JALISCO
Ley de designaciones públicas y servicio profesional de carrera: La alternancia de gobierno, el mayor riesgo a la estabilidad laboral
Por Mario Ávila //
Myriam trabajó intensa y apasionadamente en su profesión de educadora, se capacitó, se actualizó, tomó cuanto curso y diplomado se atravesó por delante, mantuvo su expediente laboral intacto y tres lustros más tarde, llegó la oportunidad de su vida, concursó para un cargo de dirección en un Centro de Desarrollo Infantil y ascendió en el escalafón laboral en el servicio público, donde se mantuvo otros seis años sin mayor problema, hasta que llegó a la administración municipal un nuevo alcalde y con una determinación unilateral la destituyó.
Lo mismo les ocurrió a otras 22 mujeres que habían transitado por el mismo camino y habían llegado con base en la experiencia, en la capacidad y en el amor a la institución, al cargo de directoras de un CDI o un CDC en el DIF Guadalajara, aprovechando las ventajas que da la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, especialmente los artículos que se refieren al servicio Civil de Carrera.
De la noche a la mañana, el 1 de octubre del 2021, justo con la llegada de Jesús Pablo Lemus Navarro a la alcaldía de Guadalajara, las 23 directoras fueron destituidas y sin la posibilidad de réplica, de audiencia y defensa, solo se les ofrecieron dos alternativas: 1.- El despido o 2.- Bajar de nivel al cargo original, lo que terminaron aceptando, pese a que implicaba una reducción de su sueldo de 45%.
Myriam Hernández Partida y sus 22 compañeras directoras se tuvieron que resignar, pero a la vez interpusieron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (por tratarse de un organismo público descentralizado), buscando encontrar justicia laboral, ya que sus nombramientos en opinión de su líder sindical, Martha Elia Naranjo Sánchez, fueron apegados a la legalidad y cumpliendo todos los requisitos planteados en el Servicio Civil de Carrera.
Como estos 23 asuntos, hay por cientos en los tribunales, lo mismo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y los casos se multiplicas esencialmente cada tres o seis años con la llegada de las administraciones municipales, el inicio de una nueva legislatura o en el arranque de un nuevo periodo de gobierno en el Ejecutivo del Estado, según lo admite el Director General de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Rubén Darío Larios García.
“UN ABISMO ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA; ENTRE EL SER Y EL DEBER SER”
“Una cosa es lo que dice la ley y otra son las prácticas de las que se habla que ocurren en la vida diaria; una cosa es el deber ser y otra es el ser”, expone el funcionario estatal experto en temas laborales, Rubén Darío Larios García, quien considera muy necesario retomar en el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera, que desde los primeros meses del 2021 presentó el entonces diputado local de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera.
A nivel federal existe ya la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera y opera desde el 2016, pero en el caso particular de Jalisco, duerme el sueño de los justos en las comisiones.
Ante ello Larios García plantea: “Evidentemente que hace falta en la entidad, la normatividad siempre da un orden, es el librito, es el a, b c, por el que nos debemos regir; pero mientras no exista y mientras la ley burocrática no señale lo contrario en ciertos cargos, sobre todo en el Ejecutivo, es su facultad nombrar o destituir. Hablando sobre todo de los de confianza; con los de base es otra cosa”.
Para el director General del Trabajo de la STyPS del Estado de Jalisco, quien entra al servicio público, tiene que llegar a un cargo acorde a su perfil académico y a su experiencia “y el Servicio Civil de Carrera va junto con pegado con el tema del escalafonario, es decir en la medida que voy adquiriendo experiencia en un puesto, voy aspirando a un mejor cargo. En materia laboral, esto significa el escalafón, que si tengo la experiencia para ocupar un cargo superior, puedo tener la aspiración de un mejor nivel salarial y una responsabilidad mayor.
“A eso se refiere el tema escalafonario y en materia burocrática el Servicio Civil de Carrera tiene que ver con eso también, que en la medida que yo me voy preparando, que voy teniendo cursos, diplomados afines al cargo que desempeño, voy aspirando también a tener mejores cargos y experiencia en el quehacer de mis funciones”, explicó.
Y expuso que el derecho a los ascensos, debe ser por igual para los trabajadores de base y los de confianza, pero detalló: “Lo que la ley nos dice hoy, es que los de base pueden aspirar a cargos de rango de confianza cumpliendo con los requisitos de escalafón, nada más que la diferencia está, hablando de derecho laboral burocrático, en que los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo y un trabajador de base, sí.
“Los de base, por ejemplo, en un ayuntamiento después de tres años y medio ininterrumpidos adquieren la base y la definitividad en el cargo, les corresponde… pero ya que se la den es otro boleto, pero si la demandan y acreditan el requisito, ganan el juicio porque así lo dice la ley. Y los de confianza, la ley dice que los de confianza entran con quien los invitó, quien les dio el nombramiento y salen en la propia administración.
