REPORTAJES
Opera alianza Leones Negros-Alfarismo: Renovación del TAE sentencia la caída de Juan Pelayo
Por Mario Ávila //
Tras 19 años al frente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios (FESESEJ) como la organización mayoritaria de los trabajadores al servicio del Estado, ha llegado a su fin, una vez que mediante un recuento de las agrupaciones agremiadas y el número de trabajadores adheridos, el pleno del TAE determinó que la nueva federación mayoritaria es la que hoy encabeza Juan José Hernández Rodríguez, líder de la naciente Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (FESIJAL), organización que apenas obtuvo su registro oficial el pasado 30 de abril del 2019.
El nacimiento de esta nueva federación mayoritaria, se gesta bajo el cobijo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con el Sindicato del Hospital Civil como punta de lanza y bajo la tutela de César Antonio Barba Delgadillo “El Chicho”, director general del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG y ex presidente de la FEU, quien operó políticamente la presión para que algunos sindicatos de las otras cuatro federaciones de servidores públicos, traicionaran a las filas a las que pertenecían, para sumarse a la naciente FESIJAL.
De ahí que la Federación que más perdió sindicatos fue la que encabeza Juan Pelayo Ruelas, también perdió a un par de sindicatos la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL) que encabeza Martha Elia Naranjo Sánchez y prácticamente pulverizó a las federaciones que operan bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Peña Cortés y la de Sergio Alberto Padilla Pérez, etiquetado con el mote del “Multichambas” luego de que se le detectó que cobraba en cuatro lugares al mismo tiempo, ya que estaba en la nómina del ayuntamiento de Zapopan, en los Servicios Médicos de Zapopan, en el Congreso del Estado y en la Universidad de Guadalajara.
Vale la pena mencionar que en la recta final del recuento que hizo el TAE, prácticamente estaban empatadas las federaciones de Juan Pelayo, la de Martha Elia Naranjo y la de Juan José Hernández, sin embargo la gran diferencia fue cuando de último momento el sindicato del Ayuntamiento de Guadalajara, que lidera José Miguel Leonardo Cisneros, el pasado 23 de junio del 2019 determina salirse de la federación de Juan Pelayo y enrolarse en la de Juan José Hernández.
Con ello los 4 mil 300 trabajadores hicieron la diferencia en favor de esta sorpresiva federación, que parece haber sido creada justamente para abrir nuevos espacios de gobierno, de manejo presupuestal y de toma de decisiones, al grupo de la Universidad de Guadalajara, toda vez que la federación mayoritaria tiene entre otros derechos designar a uno de los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA ERA DE JUAN PELAYO
Juan Pelayo Ruelas, líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara asumió el cargo en una elección efectuada en el año 2000 en donde se sustituiría a Maximino Acosta Estrada y venciendo por una frágil diferencia de 5 votos, en un universo de poco más de 100 votantes, al candidato Jesús Casillas Romero, sindicalista de Zapopan y quien encabezaba a un grupo de jóvenes dirigentes sindicalistas que resultaban incómodos por su estilo muy alejado de la sumisión al patrón, entre ellos Cuauhtémoc Peña Cortés, Martha Elia Naranjo Sánchez, Sergio Alberto Padilla, Julián Sánchez y el hoy secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Manuel Sánchez Orozco.
Así fue como Pelayo Ruelas llegó y se convirtió en líder de la burocracia de Jalisco durante los gobiernos de Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pero además podrá mantenerse al frente de la FESESEM, toda vez que en el año 2016 fue reelecto por un sexenio más, lo que quiere decir que su cargo vence hasta el 2022.
Sin embargo será muy difícil mantenerse toda vez que ha perdido el apoyo institucional que sostenía a esta federación desde hace más de medio siglo, lapso en el que solo ha tenido tres líderes como la federación mayoritaria, situación que perdió en el mes de junio del 2019 en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, en el que vale la pena mencionar que comparte el poder con su aliado político Raúl Padilla López.
DESARTICULAN “EQUIPO” DE JUAN PELAYO EN EL TAE
La primera determinación que se toma en detrimento del liderazgo de Juan Pelayo Ruelas, consistió en la designación de uno de los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), ya que la federación mayoritaria tiene ese privilegio, uno más lo designa el gobernador del Estado y el tercer magistrado lo nombran entre los dos primeros, de una lista de aspirantes que presentan los colegios y barras de abogados, así como las universidades y entes de la sociedad civil organizada.
