio el nombramiento y salen en la propia administración.
“Pero lo que ocurre cada tres y cada seis años, es que en la práctica quedan fuera personas con capacidad, con experiencia y compromiso, para dejar su lugar a quienes designe el nuevo gobernante de manera unilateral, sin que medie requisito alguno”, reconoció Rubén Darío Larios García.
LOS NUEVOS GOBERNANTES DESIGNAN DE MANERA UNILATERAL
Sin examen, sin pruebas, sin requisito alguno los nuevos gobernantes designan a los nuevos funcionarios sin la necesidad de que tengan el currículum adecuado para cada cargo. “Es facultad del Ejecutivo municipal o estatal, el nombramiento; pero en el Judicial hay cargos como los jueces y las magistraturas en conde se establecen los requisitos como las convocatorias, los exámenes, presentar currículum y reunir el perfil con requisitos como años de experiencia posterior a su titulación”, explicó Rubén Darío Larios.
Para la elección de jueces -dijo-, de consejeros y de magistrados se da un proceso con una serie de requisitos, que incluso es vigilado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, pero ni así es garantía de que lleguen al cargo los mejores, según se dice en esas denuncias públicas que hay un reparto de cuotas y cuates en el Congreso del Estado.
Pero en la administración pública -abundó-, hay direcciones y cargos que sí son facultad del Ejecutivo el nombrar directamente sin necesidad de someter a un proceso de selección, ni trámite alguno por mínimo que este sea.
En el caso de las directoras del DIF Guadalajara que llegaron a ocupar el cargo y a la llegada de Pablo Lemus las destituye y pone a su gente de confianza, explicó que es común a la llegada de nuevas administraciones, “pero cada caso es diferente y es especial, claro que se dan, tan es así que hay demandas en los tribunales, que al tener derecho a una estabilidad y a una inamovilidad ejercen su derecho y si lo acreditan llegan a ganar los juicios tarde o temprano y eso es lo que deriva en juicios largos y le sale hasta más caro al Estado porque tiene que pagar salarios caídos de alguien que no trabajó y que estuvo sin redituar y al final se les tiene que pagar como si hubieran estado trabajando y se les tiene que reinstalar.
Larios García finalizó diciendo que a nivel federal existe ya la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera desde el 2016 y que en Jalisco se planteó en el 2021, pero duerme el sueño de los justos en las comisiones.
“Evidentemente que hace falta en la entidad, la normatividad siempre da un orden, es el librito, es el a, b c, por el que nos debemos regir, pero mientras no exista y mientras la ley burocrática no señale lo contrario en ciertos cargos, sobre todo en el Ejecutivo, es su facultad nombrar o destituir. Hablando sobre todo de los de confianza, con los de base es otra cosa, la diferencia entre ambos y la clave es, sus funciones y su responsabilidad.
DIRECTORAS, DESIGNADAS POR MÉRITOS NO POR “DEDOCRACIA”: MARTHA ELIA
Para la dirigente del Sindicato Democrático de los Sistemas DIF, Martha Elia Naranjo Sánchez, el caso de Myriam Hernández Partida, es un ejemplo del abuso de autoridad y de franca violación a la ley por parte de los gobernantes.
Es una persona -dijo-, muy activa en su organización sindical, es una de las directoras que salió electa mediante el proceso de las Comisiones Mixtas de Ingreso Promoción y Escalafón del DIF Guadalajara en el año 2016 y justo en esa instancia se encuentra toda la documentación, ahí en donde la participación del sindicato, de la parte oficial y de un tercero que es puesto por los dos, es lo que conforma la Comisión Mixta, se abre la convocatoria para las maestras con licenciatura, con cédula y con todos los requisitos de documentación que requiere un trámite legal y que es requerido también por la Secretaría de Educación, para poder aspirar a esa responsabilidad y apoyándonos en el fundamento legal del Servicio Civil de Carrera que esta dictado por el Congreso del Estado, se hace el proceso y es como concursan y salen electas. Ese es el proceso, no es por “dedocracia”, es un proceso jurídico de competitividad, de habilidades, de conocimientos y de todo.
Fueron 23 directoras -expuso-, destituidas de la posición de directoras, todas ellas pasaron por el proceso, todas ellas son licenciadas en Educación. El proceso fue legal, están las firmas del anterior director, José Miguel Santos Zepeda, legalmente electas, aprobaron por sus conocimientos, por su experiencia y por toda la lista de requisitos que se cumplieron cabalmente.
Hoy -abundó-, hay demandas de índole laboral en donde se reclama que se les reconozca su cargo anterior y se les restituya económicamente el daño que sufrieron, porque no se les respetó el derecho al salario y se les redujo de manera sustancial.
Y mientras la demanda se dirime en los tribunales, Myriam, madre y jefa de familia, tuvo un impacto adverso dramático en su vida privada. Se vio en la necesidad de buscar y de pagar una escuela de tiempo completo para su hija, pese a la reducción dramática de su salario en un 45%.
Myriam, ya no es la jovencita que ingresó al DIF Guadalajara el 17 de mayo del año 2000 con apenas 19 años de edad, mientras estudiaba la licenciatura en Educación Prescolar y llegó como auxiliar de sala al Centro de Desarrollo Infantil número 1 al área de Lactantes.
Myriam ya no es tampoco la profesionista enamorada de su trabajo y encariñada con los niños que tras el cierre del CDC 23 de la avenida Alemania, es trasladada al CDC número 6 que se encuentra en la colonia San Andrés, como directora de Educación Inicial y Educación para el Trabajo, es decir atendía además del programa de Preescolar, los programas de atención a las personas mayores, como el servicio médico, entre otros.
Myriam no es ya la servidora pública agradecida con las determinaciones tomadas por gobernantes como Enrique Alfaro Ramírez e Ismael del Toro Castro, que en su calidad de presidentes municipales apoyaron el crecimiento de los trabajadores del DIF Guadalajara, aplicando al pie de la letra el Servicio Civil de Carrera.
Myriam hoy es una víctima de las decisiones de gobernantes como Jesús Pablo Lemus Navarro que la destituyó el 1 de octubre del 2021 como a otras 22 de sus compañeras, sin argumento alguno, que no fuera el hacer uso del poder que le confiere el nombramiento.
Myriam hoy sufre al recordar esos hechos, se le hace un nudo en la garganta, advierte que sus deudas crecieron enormidades dado que contrató un crédito inmobiliario y hoy lo tiene que seguir afrontando pese a que desde hace más de dos años tuvo una drástica reducción de sueldo del 45%… pero luego de darse una pausa y tomar aire, dice confiar en la ley, en que ganará el juicio y que se hará justicia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