“Pero lo que ocurre cada tres y cada seis años, es que en la práctica quedan fuera personas con capacidad, con experiencia y compromiso, para dejar su lugar a quienes designe el nuevo gobernante de manera unilateral, sin que medie requisito alguno”, reconoció Rubén Darío Larios García.
LOS NUEVOS GOBERNANTES DESIGNAN DE MANERA UNILATERAL
Sin examen, sin pruebas, sin requisito alguno los nuevos gobernantes designan a los nuevos funcionarios sin la necesidad de que tengan el currículum adecuado para cada cargo. “Es facultad del Ejecutivo municipal o estatal, el nombramiento; pero en el Judicial hay cargos como los jueces y las magistraturas en conde se establecen los requisitos como las convocatorias, los exámenes, presentar currículum y reunir el perfil con requisitos como años de experiencia posterior a su titulación”, explicó Rubén Darío Larios.
Para la elección de jueces -dijo-, de consejeros y de magistrados se da un proceso con una serie de requisitos, que incluso es vigilado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, pero ni así es garantía de que lleguen al cargo los mejores, según se dice en esas denuncias públicas que hay un reparto de cuotas y cuates en el Congreso del Estado.
Pero en la administración pública -abundó-, hay direcciones y cargos que sí son facultad del Ejecutivo el nombrar directamente sin necesidad de someter a un proceso de selección, ni trámite alguno por mínimo que este sea.
En el caso de las directoras del DIF Guadalajara que llegaron a ocupar el cargo y a la llegada de Pablo Lemus las destituye y pone a su gente de confianza, explicó que es común a la llegada de nuevas administraciones, “pero cada caso es diferente y es especial, claro que se dan, tan es así que hay demandas en los tribunales, que al tener derecho a una estabilidad y a una inamovilidad ejercen su derecho y si lo acreditan llegan a ganar los juicios tarde o temprano y eso es lo que deriva en juicios largos y le sale hasta más caro al Estado porque tiene que pagar salarios caídos de alguien que no trabajó y que estuvo sin redituar y al final se les tiene que pagar como si hubieran estado trabajando y se les tiene que reinstalar.
Larios García finalizó diciendo que a nivel federal existe ya la Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera desde el 2016 y que en Jalisco se planteó en el 2021, pero duerme el sueño de los justos en las comisiones.
“Evidentemente que hace falta en la entidad, la normatividad siempre da un orden, es el librito, es el a, b c, por el que nos debemos regir, pero mientras no exista y mientras la ley burocrática no señale lo contrario en ciertos cargos, sobre todo en el Ejecutivo, es su facultad nombrar o destituir. Hablando sobre todo de los de confianza, con los de base es otra cosa, la diferencia entre ambos y la clave es, sus funciones y su responsabilidad.
DIRECTORAS, DESIGNADAS POR MÉRITOS NO POR “DEDOCRACIA”: MARTHA ELIA
Para la dirigente del Sindicato Democrático de los Sistemas DIF, Martha Elia Naranjo Sánchez, el caso de Myriam Hernández Partida, es un ejemplo del abuso de autoridad y de franca violación a la ley por parte de los gobernantes.
Es una persona -dijo-, muy activa en su organización sindical, es una de las directoras que salió electa mediante el proceso de las Comisiones Mixtas de Ingreso Promoción y Escalafón del DIF Guadalajara en el año 2016 y justo en esa instancia se encuentra toda la documentación, ahí en donde la participación del sindicato, de la parte oficial y de un tercero que es puesto por los dos, es lo que conforma la Comisión Mixta, se abre la convocatoria para las maestras con licenciatura, con cédula y con todos los requisitos de documentación que requiere un trámite legal y que es requerido también por la Secretaría de Educación, para poder aspirar a esa responsabilidad y apoyándonos en el fundamento legal del Servicio Civil de Carrera que esta dictado por el Congreso del Estado, se hace el proceso y es como concursan y salen electas. Ese es el proceso, no es por “dedocracia”, es un proceso jurídico de competitividad, de habilidades, de conocimientos y de todo.
Fueron 23 directoras -expuso-, destituidas de la posición de directoras, todas ellas pasaron por el proceso, todas ellas son licenciadas en Educación. El proceso fue legal, están las firmas del anterior director, José Miguel Santos Zepeda, legalmente electas, aprobaron por sus conocimientos, por su experiencia y por toda la lista de requisitos que se cumplieron cabalmente.
Hoy -abundó-, hay demandas de índole laboral en donde se reclama que se les reconozca su cargo anterior y se les restituya económicamente el daño que sufrieron, porque no se les respetó el derecho al salario y se les redujo de manera sustancial.
Y mientras la demanda se dirime en los tribunales, Myriam, madre y jefa de familia, tuvo un impacto adverso dramático en su vida privada. Se vio en la necesidad de buscar y de pagar una escuela de tiempo completo para su hija, pese a la reducción dramática de su salario en un 45%.