Fue así como a partir de este lunes 1 de julio toman posesión como nuevos magistrados del TAE, Víctor Salazar Rivas, Felipe Gabino Alvarado Fajardo y Rubén Darío Larios García, quienes sustituyen a José de Jesús Cruz Fonseca, Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza y la que fuera presidenta del tribunal, Verónica Elizabeth Cuevas García.
Vale la pena mencionar que justamente Verónica Cuevas se desempeñaba el cargo desde el año 2007 impulsada por la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de Estado de Jalisco y sus Municipios que lidera Juan Pelayo Ruelas.
Y es precisamente García Cuevas, la magistrada que ha sido denunciada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por la presunta actuación irregular en la manipulación de laudos, ha sido señalada por bloquear la toma de nota de sindicatos que pretendían independizarse y por “inflar” resoluciones a favor de trabajadores despedidos, a costa del recurso de los gobiernos municipales, el Congreso y las dependencias del Poder Ejecutivo.
Pero la principal acusación que pesa sobre Verónica Elizabeth Cuevas García, es en el sentido de encabezar una red de corrupción, en contubernio con ex magistrados del mismo Tribunal (Adán Valdivia Sotelo y Salvador Pérez Gómez), con un despacho de abogados en donde destacan según la denuncia de la que Conciencia Pública tiene copia, los nombres de Raúl Arellano Guzmán y José Flores Martínez y la Federación de Juan Pelayo, para impartir tendenciosamente la justicia laboral en el estado, causando pérdidas millonarias para el erario público.
Una bisagra importante en el grupo y a interior del TAE -según dice la denuncia-, es Silvia López Godínez, administradora y jefa de Recursos Humanos, nombrada por el entonces magistrado Salvador Pérez Gómez y ratificada por la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García.
Un caso que pone en evidencia la corrupción que existía al interior del TAE y que se encuentra dentro del expediente, tiene que ver con el daño que se le causó al municipio de Jilotlán de los Dolores, uno de los más pobres de Jalisco, en donde el 4 de agosto del 2006 el TAE lo obligó a pagar una indemnización de 1 millón 200 mil pesos y la reinstalación inmediata del trabajador Lorenzo Mendoza Licea, que había sido despedido el 9 de febrero del 2004.
Al margen de las cifras que se alcanzaron en un juicio que solo duró poco más de 2 años, lo novedoso es que este juicio lo inició Verónica Elizabeth Cuevas Corona, en su calidad de abogada defensora y lo concluyó ella misma en su calidad de magistrada del TAE, cuando había sustituido ya al magistrado Salvador Pérez Gómez que era antes de ella, el representante de la Federación de Juan Pelayo Ruelas.
LOS MAGISTRADOS QUE LLEGAN AL CARGO
La primera designación corrió por cuenta del Gobierno del Estado, desde donde se designó como titular a Víctor Salazar Rivas, quien fue director del área jurídica-laboral del Ayuntamiento de Guadalajara en el 2015.
Tocó el turno a la representación mayoritaria de los trabajadores y fue así como Felipe Gabino Alvarado Fajardo, fue electo como representante de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (FESIJAL), que se acreditó como el colectivo mayoritario de servidores públicos.
Anteriormente Gabino era el comisionado obrero de los organismos públicos descentralizados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y fue además secretario del Sindicato Único de los Hospitales Civiles.
El tercer asiento fue para el ahora magistrado, Rubén Darío Larios García, nombrado de común acuerdo entre los dos primeros y seleccionado de un listado de candidatos que proporcionan los colegios, barras y universidades. Desde el 2013, Larios García era el secretario general del TAE además de magistrado suplente honorífico (sin derecho a sueldo) y previamente se había desempeñado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco desde el 2009.
ENTREVISTA AL MAGISTRADO RUBÉN DARÍO LARIOS: OPERA EL TAE CON 35 MDP ANUALES Y PIDEN 50% MÁS
Conciencia Pública.- ¿Será usted el magistrado imparcial, el fiel de la balanza, el más experto y por ello el más comprometido?
