OPINIÓN
La crisis hídrica, el sino del sexenio
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La crisis hídrica que asfixia a Jalisco no debe leerse como una contingencia climática ni como una coyuntura pasajera; es, en el sentido más estricto del término, el problema estructural más severo, profundo y devastador en la historia moderna de nuestro estado.
Su impacto, que lacera la vida cotidiana, la salud y la dignidad de cientos de miles de ciudadanos, supera con creces —por su naturaleza vital y alcance social— a la crisis de seguridad pública que tanto ha secuestrado la agenda mediática y política. Mientras la violencia nos hiere, la escasez y la contaminación del agua nos corroen desde adentro, poniendo en riesgo la viabilidad misma de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Esta emergencia no brotó de la tierra por generación espontánea. Es el resultado directo, matemático y predecible de la irresponsabilidad, la indolencia y la politiquería de cuando menos tres administraciones estatales consecutivas. Durante los tres sexenios últimos el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dejó de ser un organismo técnico para transformarse, sistemáticamente, en un botín político, una agencia de colocaciones para la militancia partidista y un refugio para perfiles carentes de la mínima pericia necesaria.
La ruta de la degradación es clara y dolorosa. Con Emilio González Márquez, desde el PAN, el SIAPA comenzó a abandonar su vocación hidráulica para privilegiar intereses electorales; el organismo empezó a perder su brújula. Luego, con Aristóteles Sandoval, desde el PRI, el Ejecutivo estatal decidió tomar el control absoluto, despojando a los alcaldes metropolitanos de su injerencia mediante una reforma a la ley que, lejos de mejorar la gestión, centralizó la lógica patrimonialista y clientelar, permitiendo que la infraestructura se desmoronara sin que nadie rindiera cuentas.
La tragedia alcanzó dimensiones grotescas con el gobierno de Enrique Alfaro, quien no solo continuó con las prácticas de sus dos predecesores, sino que las llevó a un nivel de insensibilidad institucional alarmante. El ejemplo más claro, y que quedará como una mancha en la memoria administrativa del organismo, fue la designación de perfiles sin la menor formación técnica en puestos clave. ¿Cómo explicar, si no es bajo el manto de la frivolidad, la contratación de una conductora de televisión y programas de música grupera como «asesora estrella» con un sueldo que rozaba los 100,000 pesos mensuales? Mientras la red de distribución se pudría, con tuberías que arrastran una antigüedad de hasta 70 años, el presupuesto se desviaba para pagar favores políticos o para alimentar una estructura burocrática ineficiente y sorda ante el colapso.
Es a Pablo Lemus a quien le ha estallado este polvorín, quien como gobernador recibe un SIAPA fracturado, con tuberías obsoletas que provocan desperdicios masivos y un suministro que, literalmente, es una vergüenza: agua que llega a los hogares con colores achocolatados, tonos limón o tamarindo, contaminada por bacterias y sedimentos. La crisis ha dejado de ser una estadística para convertirse en una realidad pestilente en la llave de paso de cada vivienda.
El gobernador Lemus no tiene margen para la duda. Ya presentó un Plan Hídrico al Congreso, un documento de más de 400 páginas entregado por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Es un inicio, pero el éxito no dependerá del papel, sino de la voluntad de hierro para tomar las decisiones fundamentales.
En este punto, hay una exigencia social impostergable: escuchar a los técnicos y académicos que el sectarismo político marginó durante décadas. La toma de decisiones debe estar blindada por una transparencia absoluta y una rendición de cuentas que no permita que las obras vuelvan a ser cortinas de humo para negocios particulares o «cajas chicas» de los partidos.
Es fundamental desterrar la «política carroñera». Durante más de tres décadas, hemos sido testigos de una hipocresía política indignante: los mismos actores que, desde la oposición, bloquean obras necesarias por puro cálculo electoral, son los que, al llegar al poder, intentan ejecutarlas de forma desesperada, contradiciendo todo lo que antes atacaban.
Esta madurez política es la que se le exige a todos los niveles de gobierno. Es imperativo un diálogo de altura, directo y sin cortapisas, entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus tienen en sus manos la coordinación estratégica necesaria para el saneamiento del Río Santiago y la recuperación del Lago de Chapala, dos espejos de agua que reflejan el fracaso histórico de nuestra clase política.
La responsabilidad de Lemus es enorme. Debe tomar el toro por los cuernos y entender que el agua no es un tema más de su sexenio; es el eje central sobre el que se juzgará su administración. No se trata solo de abastecimiento; se trata de una reingeniería total. Debemos detener la hemorragia del 40% del agua potable que se pierde en fugas por la vetustez de la red, y debemos rediseñar colectores pluviales que hoy, obsoletos e incapaces, han convertido a la ciudad en una trampa mortal. Recordemos que el año pasado, cerca de 20 personas perdieron la vida ahogadas o arrastradas por las corrientes en esta metrópoli que, irónicamente, sufre por la falta de agua y, al mismo tiempo, perece por su mala gestión cuando llega.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua ha fallado estrepitosamente en su promesa de dotar al estado de una política coherente e inteligente. Hoy, de «integral» y de «gestión» no tiene nada. Pablo Lemus tiene ante sí la oportunidad histórica de demostrar que la responsabilidad pública aún existe. En Jalisco sobran técnicos capaces, ingenieros de prestigio y especialistas comprometidos que ahí están, esperando ser convocados, listos para aportar su conocimiento sin los vicios de la politiquería.
El gobernador tiene la palabra, pero el tiempo se agota. La crisis hídrica ha llegado al límite. Las decisiones que se tomen hoy, o que se sigan postergando por miedo al costo político, definirán el destino de Jalisco para las próximas generaciones. La historia, señor gobernador, no le perdonará la indiferencia.