Myriam, ya no es la jovencita que ingresó al DIF Guadalajara el 17 de mayo del año 2000 con apenas 19 años de edad, mientras estudiaba la licenciatura en Educación Prescolar y llegó como auxiliar de sala al Centro de Desarrollo Infantil número 1 al área de Lactantes.
Myriam ya no es tampoco la profesionista enamorada de su trabajo y encariñada con los niños que tras el cierre del CDC 23 de la avenida Alemania, es trasladada al CDC número 6 que se encuentra en la colonia San Andrés, como directora de Educación Inicial y Educación para el Trabajo, es decir atendía además del programa de Preescolar, los programas de atención a las personas mayores, como el servicio médico, entre otros.
Myriam no es ya la servidora pública agradecida con las determinaciones tomadas por gobernantes como Enrique Alfaro Ramírez e Ismael del Toro Castro, que en su calidad de presidentes municipales apoyaron el crecimiento de los trabajadores del DIF Guadalajara, aplicando al pie de la letra el Servicio Civil de Carrera.
Myriam hoy es una víctima de las decisiones de gobernantes como Jesús Pablo Lemus Navarro que la destituyó el 1 de octubre del 2021 como a otras 22 de sus compañeras, sin argumento alguno, que no fuera el hacer uso del poder que le confiere el nombramiento.
Myriam hoy sufre al recordar esos hechos, se le hace un nudo en la garganta, advierte que sus deudas crecieron enormidades dado que contrató un crédito inmobiliario y hoy lo tiene que seguir afrontando pese a que desde hace más de dos años tuvo una drástica reducción de sueldo del 45%… pero luego de darse una pausa y tomar aire, dice confiar en la ley, en que ganará el juicio y que se hará justicia.
– Por Mario Ávila
Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.
La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.
Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.
“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.
Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.
– Por Mario Ávila
Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.
En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.
Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.
Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.
Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.
Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.
El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.
Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.
Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
– Por Mario Ávila
Con una sesión solemne, en la que se develó una inscripción en el muro de honor del Cabildo municipal, con fecha “12 de octubre de 1925”, el Gobierno de Guadalajara se sumó a la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el acto, Karla Planter Pérez, rectora General de la deG , agradeció el acto del Gobierno Municipal de Guadalajara para inscribir la fecha de la refundación de la institución con letras doradas, e indicó que entre la universidad y la ciudad existe un vínculo natural forjado a lo largo de muchas décadas. “Una, sin la otra, no se pueden entender”, sentenció.
La grandeza de Guadalajara -dijo-, reclama una universidad que brille por la excelencia de su quehacer, que desarrolle las innovaciones tecnológicas necesarias para acompañar el desarrollo de nuestra urbe, que contribuya desde la ciencia, a la solución de los grandes problemas de la ciudad y, por supuesto que, desde el cultivo del arte, acompañe el esplendor estético de la capital de Jalisco”.
Expuso que después de la refundación, la educación dejó de ser un privilegio para algunos cuantos y se convirtió en un derecho para todas las personas.
“Los más necesitados, los hijos de la cultura, del esfuerzo, los más pobres, los campesinos, los artesanos, los que habían estado excluidos, por primera vez, tuvieron la posibilidad, no solo de soñar en las personas que querían convertirse, sino en verdaderamente acceder a esa realidad. La educación fue también una base sustancial para construir justicia social y eso fue lo que logró también la refundación de la Universidad de Guadalajara”, planteó.
Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, reflexionó sobre lo que querría el primer fundador de la universidad, Fray Antonio Alcalde, para el futuro y crecimiento de la institución.
“Lo que querría es que la rectora general y su servidor y todos, trabajemos para seguir creciendo la red universitaria y, si hablamos del legado de Fray Antonio Alcalde, creo, apreciada rectora, que el día que grabamos aquel mensaje juntos en el Hospital Civil para anunciar esta inversión conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación de la primera red, diría mundial, de hospitales escuela, que será aquí en Jalisco, Fray Antonio Alcalde esbozó una gran sonrisa desde el cielo”.
Mencionó que en estos 100 años se tendría que hablar forzosamente de Raúl Padilla López y cómo, a través de la red universitaria, cambió la lógica de miles de jóvenes que ya no tuvieron que salir de sus regiones o municipios para estudiar.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ambiente de colaboración, confianza y trabajo que existe entre la Universidad de Guadalajara y el Estado, y que ha llevado a que hoy día la casa de estudios tenga un presupuesto constitucional.
En la develación, estuvieron presentes además, la diputada Martha Estela Arismendi, presidenta del Congreso del Estado; la magistrada de la Sexta Sala en Materia Penal, Ruth Gabriela Gallardo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; así como integrantes del Consejo General Universitario.
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