OPINIÓN
REFLEXIONES /// Los veneros del diablo
Por Sócrates Campos Lemus ///
No hay dudas de que en la tragedia de Primitivo Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, hay algo más que un simple accidente y todo parece pensado y actuado para tratar de culpar a AMLO y a los soldados y mostrar a las redes sociales que los huachituberos siguen operando con total impunidad en muchas partes del país.
Es muy curioso que hayan tomado video a donde inexplicablemente aparece una “reportera” que va narrando paso a paso todos los acontecimientos y, previamente, después de la perforación del ducto, alguien da aviso a la población que previamente está adoctrinada y con garrafones grandes de plástico, que se ven nuevos y son caros, se vuelcan en embestida en contra de los soldados que tienen instrucciones de no confrontarse con la sociedad y así, con niños, mujeres y hombres, armados con garrafones nuevos de cuarenta litros, comienzan a bañarse, dice la “reportera” y hasta hacen bromas para llenar los garrafones y se bañan en gasolina, después se ve que el video sigue corriendo y, explica la “reportera” que de pronto, ante el olor de la gasolina ella se sintió mal y vomitaba al igual que muchas mujeres de la zona y se retiraron de ahí y, cuando vio que llegaban soldados al punto, decidió regresar y se sigue grabando desde lejos para esperar, como si supieran, el estallido del ducto y de la quema de decenas de gentes que quedan muertas y quemada en la zona e incluso se ve, en otro video, que hay gentes que siguen grabando y que aclaran en plan de reto que ellos siguen ahí por si pensaban que ya no estarían.
POR EL BIEN DEL PAÍS, UNIDOS, DEBEMOS ACTUAR Y APOYAR AL PRESIDENTE PORQUE YA BASTA DE TENER TEMOR O SER INDIFERENTES ANTE LO QUE SUCEDE, SI QUEREMOS UN PAÍS DISTINTO DEBEMOS DE LIMPIARLO DE LA CORRUPCIÓN.
La explicación que me digo es que los huachituberos y mafiosos de la región, a lo mejor, querían grabar una toma clandestina y mostrarla a las redes sociales para demostrar que la estrategia de AMLO no funcionaba y que seguían en las zonas y que no importaba que los soldados llegaran ya que no podían detener a la gente a menos que generaran una confrontación y eso no está en el esquema de la lucha contra los huachicoleros y así, alentar a las poblaciones marginadas y empobrecidas a que no les tengan respeto ni temor y que seguirían actuando como lo venían haciendo. Esa es mi primera hipótesis y, algo, les salió mal.
La segunda hipótesis es que después de hacer esa parte inicial, alguien de ellos, porque los que graban ya no están cercanos sino lejos, se propicia para ver el estallido como si hubieran planeado una brutal acción terrorista con esos resultados de muertos y heridos para pretender culpar a los soldados y que estos fueran retirados de esas operaciones y desprestigiar al presidente y a la estrategia contra el huachicoleo.
La tercera es que como van descubriendo nuevas instalaciones desviadas y tomas clandestinas que surten a flotillas de camioneros y particulares dentro de las zonas urbanas, ahí se podrán encontrar muchas evidencias y ligas con los grandes huachicoleros de cuello blanco al igual que como se van descubriendo los robos de combustibles y petróleo en los buque tanques que mueven miles de barriles todos los días o de los robos que se hacen directamente en las plataformas y boyas marinas.
Sin duda, el descubrimiento de la compra de 700 pipas en el gobierno de Peña Nieto donde se adelantaron 400 millones de los 1 400 que costarían las pipas y que jamás se entregaron, descubriría unas nuevas rutas que conducen a los saqueadores de Pemex y mejor empiezan a generar actos terroristas que obliguen al gobierno a investigar por otros rumbos en actos de sabotaje inmediatos y espectaculares como este que explicamos con el agregado que casi a la misma hora hicieron explotar otro ducto en Querétaro sin consecuencias, pero con el escándalo publicitario para pretender desprestigiar al presidente, culpar a los encargados de esta lucha y mostrar que no es posible evitar las tomas clandestinas y que no se siga investigando los saqueos y robos desde el huachicoleo de cuello blanco e institucional.
En otra de las hipótesis podríamos pensar que en Hidalgo están muchos datos de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y así se desviaría la atención de este caso para enfocar las investigaciones en otro inmediato, en fin, la situación, sin duda, es explosiva y difícil pero hay que continuar apoyando al presidente que sabe de los peligros y no cederá cobardemente ante estos atentados terroristas de las mafias del huachicol: las del cuellos blanco y la de los huachituberos. Por el bien del país, unidos, debemos actuar y apoyar al presidente porque ya basta de tener temor o ser indiferentes ante lo que sucede, si queremos un país distinto debemos de limpiarlo de la corrupción, el saqueo y la vendimia en que nos sumieron los tecnócratas del neoliberalismo…
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