Rubén Larios. Ahora a demostrar como parte del Pleno del TAE, de que habrá garantías, de que se actuará en pleno apego a derecho y conforme a las normatividades que la ley establece en cada uno de los asuntos que ahí se tramitan. Ahí donde se conoce de los asuntos individuales y colectivos de los servidores públicos, todo aquel trabajador de una dependencia municipal o estatal. Y sobre tu pregunta en concreto, somos el punto de equilibrio, porque efectivamente hay una representación de los trabajadores y una representación del Gobierno del Estado y un servidor que representa las propuestas de universidades, colegios y barras de abogados.
Conciencia Pública.- ¿Ya tienen una radiografía de lo que están recibiendo?
Rubén Larios. Sí, evidentemente hay mucho trabajo por hacer, trabajadores e instituciones piden todos los días que acuden en busca de un servicio, que los juicios que ahí se tramitan, sean más fluidos. El TAE como muchos otros tribunales, a veces nos vemos rebasados con el cúmulo de asuntos que hay, pero este no será el pretexto para no tomar medidas y dar un mejor servicio a los servidores públicos del Estado y municipio.
Conciencia Pública.- ¿Hay denuncias en contra de magistrados, estos vicios que se han denunciado son ya historia con el nombramiento de este nuevo tribunal?
Rubén Larios. Algo se ha hablado de eso y definitivamente está en manos de las autoridades penales que llevan esa investigación y bueno, independientemente de que termina esta gestión el último día de junio no es motivo de que no se siga haciendo una investigación a fondo y si hay alguien que haya cometido errores, cada quien tendremos que asumir las consecuencias.
Conciencia Pública.- ¿Es tiempo de mostrar un nuevo estilo para impartir la justicia laboral?
Rubén Larios. Los dos compañeros magistrados y tu servidor hemos tenido algunas reuniones, el pacto de tener total comunicación, de tratar de ser lo más transparentes y objetivos posibles en la impartición de justicia y de alguna manera reconstruir el buen ambiente entre los compañeros del Tribunal para involucrarlos a trabajar mejor, no obstante algunas carencias, pero a generar mejores condiciones para que esto se vea reflejado en un mejor servicio.
Conciencia Pública.- ¿Cuánto tiempo dura un juicio en promedio?
Rubén Larios. Híjole es muy efímero, porque cada juicio es muy diferente, hay asuntos en donde las partes llegan y en la primera audiencia llegan a un acuerdo conciliatorio y se termina el juicio en cuestión de uno o dos meses, pero hay asuntos que tienen hasta 10 años peleándose. Pero algo muy importante que me gustaría apuntar, es que no todo ese tiempo es atribuible a la autoridad, muchas veces las partes promueven incidentes, presentan amparos, hay un sinfín de circunstancias que se pueden dar, a veces el domicilio de un testigo es erróneo, a veces uno de los absolventes está enfermo y se presenta un justificante médico.
Conciencia Pública.- ¿Y si no es el tiempo que duran los juicios, cuál podría ser el parámetro para medir la eficiencia del Tribunal?
Rubén Larios. En la medida de audiencias señaladas, pero no por la cantidad de las audiencias iniciales, en la medida de pruebas desahogadas, en la medida de resoluciones dictadas por el Tribunal, pero además no solamente tenemos el compromiso de tener más resoluciones, sino de hacerlo con mayor calidad, mejor fundadas y razonadas. Vamos a apostar mucho por la capacitación del personal del Tribunal y en las reuniones constantes para la unificación de criterios.
Conciencia Pública.- ¿El personal y el presupuesto es suficiente?
Rubén Larios. Nunca es suficiente, pero estamos trabajando en un proyecto para presentarle a las autoridades el justificar la necesidad de más recursos, pero en base a un proyecto bien establecido donde se especifique en qué se va a utilizar ese personal y ese recurso, en caso de que nos lo concedan.
Conciencia Pública.- ¿Cuánto pedirán como incremento?
Rubén Larios. Actualmente el TAE tiene alrededor de 160 trabajadores y un presupuesto de 35 millones de pesos al año y la propuesta es apostar a una cantidad de 50% mayor.
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público
– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez
– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto
– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.
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